Ecopetrol no debe obedecer

Las declaraciones del presidente Petro sobre la supuesta necesidad de que Ecopetrol "salga de Estados Unidos ya", por temores asociados a sanciones de la Ofac, reabren una inquietud que debería estar resuelta: la creencia de que la empresa más importante del país es una extensión del Presidente y no una compañía pública con reglas, estatutos y blindajes diseñados precisamente para protegerla de los vaivenes políticos del poder. Confundir la situación personal del mandatario con los riesgos corporativos de Ecopetrol no solo es un error técnico: es una amenaza directa a la estabilidad económica del país. Los activos en el Permian no pertenecen a Gustavo Petro ni a ninguno de sus funcionarios. Pertenecen a la Nación colombiana y están operados bajo un marco jurídico sólido, con contratos vigentes y obligaciones que no cambian porque un presidente tema investigaciones, dudas reputacionales o sanciones a su círculo cercano. Pretender que Ecopetrol debe replegarse para proteger al Presidente es desconocer cómo funcionan las instituciones, la diplomacia económica y las reglas del comercio global. Además, Ecopetrol no puede guiarse por impulsos políticos. Para eso existe una junta directiva independiente, con deberes fiduciarios que no admiten interpretación: cada miembro debe actuar como agente de la empresa y de todos sus accionistas, no como emisario de Presidente. La ley colombiana es explícita: ni el jefe de Estado ni ningún ministro puede "instruir" a una junta, y mucho menos hacerlo públicamente, desdibujando su papel deliberativo. Su responsabilidad es velar por la sostenibilidad, el valor y la reputación de Ecopetrol, incluso si eso implica contradecir al propio Gobierno. Cada comentario improvisado del Presidente, cada insinuación de que la empresa debe obedecer órdenes políticas y cada señal de que las decisiones técnicas pueden ser reemplazadas por impulsos personales deterioran la confianza del mercado. Lo que se percibe es que nada es estable, que las reglas pueden cambiar de un día para otro y que el país carece de anclajes institucionales. Esas señales no son inocuas: sube la prima de riesgo, cae la acción, se encarece la financiación y se debilita la percepción de que Colombia es un país serio para invertir. Y cuando eso pasa, no pierde Ecopetrol: pierde la Nación entera. Paradójicamente, el propio Presidente es quien más depende de los ingresos de Ecopetrol. Si quiere financiar su transición energética, bajar el déficit fiscal, ampliar programas sociales o dejar un legado político que sobreviva en 2026, necesita que la empresa crezca, genere caja y mantenga su presencia internacional. Sacarla del Permian sería renunciar a reservas, producción y rentabilidad en un momento en el que el país no puede darse ese lujo. Y sería, además, un golpe innecesario a la credibilidad del sector minero-energético, ya suficientemente afectado por declaraciones contradictorias y objetivos poco realistas. Lo que está en juego no es un bloque petrolero; es la confianza institucional del país. Ecopetrol debe ser un referente de estabilidad, no una fuente de sobresaltos. Presidente: deje que Ecopetrol haga su trabajo. Permita que las decisiones se tomen con rigor técnico y visión de largo plazo. Confíe en el gobierno corporativo que protege a la empresa de los caprichos de cualquier administración. Colombia necesita una Ecopetrol fuerte, global, rentable y estable, no una compañía subordinada al clima político del día. Si usted realmente quiere dejar un país mejor, empiece por respetar las instituciones que lo sostienen.