Subempleo, otra cara de la emergencia
Este es un síntoma claro de la debilidad estructural de nuestro mercado laboral.
Al largo período de altas tasas de desempleo, resultado de equivocadas políticas que han rigidizado nuestra legislación y encarecido la contratación, se comienzan a agregar otras complicaciones.
Un reciente estudio académico documentó, por ejemplo, el negativo impacto del alza de los costos laborales sobre micro, pequeñas y medianas empresas: estas han experimentado 12 meses de destrucción de puestos de trabajo. Ello viene a confirmar la evidencia presentada por el Banco Central respecto del impacto del salario mínimo sobre los niveles de contratación en pymes. También da cuenta del desafío de la siguiente administración respecto de implementar una agenda sólida que incentive ampliamente la contratación.
Otro ámbito en que ha emergido nueva evidencia es el crecimiento del subempleo.
Tal como lo reporta un nuevo informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Chile alcanzó recientemente una preocupante cifra: más de 2 millones de personas se encuentran en situación de subempleo. De esta forma, y conforme con las cifras del INE para el trimestre móvil julio-septiembre de 2025, la tasa de subempleo alcanzó el 21,3%, igualando el récord desde que existen registros. Más aún, durante 22 meses consecutivos la creación de trabajo ha estado liderada precisamente por el subempleo: de los 134.217 empleos creados en el último año, un abrumador 94,7% corresponde a puestos que mantienen a las personas en una situación de subutilización laboral.
Estas cifras no hablan de una anomalía transitoria. Por el contrario, estamos frente a un síntoma claro de la debilidad estructural de nuestro mercado laboral. Y el análisis detallado agrega otra perspectiva reveladora: el 65,9% de los subempleados tiene un empleo formal. De hecho, del aumento de 127.059 subempleados en el último año, 96.706 corresponden a empleos formales. Esto demuestra que formalidad no es sinónimo de calidad y que el daño sobre el mercado laboral puede incluso afectar a los empleos con contrato.
Al explorar los orígenes e implicancias de estas nuevas dinámicas, es necesario detenerse en los distintos tipos de subempleo. Aquel determinado por la insuficiencia de horas se asocia a trabajadores con empleos de 30 horas semanales o menos, pero que desean y están disponibles para trabajar más. Según el INE, en promedio, las personas subempleadas en esta categoría trabajan apenas 16,9 horas a la semana y perciben ingresos mensuales de $352.650. Sin embargo, al declarar que podrían trabajar horas adicionales cada semana, también su potencial de ingresos sería mayor. Así, los errores en políticas laborales no solo han golpeado la contratación, sino también las características de los empleos creados. Un segundo tipo es el subempleo por calificaciones, es decir, profesionales y técnicos que ocupan puestos por debajo de su nivel de calificación. En Chile, un técnico de nivel superior subempleado gana en promedio casi 30% menos que quien ocupa un puesto acorde a esa calificación. Los datos del INE indican que la brecha puede ser aun mayor entre quienes tienen grados educacionales superiores. De esta forma, la emergencia laboral está significando la subutilización del capital humano existente.
Chile enfrenta una crisis laboral profunda, de efectos amplios. Uno directo es el deterioro del bienestar económico de los hogares, fuente de frustración en la población. Así, la siguiente administración heredará un pesado lastre social que requerirá atención inmediata. La creación de empleo deberá estar en el centro de las políticas públicas, no como el subproducto de una reforma tributaria o con un foco específico en grandes empresas, sino como un pilar de una agenda tan ambiciosa como rigurosa. El país demanda empleos de calidad que permitan a las personas trabajar las horas que necesiten y deseen, y que aprovechen adecuadamente las calificaciones que tanto se han esforzado en obtener. El mercado laboral chileno no puede continuar siendo una fuente de promesas incumplidas, producto de los errores de política de una determinada administración.