Un vínculo peligroso

La Fiscalía Nacional encomendó a la fiscal regional de Los Lagos investigar eventuales transferencias de dinero por parte del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber -indagado a su vez por la llamada "trama bielorrusa-, al senador Matías Walker y al diputado Cristián Araya. El primero ha reconocido mantener amistad con Yáver y que este efectivamente le entregó apoyo económico en dos oportunidades. Araya, en tanto, ha admitido conocer al conservador y haber concurrido a comer a su casa en una ocasión, pero ha negado haber recibido dinero alguno de este.
Independientemente de lo que esa investigación penal establezca, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el tema de las inadecuadas relaciones entre el mundo parlamentario y el de los notarios y conservadores. Una situación marcada por vínculos de amistad, parentesco y favores mutuos que ha sido develada por numerosos reportajes periodísticos y que se ha dado en paralelo con las casi insalvables dificultades que han enfrentado todos los intentos por reformar y modernizar nuestro sistema registral. Han sido, de hecho, numerosos los diagnósticos que se han realizado respecto de los problemas de este último. La propia Corte Suprema ha emitido duros juicios, cuestionando su carácter "altamente lucrativo" y advirtiendo casos de "irregularidades inaceptables". También la Fiscalía Nacional Económica lo ha cuestionado por falta de competencia y promovido una modificación estructural. Todo ello, además de las referidas investigaciones periodísticas y, por cierto, de las quejas de los usuarios.
Frente a esto, resulta paradójico que ya hace dos décadas, en 2006, en la primera cuenta pública del primer gobierno de Michelle Bachelet, se anunciara una profunda reforma del sistema, pero ni esa iniciativa ni las dos que el Presidente Piñera impulsó en su primera administración lograron avanzar. Mejor suerte tuvo el proyecto presentado por el mismo Piñera en su segundo gobierno, el que recientemente se convirtió en ley. Entre sus avances, la nueva normativa cambia el sistema de nombramientos, sacando de este al Poder Judicial; cambia el sistema de fiscalización y digitaliza algunos trámites, además de establecer topes tarifarios máximos, entre otros cambios.
Sin embargo, durante su larga discusión, el proyecto original sufrió modificaciones que diluyeron sustantivamente su alcance, al quedar en el camino, por ejemplo, la creación de la figura de los fedatarios, fuertemente combatida por el gremio notarial. Y aun en lo referido a los nombramientos, si bien los parlamentarios aprobaron incorporar la participación de la Alta Dirección Pública, mantuvieron en manos del Ejecutivo -y por tanto del poder político- la designación final. El desarrollo de la discusión fue además un tema en sí mismo, con largos períodos en que la Comisión de Constitución del Senado evitó poner la iniciativa en tabla y con una durísima discusión respecto de dividir o no el Conservador de Santiago marcando la etapa final del trámite.
Frente a ese incompleto resultado, todo lo que la opinión pública ha conocido -tanto en estos días como previamente- respecto de los vínculos entre miembros del Poder Legislativo y conservadores y notarios no hace sino justificar las peores suspicacias.