La copa rebosada

La muerte de Jean Claude Bossard sacudió a Barranquilla y al país. Para mí fue aún más doloroso: Jean Claude era mi amigo. Su vida, llena de posibilidades, quedó truncada por un arma ilegal en manos de un criminal. Su padre lo expresó con una claridad desgarradora: "Mi hijo cumpliría 30 años este viernes; ahora debo enterrarlo ese día. Que esto no le pase a otra familia". Ese clamor resume el dolor de miles de hogares que cargan un duelo que nunca debió existir y evidencia un flagelo que Colombia padece desde hace décadas. Nueve de cada diez delitos quedan impunes. La mayoría de los crímenes violentos no llega siquiera a imputación. Y los grupos criminales reclutan menores porque entienden que el Estado no tiene cómo sancionarlos de manera eficaz. No es falta de leyes: jueces, fiscales y policías de carrera lo han dicho durante años. El problema es un sistema saturado, lleno de trámites imposibles y sin capacidad para atender la escala del fenómeno. Así, la impunidad se vuelve la regla y se consolida una cultura donde la ley pierde valor y la ciudadanía pierde esperanza. Mientras portar un arma legal es casi imposible, casi el 100 % de los homicidios, atracos y extorsiones se comete con armas ilegales que no piden permiso. Es el mundo al revés. Países como Inglaterra entendieron hace décadas que las armas de fuego son un enemigo público y que su porte ilegal debe tratarse como una afrenta al Estado, con consecuencias severas y prioritarias. Colombia, en cambio, normaliza su circulación hasta convertirlas en parte del paisaje urbano y rural, debilitando la idea misma de autoridad. Las consecuencias son devastadoras. Según estudios de Fedesarrollo y el BID, la inseguridad, la extorsión y el secuestro le cuestan al país varios puntos del PIB y decenas de billones de pesos cada año. Espantan la inversión que no llega, retrasan la que se planeaba y destruyen la más valiosa: la del tendero, el restaurantero o el agricultor que debe cerrar su negocio porque la "vacuna", la quema de maquinaria o el sicariato resultan más costosos que la ruina. La violencia no solo mata: empobrece, paraliza, expulsa y rompe la confianza básica que sostiene cualquier sociedad. Tampoco es justo cargar sobre los alcaldes un peso que no pueden resolver solos. Ni Galán hoy, ni Claudia ayer, ni casi ningún alcalde del país. La seguridad se decide desde el Gobierno nacional, que dirige a la Policía y al Ejército; desde la Fiscalía, que investiga e imputa; y desde la Rama Judicial, que administra justicia. Y es el Congreso el que define qué se sanciona, cómo se persigue y con qué recursos se financia. Sin seguridad no existe ningún otro derecho, ni desarrollo, ni equidad posible. Este momento exige un clamor colectivo. Que el dolor por Jean Claude, y las palabras de su padre suplicando que "esto no le pase a otra familia", nos impulsen a pedir que esta sea la reforma más urgente del país. Que caminemos, literal o simbólicamente, hacia el Congreso y exijamos que combatir las armas ilegales y priorizar los delitos violentos sea la base del nuevo pacto social. No para sembrar odio, sino para transformar el duelo en acción y construir un país donde la vida vuelva a valer más que un arma. Fortalecer el sistema judicial es un acto de sanación nacional: que quien actúe con violencia pague sus penas con severidad, y quien pueda ser rehabilitado lo sea. Que la vida vuelva a estar en el centro. Porque Colombia no puede resignarse a seguir perdiendo a sus jóvenes por un disparo que jamás debió existir, y porque el dolor de tantos padres consolide este momento en el punto de inflexión que tanto hemos evitado enfrentar.