Control de las fronteras

Las negativas repercusiones de la migración ilegal han obligado a los gobiernos en Europa y América a revisar sus políticas migratorias, reforzar los controles de frontera y reafirmar el derecho soberano para decidir sobre el ingreso y permisos de residencia de extranjeros. El Cono Sur sudamericano no escapa a esta realidad. La semana pasada, el Presidente Jerí, del Perú, se trasladó a Tacna, dispuso la incorporación del ejército a la vigilancia limítrofe y decretó estado de emergencia para estos fines. En esos mismos días, la entonces ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, anunció la creación de la Agencia Nacional Migratoria y de una policía especializada para reforzar la vigilancia de sus fronteras.
Chile, a pesar de haber militarizado hace más de cinco años la frontera con Bolivia y Perú, registra alrededor de dos mil extranjeros que cada mes ingresan de manera irregular según la PDI, cantidad que se suma a un número difícil de precisar de otros ingresos clandestinos, con implicancias en el narcotráfico, crimen organizado y seguridad ciudadana. En paralelo, se presenta un flujo de extranjeros, sin permisos de residencia, que intentan regresar a sus países de origen a través de Perú, cuyas autoridades rechazan su tránsito por esa vía.
Los anuncios del mandatario peruano coincidieron con la presencia en Arica del candidato José Antonio Kast y con declaraciones del gobernador Diego Paco, que solicitaron al Presidente Boric viajar a la zona a gestionar la situación, informarse, reforzar las fronteras y agilizar las deportaciones de migrantes ilegales. El Gobierno, contrastando con la apreciación peruana de una emergencia, desestimó la presencia presidencial, afirmando que el egreso de extranjeros por Perú estaba dentro de la normalidad. Subsisten así las agudas diferencias de opinión sobre la gestión migratoria del Gobierno -y no solo en Arica-, criticada incluso por la candidata Jeannette Jara.
Es evidente la necesidad de coordinación entre países vecinos, tanto para el control de sus fronteras -especialmente cuando se han militarizado- como para lograr otros acuerdos migratorios, como las reconducciones de ingresos ilegales. En todo caso, se debería evitar que los nuevos acuerdos afecten el fluido tránsito de ciudadanos, residentes regulares, turismo, bienes y servicios. Son conocidos los reclamos por largas esperas y trámites innecesarios en los principales pasos fronterizos.
Oportuno es mencionar la necesidad de revisar el ordenamiento jurídico de las instancias de coordinación, competencias y atribuciones de las distintas reparticiones públicas nacionales encargadas o vinculadas a las funciones policiales y de seguridad de los espacios fronterizos. Lo primero que llama la atención es la precariedad, pero también la abundancia normativa, con imprecisas atribuciones que muchas veces se traslapan entre las asignadas a Carabineros, Policía de Investigaciones, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Dirección General de la Aeronáutica Civil, Ejército y Aduanas. Interesante es el documento de Libertad y Desarrollo "Desafíos para la seguridad fronteriza en Chile: una comparación con EE.UU. y la Unión Europea", que da cuenta de las deficiencias de la orgánica nacional. Tanto o más importante que la coordinación vecinal es mejorar la interna.
El acuerdo anunciado esta semana de crear un Comité de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú es positivo para descomprimir una situación que podría desencadenar desencuentros entre ambos gobiernos. En todo caso, este nuevo comité parecería indicar que las actuales instancias para la coordinación vecinal carecen de la competencia suficiente. Por lo mismo, en vez de actuar reactivamente, como ocurriera en Arica, habría que considerar esta experiencia para la coordinación en estas materias con Bolivia y Argentina.