Uruguay participó del simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas con resultado positivo

Si bien Uruguay aún no ha tenido casos en materia de financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, el país será evaluado en unos años para ver si cuenta con el "músculo" para responder en casos que estos aparezcan. Por esto, la Secretaría Antilavado ya trabaja para definir procesos y evitar "bajar" su calificación.

En agosto, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), desarrolló el quinto simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas, derivado de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en materia de financiamiento al terrorismo.

Según explicó al El País el extitular y actual asesor de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa, el simulacro plantea distintos escenarios que simulan posibles casos como la actualización de la lista de las Naciones Unidas (ONU), respecto a personas y entidades vinculadas al terrorismo, que deben resolver el congelamiento de los fondos "en horas" (en el correr del día), evitando que se "diluyan" los activos, si se encuentra una coincidencia de una operación a realizar por una persona enlistada.
Este escenario refiere a la actualización de la lista que recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la ONU, para que luego le informe al Banco Central (BCU) y a la Senaclaft y que estos organismos propaguen la información a cada sujeto obligado del sector financiero y no financiero, respectivamente.

En este sentido, Espinosa destacó que el Gafilat comenzó a hacer estos ejercicios porque muchos países no han tenido una coincidencia, siendo esta una forma de probar si el sistema efectivamente funciona.

El otro escenario que se simuló fue el de que un país pida cooperación por un caso, sin que ONU lo haya incorporado a su lista.

"Hay otro mecanismo que funciona. Viene por Relaciones Exteriores también. La UIAF y la Senaclaft se tienen que reunir, hacer un acta, definir si esa cooperación se va a cumplir o no. O sea, ver si el país que te pide la cooperación acredita suficientemente los datos de la persona y su vinculación con el terrorismo y en ese caso se podría disparar lo mismo, un pedido de congelamiento a todos los sujetos obligados en el marco de esa resolución", dijo Espinosa.

En esta línea, el asesor de la Secretaría Antilavado afirmó que lo hecho "funcionó bastante bien" y que el sistema es "ágil", ya que se logró hacer el ejercicio dentro de las 24 horas exigidas. Mientras que, a su vez, sirvió para "aceitar" y ver "en la práctica" aquellos conceptos teóricos "escritos" en leyes y decretos.

Si bien señaló que se avisa en qué semana se realizará el simulacro, no se explicita el día. Para este ejercicio, se invitó del sector privado a 15 sujetos obligados del sector financiero y a 15 del sector no financiero, mientras que desde el sector público participan, además de los ya mencionados, organismos como la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, entre otros.

Por otra parte, Espinosa señaló que en la retroalimentación del simulacro, se plantearon dudas prácticas sobre los procesos a realizar y que ahora están bajo estudio de la Senaclaft, como la información que deben proveerle los sujetos obligados a la ONU ante un caso o cómo opera el secreto bancario en estas situaciones.

De todas formas, sostuvo que lo necesario es el congelamiento de los fondos y que esto se mantenga hasta que la ONU quite a la persona o entidad de su lista.

En tanto, destacó que pretenden repetir estos simulacros cada dos o tres años, principalmente debido a eventuales cambios de jueces o cargos en el sector público. "Esto es una forma de poder acreditar efectividad", sostuvo, ante la próxima evaluación que tendrá Uruguay en 2030 por parte del Gafilat.