Un panorama oscuro ronda al sector eléctrico colombiano

¿Cuál es la coyuntura actual del sector energético colombiano? En la actualidad, el sector energético colombiano enfrenta un faltante de energía debido a la demora en la entrada en operación de proyectos de generación y de transmisión. Entre 2021 y 2025, el ritmo de incorporación de nueva capacidad ha estado muy por debajo de lo planificado: en 2021 solo entró en operación el 7 % de la energía esperada; en 2022, el 27%; en 2023, el 17 %; en 2024, el 25 %; y en lo que va de 2025, apenas el 9,3 %. A esto se suman atrasos en proyectos de transmisión que, en algunos casos, alcanzan hasta 13 años. Como consecuencia de estos retrasos, se han elevado los riesgos para la confiabilidad del sistema. Según un informe publicado por XM, el operador del mercado eléctrico, se proyecta un déficit de 3,5% para el año 2027. Este escenario se vuelve especialmente sensible si coincide con la ocurrencia de un Fenómeno de El Niño, es decir un periodo de sequía intensa y prolongada, lo cual acentuaría la crisis. La solución a esta coyuntura es asegurar más energía en el sistema, lo que se traduce en una mayor entrada de proyectos. Y esto se logra agilizando los trámites de licenciamiento ambiental y de los procesos de consulta previa, haciendo un acompañamiento a las empresas que desarrollan los proyectos y garantizando la seguridad en los territorios. ¿Qué tanto afectan al sector las medidas todas recientemente por el Gobierno Nacional? El impacto ha sido significativo, tanto así que el principal cuello de botella que detectan hoy las empresas para el desarrollo de nuevos proyectos es la regulación y la política pública. Actualmente, existen dos resoluciones que segmentan el precio techo de la energía por tecnología y afectan la remuneración de los proyectos; un decreto que establece obligatoriedades en la contratación; y un proyecto regulatorio que diferencia la remuneración del Cargo por Confiabilidad por tecnología y antigüedad. Estas señales no buscan atender el problema de fondo, que es la falta de energía, pero sí tienen fuertes consecuencias sobre la confianza de los inversionistas, lo que incide directamente en el nivel de inversión. Apoyamos la iniciativa de la CREG para ajustar parcialmente estas distorsiones generadas, y nos encontramos en proceso de análisis de dicha propuesta. Sin embargo, sigue existiendo preocupación porque se estén intentando corregir con parches las fallas del mecanismo para incentivar la participación de proyectos a la nueva subasta, en lugar de retornar al modelo de remuneración que ha demostrado funcionar. ¿Las empresas de energía con las disposiciones del Gobierno están en una encrucijada? Con las disposiciones actuales, si la subasta del cargo por confiabilidad se hiciera hoy, las empresas estarían obligadas a escoger entre vender su energía mediante contratos o participar en el cargo por confiabilidad. Las reglas vigentes no permiten combinar ambas opciones sin generar pérdidas ni desbalances en la asignación de riesgos, lo que limita decisiones y dificulta financiar nuevos proyectos. Por eso hemos expresado a la CREG y al Ministerio de Minas y Energía nuestra preocupación: la incertidumbre regulatoria ya está frenando inversiones, encareciendo el financiamiento y reduciendo la disponibilidad de contratos de largo plazo, que son los que dan estabilidad de precios al mercado. Esto no solo afecta al sector. También deja a los usuarios más expuestos al mercado ‘spot’ —mucho más volátil y dependiente del clima—, aumenta el riesgo de costos extraordinarios y retrasa la entrada de nueva oferta. El resultado puede ser tarifas más altas, menor competencia y un sistema más vulnerable, tanto en precios como en confiabilidad y continuidad del servicio. ¿Cómo avanzan los proyectos energéticos que están a la espera de entrar en operación? Cada año, XM presenta la cifra de los proyectos que se espera que ingresen al sistema. Para 2025, esta cifra asciende a 3.517 MW. Sin embargo, a poco más de un mes de finalizar el año, las cifras reportadas indican que solamente ha ingresado en operación el 9,3 % de lo esperado. En los próximos ocho años, XM proyecta la entrada de 254 proyectos que suman 15 GW. Sin embargo, para que esos proyectos pasen del papel a la realidad se requieren reglas de juego claras. Desde el sector, consideramos que los esfuerzos para solucionar los retos en la entrada de proyectos no están siendo totalmente efectivos, pues no se está trabajando de manera articulada y conjunta en la búsqueda de soluciones a los cuellos de botella en licenciamiento, consultas previas, acceso a la red y seguridad en el territorio, pero, sobre todo, en la necesidad de contar con señales estables que permitan acarrear las inversiones multimillonarias que realizan las empresas a muy largo plazo. ¿Qué pasaría si estos proyectos no entran a operar en los tiempos estimados? Si la energía que se genera no es suficiente para cubrir la demanda de los hogares y de la industria, nos enfrentaríamos a un escenario de racionamiento de energía, con graves efectos para la economía del país y para todos los colombianos. Este no es un riesgo menor. Diversas entidades y centros de pensamiento han advertido sobre el impacto que tendría un escenario de racionamiento. Según Fedesarrollo, una situación similar a la de los años noventa reduciría el crecimiento económico en 1,5 puntos porcentuales, generaría una pérdida de 230 mil empleos y llevaría a más de 203 mil personas a condiciones de pobreza. Corficolombiana estima que un apagón podría reducir el PIB en cerca de un punto porcentual y tener un costo de 5.200 millones de pesos por hora. El Banco de Bogotá, por su parte, estima que cada hora de racionamiento tendría un costo aproximado de 200 mil millones de pesos. Estas son cifras que permiten dimensionar el enorme costo económico y social de un escenario de este tipo.