El Comercio, Perú
17 de noviembre de 2025
Cárceles. En los últimos cuatro meses, el INPE ha ejecutado 2.505 requisas, cifra que representa un aumento de más del 20% frente al 2023 y 2024. Expertos indican que los móviles se utilizan para alquiler interno y la coordinación de acciones criminales con el exterior.
Por JOSÉ CAYETANOCHÁVEZ
Una de las primeras acciones del gobierno de José Jerí fue ordenar un operativo simultáneo en los establecimientos penitenciarios Ancón I, Lurigancho, Challapalca y El Milagro el 11 de octubre. En esa ocasión, tres celulares fueron incautados en Ancón I. Sin embargo, al ampliar la mirada a las requisas realizadas entre julio y noviembre de este año, se observa que son 699 los móviles hallados en las cárceles.
En total, la oficina de Seguridad Penitenciaria del INPE registra 2.505 requisas en estos últimos meses del 2025. En ese mismo período, en el 2024 se ejecutaron 1.934 requisas y en el 2023 hubo 1.986. Es decir, ha habido un incremento del 23% y 21%, respectivamente, frente a las acciones de esos años.
Además de los celulares incautados desde julio, el INPE ha decomisado 1.058 accesorios de móviles, 4.092 litros de fermentados y 2.543 armas blancas.
Según el Código Penal vigente, la persona que ingresa, intenta ingresar o permite el ingreso de un equipo de comunicación a una cárcel comete un delito, tipificado por el artículo 368-A, reprimido con una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años. Si se vale de su condición de autoridad, abogado defensor o funcionario para esa acción, la sanción será no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación.
?Los usan para extorsiones?
César Cárdenas, exjefe del INPE y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, explicó a El Comercio que el uso de celulares por los internos de los penales se realiza para dos fines principales. En primer lugar, la comunicación con familiares y amigos. En segundo lugar, mantener vínculos con organizaciones criminales para ordenar, disponer y controlar acciones ilegales, como las extorsiones.
?En mi gestión en el INPE [del 2019 al 2020], la Policía Nacional nos informaba que, del total de celulares decomisados en un mes luego de una requisa, el 5% era utilizado para actos extorsivos?, dijo.En tanto, Leonardo Caparrós, también exjefe del INPE, expresó que dentro de los centros penitenciarios funciona un mercado ilegal de alquiler de celulares para que los internos realicen llamadas.
Cárdenas agregó que, en un fin de semana, al 5% de los visitantes a los penales se les encuentra intentando introducir objetos prohibidos.
?Oportunidad desperdiciada?El pasado martes, el presidente Jerí cuestionó en Huánuco que existiera una base de datos con las llamadas realizadas desde los penales del país que no habría sido utilizada en diez años para combatir la delincuencia.
Explicó que estos registros vienen siendo gestionados por el Estado a través de empresas privadas desde que se implementaron los bloqueadores de señal de celulares, y sostuvo que se buscará establecer responsabilidades.
Al respecto, César Ortiz Anderson, experto en temas de seguridad, criticó que el Estado no haya articulado un trabajo de inteligencia capaz de convertir esos datos en alertas tempranas o acciones concretas contra la criminalidad.
?La inacción sugiere un aparato estatal que prefirió mirar hacia otro lado ?por miedo, por negligencia o por posibles complicidades? dejando que los delincuentes convirtieran el sistema penitenciario en un centro de operaciones criminales a plena vista?, dijo a este Diario.
?Rotación y cambios?
El jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, declaró que ha iniciado un proceso de rotación del personal de seguridad penitenciaria ?para limitar la familiaridad que puedan haber desarrollado con los internos, factor que pone en riesgo la seguridad interna de los penales?.
En ese sentido, informó que, desde julio, se iniciaron investigaciones a 49 trabajadores por presuntos actos de corrupción y otros delitos, como permitir el ingreso de objetos prohibidos, abuso de autoridad y favorecimiento indebido.
También comunicó el cambio de los directores de las ocho oficinas regionales del INPE, que administran los 68 establecimientos penitenciarios del país, y de 66 directores de penales.
?Después de 10 años realizamos el cambio de los directores de las ocho oficinas regionales como una política de gestión que busca erradicar la corrupción de la administración de los penales?, expresó.
Para Wilfredo Pedraza, este cambio ?en términos de administración? es una decisión incorrecta, porque demuestra que no hay meritocracia ni continuidad de gestión. ?No es normal que un funcionario que lidera una institución la descabece por completo?, dijo.
Alta peligrosidad
Desde julio de este año, 282 internos fueron trasladados de un penal a otro del país debido a que representan una amenaza para la seguridad del establecimiento donde permanecían. En su mayoría, las reubicaciones se hicieron a las cárceles de Challapalca, Cochamarca, Ancón I y Ancón II.
Uno de los traslados más recientes ocurrió el 25 de octubre, cuando 45 internos del penal Miguel Castro Castro fueron llevados a un nuevo pabellón de Ancón 1. Entre los sujetos figuraban Jhon Jairo Arancibia (?JJ?), cabecilla de Los Injertos del Norte, y Adam Smith Lucano Cotrina (?El Jorobado?), de una red dedicada a extorsiones y ataques con armas de fuego.
Otra reubicación sucedió el 3 de noviembre, cuando 26 integrantes de grupos criminales en el penal de Juliaca fueron llevados a Challapalca.
En el 2024, 230 internos fueron trasladados entre julio y noviembre, y 154 en el mismo período en el 2023.
para tener en cuenta
El uso de celulares en penales es un delito, tipificado por el artículo 368-D del Código Penal, con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.
