Presidente del Primer Tribunal Ambiental: "Los intereses (de las partes) van más allá de lo ambiental"

Para el ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Alamiro Alfaro, uno de los nudos para el desempeño de esos juzgados es que los conflictos que revisan involucran múltiples intereses, indicó en un seminario de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y el Observatorio Judicial.
"El conflicto ambiental involucra múltiples intereses, que pueden ir desde lo ambiental a lo económico, a que incluso hay problemas entre empresas distintas, que una compite con la otra, que una tiene un interés al respecto. Entonces, los intereses van más allá de lo ambiental, son múltiples, y eso justamente lleva al sistema (judicial) a buscar satisfacer ese interés, que puede ser de diverso tipo", indicó.
El diagnóstico de Alfaro llega en un contexto en que la dictación de las sentencias de los tribunales ambientales demora más de cinco veces en promedio que el plazo legal de 30 días hábiles -según un estudio del Observatorio Judicial, que menciona las vacancias de jueces como una posible causa- y donde casos como el del proyecto minero-portuario Dominga han resaltado la recursividad que es posible en el sistema.
Para el abogado, es complicado aplicar sanciones en el contexto de las causas ambientales, ya que por ejemplo puede haber personas con derechos de pobreza. "[Una forma] para resguardar el interés legítimo de aquellos que se pueden ver afectados por un proyecto, es acotar el sistema de acciones, aclararlo, y que los conflictos que en verdad nos interesen resolver son aquellos que llegan al tribunal", indicó.
La multiplicidad de argumentos
Alfaro comentó que parte de la demora de los tribunales ambientales en analizar las causas y dictar las sentencias ocurre porque deben responder a un gran número de argumentos.
"Usualmente, en las causas del Primer Tribunal Ambiental tenemos multiplicidad de partes, multiplicidad de argumentos. También existe el incentivo a que, si planteo 15 argumentos, quizás uno de esos el tribunal me lo podrá acoger. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver no es una simple reclamación, sino el equivalente a diez causas en una sola", expuso. Agregó que el tribunal tiene que responder cada uno de los argumentos, pues, si no lo hace, se abre la puerta a que la sentencia sea invalidada, lo que alargaría más el proceso.
Podría ser peor: es posible que, con la adopción masiva de la inteligencia artificial, se pueda aumentar la cantidad de argumentos que presentan las partes, advirtió Alfaro.
La falla de diseño
Juan Carlos Ferrada, profesor de la Universidad de Valparaíso y abogado integrante de la Corte Suprema, apuntó a que los tribunales ambientales no se han concentrado en su propósito central, que era hacer un control de legalidad de la actuación. "Tengo muchas dudas de que eso sea el foco principal de lo que están haciendo los tribunales", dijo. En la práctica, afirmó, han asumido "un rol de codefinidor de medidas administrativas en materia ambiental, e incluso definidor de políticas públicas. Va mucho más allá de un rol de tribunal, y en realidad, cada vez se parece más a una agencia ambiental".
Para Ferrada, esto surge del diseño institucional de los tribunales ambientales, y en particular de la inclusión de un ministro científico, lo que lleva a que las discusiones vayan más allá del ámbito legal. "El propio diseño institucional abrió la puerta a los problemas que tienen hoy los tribunales ambientales (...). Si metemos otros tipos de profesionales, que van a tener otras miradas, es obvio que se va a abrir esa discusión", indicó.
Por otro lado, resaltó como anormal la extensión de los fallos de los tribunales ambientales, de 71 páginas promedio en 2025, siendo que en la Corte Suprema tienen en promedio alrededor de 20 páginas.
El cuello de botella de los nombramientos
Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo e integrante del Consejo de Alta Dirección Pública, abordó otro ángulo: la demora en los nombramientos de los ministros de los tribunales ambientales. Planteó que es una de las razones que causan problemas al no tener quorum suficiente para funcionar.
"Es el único proceso en el que participan los tres poderes del Estado. Cuando uno invita a tres poderes de Estado a definir un nombre, sin duda es bastante esperable que se demore todo lo que se está demorando", comentó a título personal.
En promedio, los nombramientos de los integrantes de los tribunales ambientales demoran 545 días. "Si lo desagregamos, en promedio, la etapa del Servicio Civil dura 108 días, la Corte Suprema, 182 días y la Presidencia, 300 días", indicó.
Una de las medidas que propone Horst es que el período de los ministros sea de diez años y que comience desde que se nombra a alguien en el puesto. Hoy el período es de seis años, y el profesional cumple con el plazo sin importar cuánto demoró su nombramiento. Es decir, si el proceso de selección dura cuatro años, el ministro ocupa el cargo solo por dos. Horst también propone que en vez de tener tres ministros titulares y dos suplentes, que los cinco sean titulares, además de reforzar el equipo de apoyo en labores secundarias.
46% de los EIA se judicializan
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, indicó el impacto que la judicialización tiene en los proyectos. Según datos del gremio, de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que ingresan a tramitación ambiental, el 46% del monto total se judicializa, o el 30% del número de proyectos.
"Todos hablamos de crecimiento económico, pero es cierto que el crecimiento sin inversión es muy difícil, y en la última década hemos tenido crecimiento de inversión muy malo, cuando se compara con la década inmediatamente anterior. Eso tiene mucho que ver con lo difícil que es sacar adelante proyectos de inversión. Chile es uno de los países más engorrosos en términos de permisos en toda la OCDE. Eso genera un costo importante en tiempo, en recursos y también en certeza", dice.
Jiménez destacó que el 60% de las sentencias de los tribunales ambientales van a la Corte Suprema, lo que agrega en promedio 440 días adicionales a la judicialización. Sin embargo, el 75% de las sentencias de la Corte Suprema rechazan el recurso de casación.
Después de todo el proceso, el 80% queda sin efecto sobre la RCA reclamada.
''El conflicto ambiental involucra múltiples intereses, que pueden ir desde lo ambiental a lo económico (...). Los intereses van más allá de lo ambiental, y eso justamente lleva al sistema (judicial) a buscar satisfacer ese interés, que puede ser de diverso tipo". ALAMIRO ALFARO, PRESIDENTE DEL PRIMER TRIBUNAL AMBIENTAL