¿Economía de mercado o qué?

El gobierno anuncia un proyecto de ley que mandata a las empresas a notificar con anticipación, tanto al Estado como a los sindicatos, los despidos que deban efectuar.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo se quejó de "la moda que se ha instalado en los últimos tiempos, que ha llevado a que incluso se comuniquen los despidos por redes sociales o videos".

Que el cierre de empresas o su retiro del país es un problema, no es secreto para nadie. Pero que el gobierno se adjudique el derecho de intervenir en estas decisiones, proviene de una ideología que avasalla la iniciativa privada y, con ello, la ahuyenta.

El antecesor de Castillo, el exministro Pablo Mieres, lo dijo en forma contundente: para él la propuesta es "sorprendente y extremadamente preocupante. Evidentemente no se dan cuenta de que con estas medidas van a afectar el empleo y las inversiones".

Con una mezcla de ideologismo e ingenuidad, el ala comunista del FA supone que las razones que impulsan a una empresa a despedir personal pueden resolverse desde el poder político.

Así lo ha manifestado explícitamente el ministro Castillo: "la anticipación es clave, ya que una comunicación formal permite al gobierno actuar como mediador, facilitar el diálogo o procurar nuevos inversores, algo que cuesta muchísimo tiempo más que el propio cierre".

¿En qué consistiría concretamente tal mediación? ¿En persuadir a la casa matriz de una multinacional para que reconsidere su decisión de marcharse del país? ¿En pedir refuerzos de inversión a los reyes magos? ¿En otorgar beneficios diferenciales a las empresas en problemas, a los que no puedan acceder otras exitosas? Nuevamente el inefable pensamiento mágico de la izquierda, que no es capaz de entender que el Estado está para igualar oportunidades en el punto de partida, y no para limitar la libertad de emprender.

Si quieren evitar despidos y cierres, tendrían que empezar por emitir mensajes que tranquilicen a los inversores en lugar de espantarlos.

Lo paradójico es que, cuando las empresas avisan con tiempo, el gobierno tampoco hace nada. Valga el ejemplo del gigante tecnológico Tether, que cierra sus operaciones aquí y despide al personal. Se trata de una multinacional que había proyectado inversiones por 500 millones de dólares, de los cuales ya iba ejecutando unos 150. En setiembre pasado advirtió que el país carecía de un marco tarifario competitivo en materia de energía. Con un consumo energético de dos millones de dólares por mes, solicitó a UTE un precio diferencial y este no le fue concedido. Dos meses después confirma que se retira. Se perdieron 30 puestos de trabajo e inversiones por 350 millones de dólares, porque a lo largo de 60 días nadie vio la conveniencia de asignarle esa tarifa preferencial.

¿Y qué otra cosa pretenden ahora, más que las inversiones se sigan yendo, cuando el oficialismo se concentra en una insólita pulseada interna por la aplicación del impuesto del 1% a los ricos? ¿Suponen que a las empresas les hace gracia que, si generan aquí infraestructura por 500 millones de dólares, de arranque tengan que pagar 5 millones de impuestos? Seguro encontrarán muchos otros países que los reciban con menos ensañamiento. ¿O acaso exonerarán a esos grandes jugadores y castigarán a quienes inviertan "apenas" un milloncito o dos?

Realmente no queda claro si hablan desde la ignorancia económica o si, por el contrario, apuestan frontalmente a la destrucción del sector privado, para reactualizar a los ponchazos sus perimidas recetas marxistas. Porque acá solo valen dos alternativas: o respetar las reglas básicas de la economía de mercado o reemplazarla definitivamente por el dirigismo estatal, según ya conocidos y ruinosos modelos colectivistas.

El ministro Oddone aún parece aportar cierto equilibrio pragmático a tanto disparate, pero los agentes económicos expresan una comprensible preocupación ante un MPP mayoritario dentro del FA, en el que dicho pragmatismo convive con rémoras ideológicas obtusas.

Durante la presidencia de José Mujica se sabía que había dos equipos económicos en disputa, el del MEF, de signo astorista, y el de la OPP, emepepista.

Ahora podemos decir con propiedad que el gobierno entero está en disputa, entre algún solitario socialdemócrata bien inspirado y vastos y ruidosos diletantes sesentistas. Y quien debería desempatar, el presidente Orsi, no suele ser claro en sus explicaciones.

Una tormenta perfecta.