Los aditivos y sustitutivos incorporados en la cámara alta por el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado fueron acompañados por 82 de los 99 legisladores. Se votaron en bloque todas las modificaciones.
Redacción El País A tres meses y medio de su ingreso al
Parlamento, el
Presupuesto Quinquenal del cuarto
gobierno del
Frente Amplio quedó finalmente aprobado este martes. Esto ocurrió después de que la
Cámara de Representantes ratificara las modificaciones introducidas en el
Senado al proyecto de ley, que supera los 700 artículos.
Luego de aprobarse en Diputados, se presentaron 114
aditivos y sustitutivos durante su tratamiento en la
cámara alta. Ochenta y uno de ellos fueron votados por el Frente Amplio y algún partido de la
coalición (Nacional o Colorado), según un informe interno elaborado por el oficialismo al que accedió El País.
En tanto, para 12 de ellos se decidió que fueran
desglosados en comisión. Uno de ellos fue uno de los que más polémica generó durante la
discusión presupuestal, el de los cambios al
secreto bancario.
Durante la sesión de este martes, el respaldo a los cambios introducidos estuvo dividido. Una de las razones que incidió en el apoyo o rechazo fue que, para aprobarlos, los
legisladores debían pronunciarse a favor o en contra de todo el
paquete en bloque.
Durante su intervención, la diputada del
Partido Colorado Paula De Armas destacó algunos de los cambios acordados entre los
partidos políticos: la futura construcción un nuevo aeropuerto regional en Rocha, el refuerzo presupuestal para la
Fiscalía General de la Nación, la inclusión de
Presidencia de la República en la posibilidad de pedirle pedidos de informes, la adecuación de impuestos de los
agroquímicos, el endurecimiento de la regla fiscal en año electoral, la reasignación de recursos para la educación ($ 250 millones), entre otros. También se eliminaron cambios y limitaciones que se habían aprobado en el alcance de la ley sobre el
Derecho al Acceso a la Información Pública, que afectaba especialmente a la
Liga de Defensa Comercial (Lideco).Otro de los aditivos que fue propuesto por todos los partidos políticos en el Senado refería a "la prohibición de discriminación por edad en el ingreso a la
función pública". Dicha norma, que ahora se convertirá en ley, establece que "salvo que una exigencia
etaria se encuentre debidamente fundada y objetivamente justificada en la naturaleza del cargo", no podrá establecerse en los llamados realizados por el
Estado "ningún tipo de limitación, restricción o
discriminación basada en la edad".
Cuestionamientos
Algunos de los que hicieron uso de la palabra, como fue el caso del representante nacionalista Federico Casaretto, reclamaron ir a una cuarta instancia en
Asamblea General para tratar los aditivos y sustitutivos de forma individual.
"La
Constitución no es clara sobre cuál debe ser la actitud de la tercera cámara. Si se deben votar todas las modificaciones en un solo acto, en una votación en bloque o si se debe desglosar artículo por artículo. La interpretación histórica ha sido la segunda y eso condiciona. Hay modificaciones que compartimos, estamos de acuerdo y otras que no", ejemplificó el
colorado Conrado Rodríguez, que además criticó que no veía fundamentos en la proyección del crecimiento económico marcado por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el quinquenio y que por eso no había votado el proyecto de ley en general en la primera instancia de discusión.
En una línea similar, una de las mayores críticas por parte de la oposición se enfocó en acusar al
gobierno del Frente Amplio de incumplir con las
promesas de campaña.
"Hubo un engaño electoral. Lo admitió el propio gobierno cuando el número dos de la economía del país el subsecretario,
Martín Vallcorba señaló que el programa de gobierno con el que se fue a la elección era imposible de llevar a la práctica. No se podía cumplir porque era impagable. Bajo esa premisa es que se llega a esta
norma presupuestal que es producto de
promesas incumplidas", resumió el también colorado Felipe Schipani.
Finalmente, el
Presupuesto Nacional fue ratificado por
82 legisladores y votaron de forma negativa 17. En contra lo hicieron, por parte del Partido Nacional, Casaretto, Juan Carlos Martincorena, Amin Niffouri, Adriana Peña, Juan Martín Rodríguez y Juan Straneo. .
