Ocho de los desvinculados de la empresa que comercializa productos lácteos siguen sin una solución. Dos de ellos comenzaron una huelga de hambre este miércoles.
Redacción El País Dos de los 32 trabajadores que fueron despedidos en agosto de este año por la empresa láctea Claldy se instalaron en una carpa frente a
Torre Ejecutiva y comenzaron una
huelga de hambre desde este miércoles.
En un informe elaborado por la
Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), fechado el 3 de diciembre y al que accedió El País, se detallan cronológicamente las etapas de
negociación que se llevaron adelante con la empresa desde julio de este año. El documento también consigna que, en los últimos meses y días, la
gerencia de la firma mantuvo reuniones tanto con el ministro
Juan Castillo y el subsecretario Hugo Barreto, como con distintos
dirigentes sindicales.
Del
documento surge que Claldy informó en julio de este año que atravesaba una "compleja
situación económica caracterizada por
pérdidas mensuales" y tenía "la necesidad de realizar una
reestructura que afectaría puestos de trabajo, a fin de tornar más viable su operativa".
En ese ámbito, la dirección de la empresa dio cuenta que en el último
ejercicio económico cerrado tuvo una pérdida de US$ 4 millones, cuando se había proyectado que fuera de US$ 2,5 millones.
Por su parte, la
Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) había planteado en octubre ante la cartera cuestionamientos a la decisión que adoptó la empresa por el "uso indebido" de los fondos del
Fondo de Reconversión de la Industria Láctea (FRIL).
Según surge de la documentación elaborada por la Dinatra,
Claldy recibió US$ 2,6 millones entre agosto de 2024 y abril de 2025 por ese fondo. Vista la situación, el
sindicato lácteo solicitó a las autoridades que no se habilitara el tercer desembolso hasta que la empresa diera explicaciones sobre la utilización de los recursos que ya había percibido, "teniendo en cuenta que la normativa establece expresamente la protección y sostenimiento de los
puestos de trabajo" como condición para recibirlos.
Otro planteo que han realizado los trabajadores desvinculados es que los 32 despedidos eran todos
afiliados al sindicato. Entre ellos se encontraba la totalidad de la directiva sindical titular, algunos suplentes y "los únicos tres afiliados de las oficinas de
Montevideo".
Ante esa situación, algunos de los involucrados iniciaron
acciones de amparo, pero los fallos fueron favorables a la empresa. También se presentaron reclamos ante la
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) por presunta vulneración de derechos fundamentales de la afiliación sindical, consignó la cartera.
Ocho sin solución
No obstante, varios de los desvinculados alcanzaron finalmente acuerdos por el fin de la
relación laboral, pero ocho de ellos permanecen sin una
solución. Esos trabajadores actualmente se encuentran percibiendo ingresos por el subsidio por desempleo desde agosto con causal por
despido. Dos de ellos son quienes iniciaron en las últimas horas una
huelga de hambre.
Durante los primeros días de diciembre, se realizaron las últimas instancias de negociación en las que participaron representantes de la empresa, extrabajadores, FTIL,
Pit-Cnt y un delegado del
Ministerio de Industria, Energía y Minería. También lo hizo la
Cámara de la Industria Láctea (CILU).
Desde el
gobierno se planteó a Claldy que el inicio de una huelga de hambre por parte de dos extrabajadores podría tener "un alto impacto negativo en la
opinión pública" que "agravaría aún más su frágil situación
económica-financiera".
En esta línea, se volvió a solicitar que se modifique el
causal del seguro de paro para los ocho trabajadores que pretendían mantener su vínculo de dependencia y la posibilidad de reintegrar a dos de ellos.
La empresa no accedió al reintegro, pero sí a modificar el causal del seguro de desempleo siempre y cuando quedara claro que una vez finalizadas las eventuales
prórrogas (extensión que permiten otras forma del subsidio)
los trabajadores serían despedidos.
A su vez, se ofreció como contrapartida la posibilidad de abonar en su totalidad la
indemnización y gestionar el ingreso progresivo de los ocho trabajadores dos en diciembre, dos en enero, dos en febrero y dos en marzo a una firma proveedora de leña a la que Claldy le compra, pero sin el reconocimiento de la
antigüedad.La propuesta no fue aceptada y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo se dio por agotado el ámbito de negociación.
Despidos colectivos
En el marco de una serie de anuncios de empresas que han decidido abandonar el país, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) planteó que presentará un
proyecto de ley para que se notifique con anticipación en los casos en que se vayan a concretar despidos de
múltiples trabajadores o el cese de sus operaciones.
Sin embargo, las autoridades consultadas reconocen que una propuesta de este tipo no asegura que se puedan preservar los
puestos de trabajo. "Muchas empresas hacen el preaviso, pero eso no es garantía de que las cosas se arreglen", reconoció el
subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, al ser consultado por El País.
El último gran impacto, aunque se han suscitado varios desde que asumió el gobierno e incluso días antes si se considera el caso de
Yazaki, fue el de la firma UKG (
Ultimate Kronos Group) que de forma intempestiva anunció el despido de
300 trabajadores. Pero también se fueron acumulando otros episodios, entre ellos uno de los más notorios: el de M24, la radio vinculada directamente al principal sector del
Frente Amplio, el
Movimiento de Participación Popular.
"Hay una especie de asignatura pendiente que existe en nuestra normativa laboral que tiene que ver con el modo de terminación de la
relación de trabajo o los procedimientos que deberían existir. En Uruguay existe la tradición y la doctrina del
despido libre. Las empresas pueden disponer la finalización de la relación de trabajo sin previo aviso y sin justificación. Esta situación que debería haber ameritado alguna solución en su momento se ve agudizada por hechos recientes", valoró Barreto en diálogo con En Perspectiva sobre los procedimientos llevados a cabo por las
empresas que llevaron adelante
despidos colectivos. 
El País, Uruguay
5 de diciembre de 2025
