Creer y obedecer

En un artículo previo, se planteaba un Estado que aparenta sostener a la sociedad, pero que en realidad genera dependencia emocional bajo pretexto de cuidado. Hoy el foco se traslada a su conversión en un sistema de creencias, una religión civil que otorga sentido, distribuye legitimidad moral y sustituye el juicio individual por la adhesión colectiva.

Uruguay, orgulloso de su laicismo, ha reemplazado los altares por oficinas, los dogmas por decretos y la fe religiosa por la fe institucional. El ciudadano ya no reza a un Dios, sino que espera y confía en la maquinaria estatal que promete orden y protección. Este desplazamiento revela una contradicción: al liberarse de la religión tradicional, la sociedad adoptó una devoción más sutil.

El Estado de Münchausen no domina por represión o miedo, sino con consenso, confort y gratitud. Su éxito radica en lograr que la mayoría se sienta protegida aun bajo tutela.

1. El Estado como mediador moral

El Estado ha trascendido su rol administrativo para erigirse en referente moral: regula conductas, orienta valores y moldea el sentido común. Su autoridad se sostiene menos en la ley que en la fe cívica heredada de un siglo de estatismo.

Desde comienzos del siglo XX, el estatismo se convirtió en bandera nacional. La confianza en el Estado derivó en dependencia moral: lo que autoriza se asume como correcto; lo que prohíbe, como inadecuado. La ley dejó de ser marco de libertad para convertirse en patrón ético.

En un contexto de crisis educativa, la fragilidad del pensamiento crítico facilita aceptar el discurso estatal como verdad. La obediencia adquiere prestigio moral: el ciudadano agradece la guía institucional y delega su discernimiento, convirtiendo la relación Estado-sociedad en paternal.

2. El Estado como religión civil

Uruguay ha reemplazado los templos de piedra por templos administrativos. Donde antes la religión ofrecía consuelo y orden simbólico, hoy lo hace el Estado. La burocracia adquiere aura sagrada y las leyes, tono de catecismo secular.

Con el debilitamiento de creencias tradicionales, el Estado ocupó ese vacío de sentido. Su función trasciende la garantía de derechos: ofrece una narrativa moral sobre la sociedad y el bien común. Muchos ciudadanos hallan la certeza emocional que antes buscaban. Funcionarios actúan como sacerdotes y los ciudadanos como fieles agradecidos. El costo es la sustitución del juicio individual por la adhesión colectiva.

3. Símbolos contradictorios y consolidación de la hegemonía moral

El Estado que predica austeridad incrementa su gasto; el que exalta autonomía refuerza la dependencia; el que invoca libertad regula más ámbitos. Estas tensiones no son fallas accidentales, sino mecanismos funcionales en un equilibrio entre tutela y confort. La ambigüedad permite al Estado ser árbitro y protagonista, garante del orden y promotor del cambio. Conserva legitimidad aun cuando sus actos se contradicen. En una sociedad que privilegia la estabilidad sobre el conflicto, la incoherencia resulta tolerable si mantiene la ilusión de seguridad. Mientras el Estado provea asistencia y amortigüe el malestar, la crítica es innecesaria. La ciudadanía queda satisfecha pero inmóvil; la hegemonía moral y la docilidad simbólica consolidan un control disfrazado de consenso.

4. Liderazgo ausente y necesidad de una nueva conciencia cívica

La consecuencia más visible del Estado como mediador moral y del control mediante la comodidad es la crisis de liderazgo. Uruguay atraviesa una etapa en la que la dirigencia política carece de densidad intelectual y horizonte moral. Predominan administradores de lo posible que gestionan la calma más que orientan el porvenir. Esta carencia no es casual: una sociedad que delega su juicio termina eligiendo dirigentes que confirman esa delegación. Cuando el ciudadano prefiere la certidumbre del consenso a la incomodidad del pensamiento, surge una política sin riesgo ni profundidad. La hegemonía moral del Estado produce un liderazgo plano, desprovisto de imaginación y coraje. El debate público se ha vuelto previsible. Los grandes desafíos -educación, productividad, desigualdad, envejecimiento- se abordan como problemas técnicos, despojados de su dimensión ética. La tecnificación del discurso encubre pobreza intelectual.

Romper este ciclo no requiere revolución, sino reconstrucción del carácter cívico. Implica recuperar la responsabilidad individual de pensar, disentir y juzgar. No se trata de destruir la confianza en lo público, sino de restaurar su sentido emancipador: que el Estado sea instrumento y no credo.

Uruguay necesita una educación cívica que enseñe a dudar sin miedo y a confiar sin renunciar al juicio. Solo así la ciudadanía podrá superar la hegemonía moral del confort y pensarse como comunidad viva, capaz de exigir, cuestionar y crear.