Cero y van dos: el Congreso hundió la reforma tributaria

La reforma tributaria del Gobierno sufrió un revés definitivo ayer en el Congreso, luego de que la Comisión Cuarta del Senado votara en contra de la ponencia positiva que buscaba darle continuidad al trámite y pusiera fin a las intenciones del Ejecutivo de modificar nuevamente la estructura tributaria del país. La decisión, que se saldó con una votación de nueve a cuatro en la Comisión Cuarta del Senado, implica el archivo del proyecto, ya que bastaba la negativa de una de las cuatro comisiones económicas para frenar por completo la iniciativa que pretendía asegurar recursos claves para 2026. El Gobierno aspiraba a recaudar $16,3 billones con la propuesta, un monto que consideraba indispensable para cubrir el faltante identificado en el Presupuesto del próximo año, sobre el cual quedan nuevas dudas sobre la seguridad de los recursos necesarios para poder implementar los programas sociales e inversiones de la Casa de Nariño. Es por esto que, con el archivo, se abre nuevamente el debate sobre la sostenibilidad fiscal, pues la iniciativa era vista por el Ministerio de Hacienda como necesaria para completar el financiamiento de programas sociales y obligaciones estatales que hoy no cuentan con respaldo presupuestal suficiente. La sesión estuvo marcada por intervenciones críticas de legisladores de oposición que cuestionaron el alcance y el contenido de la reforma; como fue el caso del senador Enrique Cabrales, quien afirmó tras el debate que "se acabaron las movidas del gobierno y logramos convertir la mal llamada ley de financiamiento", señalando que, en su criterio, el proyecto buscaba "empobrecer más a los colombianos, acabar con la empresa" y cargar a los contribuyentes con nuevos costos sin resolver los problemas estructurales del gasto. El representante Christian Garcés sostuvo que el Gobierno permitió un crecimiento "a ritmos desbordados" del gasto de funcionamiento, lo cual, a su juicio, hizo inviable la aprobación de nuevos impuestos. Dijo que "no se pueden aprobar más impuestos, afectar los ingresos de los colombianos, golpear el bolsillo, afectar nuestras empresas" mientras no haya una reestructuración del Estado. Garcés cuestionó también que la propuesta mantuviera tributos considerados sensibles para sectores específicos, como el de bebidas y licores, al señalar que "cargan a un sector con alta informalidad y sin condiciones sólidas para soportar mayores impuestos". La representante Olga Lucía Velásquez subrayó que más de 100.000 contribuyentes que hoy deben alrededor de $22 billones perderán la oportunidad de ponerse al día con la Dian y explicó que la ponencia contenía alivios de intereses, multas y sanciones hasta del 85%, e incluso del 90% en algunas proposiciones, lo que habría permitido normalizar obligaciones tributarias rezagadas. Añadió que cerca de 8.000 empresas con deudas en la UGPP también quedaron sin alternativas inmediatas para regularizar sus pagos; por lo que afirmó con preocupación que "me parece muy triste y lamentable que no le demos esa posibilidad" a quienes buscaban acogerse a un alivio, señalando que muchas de esas compañías aún arrastran secuelas financieras derivadas de la pandemia. La representante Liliana Rodríguez, presidenta de la Comisión Cuarta, también expresó su frustración por no haber podido dar un debate integral sobre el articulado y manifestó que "me queda esa tristeza, porque no le dimos el debate a la ley de financiamiento", insistiendo en que estaba de acuerdo con socializar ampliamente el texto, pero que la decisión final dependía del voto de cada congresista y ya estaba políticamente definida desde antes de la sesión. La senadora Aida Avella, del Pacto Histórico cuestionó duramente a quienes votaron en contra. Señaló que "son los que menos asistieron a las comisiones económicas en su discusión, son los que no conocen la última versión" y aseguró que detrás del archivo hubo intereses políticos que impidieron que llegaran "recursos frescos" que el país necesita. Recordó que el artículo 363 de la Constitución exige un sistema tributario fundado en equidad, progresividad y eficiencia. Afirmó que el proyecto buscaba corregir inequidades, ya que "los que tienen más contribuyan más y los que tienen menos pues menos". Criticó que en Colombia pequeños y grandes empresarios paguen lo mismo y advirtió sobre la concentración de riqueza. Mencionó que el sector financiero registró ganancias por ciento un mil billones a septiembre y que aun así el Congreso decidió no apoyar una reforma que pretendía ajustar su contribución, lo que interpretó como una defensa a "los ricos de este país". Ante la posibilidad de que el Gobierno ahora se la juegue por decretar un estado de emergencia económica, la senadora Angélica Lozano advirtió que la derrota de un proyecto del Gobierno en el Congreso no constituye un hecho extraordinario ni imprevisible que habilite una emergencia económica y resaltó que la falta de votos es parte natural del debate democrático y que, por lo tanto, no puede ser utilizada como argumento para activar facultades excepcionales destinadas solo a situaciones reales de crisis institucional o fiscal. Recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que un estado de emergencia no puede usarse para corregir reveses políticos ni para sustituir el funcionamiento de las ramas del poder y subrayó que un hecho creado por el Gobierno, como la falta de mayorías, no cumple las condiciones de "sobreviniente" o "extraordinario".