Un país listo para despegar

Colombia entra a 2026 con una paradoja: las condiciones para crecer a mayor ritmo están dadas, con una inflación aún controlada, dólar estable, turismo fuerte y sectores como software y agro exportando más. Pero la política insiste en sembrar incertidumbre. El último campanazo lo dio el Banco de la República, que advirtió esta semana que, si la inflación continúa repuntando, "no se descarta volver a subir las tasas de interés". Que la autoridad monetaria tenga que decir eso a estas alturas revela algo mucho más grave que un simple repunte de precios. La inflación no está subiendo por factores globales: lo está haciendo por errores internos. El Gobierno Nacional insiste en presionar al alza el salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad, lo que genera un efecto de segunda ronda sobre precios, contratos, arriendos y servicios. En palabras del propio Banrepública, los ajustes salariales "están alimentando la indexación en sectores sensibles". Esa indexación es gasolina pura para la inflación. A eso se suma un problema mayor que pocos quieren mirar de frente: el gas natural. La tarifa de gas domiciliario ha venido aumentando a doble dígito anual, en parte porque el país no aumentó reservas, frenó decisiones de inversión y dejó en el limbo la exploración en momentos en que el resto del mundo ampliaba su oferta. Las fallas en la coordinación de precios, contratos y abastecimiento han generado una tormenta perfecta: tarifas altas hoy y riesgo de aumentos similares en 2026. Es imposible bajar la inflación cuando uno de los insumos básicos de la industria y los hogares crece más que cualquier otro rubro de la canasta. El sector eléctrico vive otra tensión. El 68 por ciento de nuestra generación de energía depende del agua y el estrés hídrico aumenta el costo marginal. Pero la solución de construir más energías renovables, más transmisión, más gas como energía firme y de respaldo está atrapada entre trámites engorrosos, consultas comunitarias sin gerencia estatal y señales regulatorias confusas frenan proyectos y le quitan el interés o el apetito a los inversionistas Hoy Colombia tiene más de 15.600 megavatios de proyectos de energías renovables registrados, pero menos del 10 por ciento han podido entrar en operación para fortalecer la matriz. La oportunidad existe, pero la política la diluye. Mientras tanto, la inversión privada sigue débil. De acuerdo con un informe del BBVA Research, la formación bruta de capital está aún 7 por ciento por debajo de los niveles prepandemia. Y Deloitte muestra que la inversión crece apenas 1,7 por ciento, éste es un porcentaje insuficiente para que el país supere el anémico crecimiento de 2024. Con este panorama, el riesgo es evidente: si el Banco de la República sube las tasas de interés, ni consumo, ni crédito, ni inversión tendrán cómo despegar. Pero también están las oportunidades. Colombia puede duplicar su capacidad renovable en cinco años si destraba los proyectos represados; tiene una ventana excepcional para atraer nearshoring; el turismo cerrará 2025 con cifras récord; y tanto el Caribe costa afuera como los yacimientos no convencionales en el Magdalena medio pueden ser la locomotora minero energética de la próxima década. Sin embargo, nada de eso ocurrirá mientras el Gobierno Nacional crea que puede subir salarios por decreto, manejar el gas con improvisación y pelear con su propio sector energético. La economía quiere crecer. Lo que falta es que la política deje de estorbar.