El Comercio, Perú
29 de noviembre de 2025
pendientes. Más allá de su condena por golpista, el expresidente enfrenta múltiples carpetas por presuntos delitos cometidos durante su gobierno. La mayoría no avanza por inacción del Congreso, pero uno estaría por derivar en una nueva acusación penal.
Por víctor reyes parra
La condena de Pedro Castillo por su golpe de Estado saldó una de sus principales cuentas pendientes con la justicia, pero no la única. Según información recolectada por El Comercio, el expresidente también enfrenta una investigación preparatoria por corrupción y organización criminal, además de ocho denuncias constitucionales con las que la fiscalía pidió al Congreso levantar su inmunidad para procesarlo por distintos delitos.
Durante su gobierno (2021-2022), Castillo fue investigado por la Fiscalía de la Nación en distintas carpetas o casos por presuntamente liderar una red criminal que se infiltró en distintos sectores del Estado para obtener beneficios económicos fruto de actos de corrupción.
Todas esas carpetas, sin embargo, tenían una barrera: el antejuicio o inmunidad de Castillo como presidente, que solo puede ser levantada por el Congreso mediante denuncias constitucionales. Sin eso, la fiscalía solo puede hacer una indagación preliminar, no se puede avanzar a una investigación preparatoria ni a una acusación penal que, a su vez, dé paso a un juicio.Tres años después de la destitución de Castillo, la fiscalía cumplió con presentar distintas denuncias por presuntos actos de corrupción atribuidos al expresidente (ver cuadro), pero el Congreso solo aprobó una. El resto permanece en trámite y sin respuesta definitiva en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), lo que ha hecho que los casos permanezcan congelados a escala judicial. Es más: una denuncia por el presunto uso irregular de aeronaves fue archivada en junio por la SAC, blindando a Castillo de responder por esos hechos. Aun así, hay otra denuncia en trámite por hechos similares.
?El caso más avanzado?
El único de estos casos en el que sí se levantó el antejuicio de Castillo fue el de organización criminal y corrupción, que agrupa las carpetas conocidas como Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía. Ello permitió que la fiscalía formalice la investigación y pida prisión preventiva por esos hechos para Castillo, medida que sigue vigente. El plazo para las pesquisas es hasta marzo del 2026, fecha máxima en que la fiscalía puede decidir si lo archiva o, como está previsto, lo acusa.
El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción, despacho que, desde que se formalizó la investigación, ha estado a cargo de tres fiscales distintos: Uriel Terán, Alcides Chinchay y ?actualmente? Zoraida Ávalos.
Según fuentes de El Comercio, la investigación ha presentado retrasos y el equipo fiscal a cargo actualmente trabaja para terminarla dentro del plazo. Así, todo apunta a que el próximo año se tendrá una nueva acusación penal contra el expresidente, la cual podría luego derivar en un nuevo juicio.
La penalista Romy Chang dijo a este Diario que este es el caso más sólido, pero que todas sus carpetas por corrupción cuentan con evidencias, por lo que la situación de Castillo es ?complicadísima?. Además, consideró injustificable que el Congreso no cumpla con aprobar las denuncias. Mediante su cuenta de X, el exprocurador César Azabache calificó de ?error? que la ?acusación contra Castillo por corrupción no haya sido presentada hasta este momento por la fiscalía?.
más datos
Los allegados a Castillo que no tienen inmunidad son investigados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción.
El único caso formalizado contra el expresidente incluye a sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
