Altas cortes, destacadas por la defensa de la democracia

Las grandes decisiones que en materia jurídica han tomado la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han permitido la defensa de las normas, las leyes y la Constitución, muchas veces en contra de todo tipo de intereses o del propio Gobierno, pero siempre por el bien del país. Además, con sus decisiones se fortalece la seguridad jurídica y que entre otras cosas, permite que haya más inversión en la economía. Por este motivo, anoche cada una de estas cortes fueron objeto de un reconocimiento con el Premio Especial de Portafolio, que fue recibido por las cabezas de esas instituciones. Hay que recordar que la Corte Constitucional es una institución de la Rama Judicial del Poder Público creada mediante la adopción de la Constitución de 1991 con el fin de guardar la integridad y supremacía de la Carta Política. La Corte está integrada por nueve magistrados, nombrados por el Senado de la República con el objeto de que cualquiera de sus decisiones no haya empate de votos. La Corte Constitucional es producto de la Constitución de 1991 y fue instalada el 17 de febrero de 1992. Entre algunas de sus funciones está decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación y decidir con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente. Entre algunas de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional se encuentran la declaración de inexequibilidad de normas que establecían exclusividad para la Iglesia Católica, sentando un precedente para la igualdad de todos los cultos ante la ley y promoviendo la libertad religiosa. También la sentencia sobre el aborto, que despenalizó el aborto en tres situaciones: violación o incesto, riesgo para la salud de la madre y malformación del feto que haga inviable su vida. A través de sentencias de tutela y control de constitucionalidad, la Corte ha garantizado derechos fundamentales, especialmente para poblaciones vulnerables, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial. La Corte ha impedido cambios institucionales que afecten el equilibrio, como la reelección presidencial sucesiva, salvaguardando el sistema democrático. En pocos días la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre la nueva norma, aprobada por la Cámara de Representantes, de la reforma pensional aprobada a mediados de 2024 y había devuelto tras la identificación de vicios de procedimiento y cuestionamientos sobre su contenido. La Corte Constitucional ha emitido fallos clave en economía como las sentencias C-481 de 2019, que declaró inexequible la Ley de Financiamiento y obligó a tramitar una nueva, y C-149 de 1993, sobre la devolución de tributos recaudados de manera retroactiva, son ejemplos de decisiones con gran impacto fiscal y económico. También ha emitido sentencias notables sobre el abuso de posiciones dominantes (C-228 de 2010), la protección de consumidores y la necesaria intervención del Estado en crisis económicas como la del Covid-19 (Sentencias C-200 de 2020 y C-331 de 2020). Las decisiones de la Corte en el pasado sobre la capitalización de intereses del Upac han sido criticadas por denunciarse que favorecían a los estratos más altos, exacerbando la desigualdad en lugar de mejorarla. Larga historia La historia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es más larga. Constituida como la más alta institución encargada de la justicia ordinaria de Colombia, ha pasado por cambios, transiciones y reestructuraciones en los más de 200 años de vida republicana del país. Su historia comenzó a tejerse con la construcción del Estado de Derecho y sus necesidades de control y división del poder, en procesos históricos como la Independencia, la Gran Colombia, la República de la Nueva Granada o los Estados Unidos de Colombia. La CSJ actúa como tribunal de casación Tras su acusación por el Senado, le corresponde a la CSJ juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a altos funcionarios, como los magistrados y el fiscal general de la Nación, por cualquier hecho punible que se les impute. También investiga y juzgar a los miembros del Congreso, juzga -previa acusación del fiscal general de la Nación, del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia-, a los ministros del despacho, al procurador general de la Nación, al defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al contralor general de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de Tribunales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen, entre otras funciones. Por su parte, el Consejo de Estado, desde su creación en 1817, ha contribuido a la consolidación del Estado de derecho y del Estado social de derecho con sus calificados conceptos para el Gobierno Nacional, como juez de legalidad para el control de la Administración y, más recientemente, como juez constitucional. En relación con el Gobierno Nacional, el Consejo de Estado ha ejercido un papel preventivo mediante su asesoría y la creación de precedentes jurisprudenciales y ha desempeñado un rol correctivo mediante la resolución de varios litigios en todos los campos y niveles de la administración.
Premio especial