Afectar vigencias futuras: un riesgo de $7,1 billones

Frente a la probabilidad de que el proyecto de ley financiamiento o reforma tributaria se cayera, como así sucedió ayer, el presidente Gustavo Petro en redes sociales, aseguró recientemente que se recortarían recursos a vías de cuarta generación (4G). "Hay un hecho sobreviniente: si el Congreso entra en rechazo a la ley de financiamiento, el único recorte de gasto posible es la inversión en carreteras 4G. Eso desploma la economía", aseguró el jefe de Estado en la red X, en referencia la posibilidad de decretar emergencia económica que permita expedir el proyecto. Un corte a la inversión para los proyectos de tercera, cuarta y quinta generación pondrían en riesgo $7,1 billones de vigencias futuras y aumentaría el riesgo de impago a final de año y desincentivaría la confianza de los inversionistas para futuros proyectos y derivaría en múltiples demandas, según expertos consultados por Portafolio. Los proyectos de infraestructura con mayores asignaciones de vigencias futuras se concentran en las concesiones de quinta generación, de acuerdo con cifras oficiales. El Canal del Dique encabeza la lista con $710.970 millones, seguido por la Autopista al Mar 2, que alcanza $434.911 millones, y por la Autopista al Mar 1, con $432.330 millones, en el departamento de Antioquia. También destacan los proyectos como la Conexión Pacífico 1 que registra $347.826 millones, mientras que la vía Mulaló - Loboguerrero, en el Valle del Cauca, suma $339.211 millones. A estos se suma la Autopista Río Magdalena 2, con $326.040 millones, que busca mejorar la conectividad entre Antioquia y Santander. En el grupo intermedio de asignaciones aparecen corredores como Pamplona-Cúcuta, con $312.658 millones; Villavicencio-Yopal, que totaliza $294.524 millones; y la Conexión Pacífico 3, con $287.007 millones. En total, las vigencias futuras suman $7,1 billones, lo que evidencia la magnitud fiscal para la red vial nacional. Fuentes del sector de las concesionarias destacaron que de no pagarse las vigencias, el Estado estaría incumpliendo el contrato y por ende empezarían las demandas y/o tribunales. "Sin perjuicio que esto afectaría la confianza inversionista para los demás proyectos y ocurriría un encarecimiento de la deuda para futuros proyectos, debido a que se incrementa el riesgo de impago", agregaron. Ante la declaración del primer mandatario, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, expuso una serie de advertencias sobre los alcances constitucionales del estado de emergencia económica y los criterios que deben cumplirse para declararla. Según la experta, aunque en el país existe una fragilidad fiscal, esta realidad no equivaldría automáticamente a un escenario que habilite una emergencia económica, señalando que la discusión debe centrarse en las reglas constitucionales, la jurisprudencia y los datos disponibles. Aseguró que el deterioro de las finanzas públicas es "grave, pero estructural y previsible", pues responde a decisiones sobre gasto y deuda acumuladas en el tiempo. Por tanto, afirmó que se trata de un problema que debe corregirse mediante política fiscal ordinaria, no a través de poderes extraordinarios. Otro de los puntos que expuso es que la eventual caída de la ley de financiamiento no puede interpretarse como un hecho extraordinario que habilite un estado de excepción. Según la presidenta de AmCham, el Congreso tiene la potestad de rechazar proyectos del Gobierno, y "perder una votación no habilita un estado de emergencia". Cuestionó la idea de que, si la ley no se aprueba, el país se vería obligado a recortar proyectos de infraestructura 4G con un impacto inmediato en la economía, considerando que ese planteamiento constituye un falso dilema y recordó que el debate debe ser técnico y respetuoso. Señaló que antes de contemplar un estado de emergencia, el Gobierno debe agotar los instrumentos fiscales ordinarios.