Sistema de salud que no podemos pagar
Jorge Restrepo
La práctica fácil de revestir con emociones la discusión pública sirve para ganar elecciones, contiendas partidistas, conversaciones en redes sociales y cohesiona la fanaticada, pero casi siempre conduce a perder oportunidades y a tomar decisiones públicas incorrectas
Jorge Restrepo
La práctica fácil de revestir con emociones la discusión pública sirve para ganar elecciones, contiendas partidistas, conversaciones en redes sociales y cohesiona la fanaticada, pero casi siempre conduce a perder oportunidades y a tomar decisiones públicas incorrectas. El análisis que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sobre la situación fiscal del sistema público de salud y la propuesta de reforma del Gobierno al sistema muestra que no podremos pagarla. ¿Por qué el CARF se pronuncia? Pues por que es su deber según la Ley (1473), que lo obliga a considerar las proyecciones del Gobierno en materia macroeconómica y fiscal, y sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Más allá de las preguntas sobre la pertinencia de esta propuesta al Congreso -si lograría mejorar o no la salud de los colombianos o si excluye al sector privado de la prestación de un servicio esencial en contra de la Constitución- la clave del análisis del CARF está en esa capacidad de pago. Lo primero que encuentra el CARF, es que el financiamiento del sistema público de salud, sin la reforma, tiene ya dificultades fiscales significativas en la próxima década: ese Comité independiente estima que el aporte que tendría que hacer la Nación para equilibrar las fuentes de recursos para pagar el gasto del sector, en ese plazo, aumenta de 2% del PIB en 2025 a 3,7% de PIB en 2036, un 1,7% del PIB en ese período. La reforma, además, encuentra el CARF, no genera nuevos recursos, pero sí nuevos gastos que, por meritorios que sean, aumentan el desbalance fiscal atribuible al sector. El cálculo del CARF con la reforma incluye gastos adicionales para el "fortalecimiento de la red pública", contratación estatal de trabajadores del sistema, prestaciones de maternidad para no cotizantes y rubros menos precisos de "incentivos a la calidad" y "unidades zonales de planificación". Hay hasta un nuevo sistema de información. Todos estos gastos no los consideró el Gobierno en sus cálculos, por lo que es esencial el concepto del CARF. Ojalá fuera previo y vinculante. El problema está en que estos y otros rubros elevan sustancialmente el gasto: el aporte en recursos de la Nación "... requerido para equilibrar las fuentes y los usos del sector salud pasaría de 2% del PIB en 2025 a 4,3% del PIB en 2036, lo que sugiere una posible presión de 2,3% del PIB". Las necesidades de aportes de la Nación para el sector aumentarán en promedio, cada año, con la reforma, en medio punto porcentual del PIB en la próxima década, hasta 2036. No sólo el efecto macroeconómico de la reforma es grande, sino que genera insostenibilidad en las finanzas públicas, pues obliga a aumentar la deuda o los impuestos en esa proporción. No es con calificativos a los cálculos y a quienes los hacen -de iliberal o neoliberal- como podemos construir una reforma a la salud buena. Es más simple: como no podemos pagarla (al igual que los tales aviones) el Congreso no debe aprobarla.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.