En el Partido Colorado, votaron en contra Gabriel Gurméndez, Juan Martín Jorge, Conrado Rodríguez (todos de
Vamos Uruguay); los cuatro diputados de
Unir para Crecer tampoco votaron las modificaciones, al igual que los dos de
Identidad Soberana y el del
Partido Independiente, Gerardo Sotelo.
Apenas finalizada la votación, el secretario de
Presidencia,
Alejandro Sánchez, celebró en redes sociales que se haya finalmente logrado obtener los votos para la ley madre del
quinquenio. "Se aprobó el presupuesto nacional con 82 votos en 99. Mi saludo a todas las bancadas por apostar al diálogo y construir en conjunto un
proyecto mejor. Me constan las horas, el trabajo y la responsabilidad con la que se desarrolló la tarea. Tenemos un rumbo claro: construir un
Uruguay de oportunidades", escribió.
En la misma línea, el coordinador de bancada del Senado, Daniel Caggiani, destacó que se trataba de un proyecto que tenía como principales desafíos el "
crecimiento, el trabajo, la inclusión, la
educación, la seguridad, la convivencia, la salud y los
cuidados".
"Gracias a los diputados y senadores de distintos partidos políticos por su trabajo, sus aportes y el apoyo", agregó.
Desde el Frente Amplio se considera un logro político y una victoria legislativa haber podido aprobar el
Presupuesto, luego de meses de discusión por los riesgos que conllevaba para un nuevo gobierno de la
coalición de izquierda no contar con la mayoría automática en la cámara baja. En sus tres administraciones anteriores, el Frente Amplio tuvo el voto 50 en Diputados.
Ahora, para aprobar el Presupuesto en primera instancia logró negociar y acordar con
Cabildo Abierto, que cuenta con dos legisladores Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita que dieron su apoyo no solo en este caso, sino también en otros. De aquí en adelante, queda por ver cómo se posicionará el sector liderado por
Guido Manini Ríos a lo largo del resto del período y hasta qué punto el gobierno podrá administrar los disensos y construir consensos con los partidos de la oposición
Reasignaciones y Presidencia
En el Senado se decidieron
reasignaciones por $ 320 millones, unos US$ 8 millones. Estos cambios en el destino de algunas partidas, que los
legisladores oficialistas coordinaron con el MEF, se repartirán de la siguiente forma: $ 30 millones para Fiscalía, $ 20 millones para operadores penitenciarios, $ 10 millones para el
Instituto Nacional de Discapacidad y el Programa Nacional de Viviendas Accesibles, $ 10 millones para institutos del
Ministerio de Educación y Cultura, $ 180 millones para la ANEP, $ 20 millones para la
Universidad Tecnológica (UTEC) y $ 50 millones para la
Universidad de la República. Del total de fondos reasignados, la educación fue la que más recibió.
Uno de los puntos que más tensión y controversia generó en
Diputados fue el aditivo impulsado por la oposición, que buscaba habilitar a los legisladores a realizar pedidos de informes directamente a
Presidencia de la República. A mediados de octubre, en la primera instancia en la cámara baja,
Sebastián Valdomir que la preside había votado a favor de la iniciativa junto a la oposición, pero horas después cambió su voto cuando el artículo fue reconsiderado. Esa acción provocó una dura reacción de la oposición en su momento.
Finalmente, en el Senado se llegó a un acuerdo y se habilitará la posibilidad tras la ratificación en la
Cámara de Representantes."La Presidencia de la República y todas sus reparticiones, a través de ella, deberán proporcionar los datos e informes que soliciten los
legisladores. Los pedidos se tramitarán por escrito y por intermedio del presidente de la cámara respectiva. La información y los datos requeridos deberán ser remitidos en un
plazo máximo de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de recepción formal del pedido por parte del organismo correspondiente. En caso de no responderse en el plazo referido, el peticionante reiterará y la cámara hará suyo el pedido. En este caso, la Presidencia deberá responder en el plazo de 15 (quince) días", establece el
aditivo que tras las negociaciones finalmente fue presentado por el
oficialismo.
En términos generales, las reasignaciones y ajustes introducidos en el
Senado concitaron respaldo de blancos, colorados y
frenteamplistas, lo que permitió que el
Presupuesto fuera aprobado por una mayoría holgada sin grandes reparos o cuestionamientos.
El País, Uruguay
10 de diciembre de 2025
