La emergencia económica no soluciona crisis fiscal del país

Luego de que se cumplieran los vaticinios que decían que la ley de financiamiento o reforma tributaria del presidente Gustavo Petro se iba a hundir en el Congreso, el nuevo debate que se abrió en el país gira alrededor del camino que seguirá el Ministerio de Hacienda para asegurar los $16,3 billones que le hacen falta en las cuentas de gasto (2026). Si bien los analistas y el mercado han sido insistentes respecto a que lo mejor es recortar el gasto y evitar que la deuda y el déficit sigan creciendo, la mira del Ejecutivo parece estar en otra alternativa, concretamente, la declaratoria de una emergencia económica, para impulsar por decreto, los cambios tributarios que impulsaba con esta iniciativa. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo referencia a este escenario al sostener que la caída de la ley deja "un vacío importante en la estructura de ingresos" que había sido previsto desde la aprobación del Presupuesto General de la Nación y recordar que meses atrás el Congreso aprobó el plan de gastos del próximo año con el entendimiento explícito de que una porción de esos recursos debía llegar a través de una ley de financiamiento. Ante esto, insiste en que ahora se generó un desequilibrio fiscal que debe ser atendido, dado que en desarrollo de la discusión legislativa, el Gobierno redujo su propuesta inicial de recaudo de $26,3 billones a $16,3 billones, con el argumento de incorporar criterios de progresividad y retirar medidas sensibles para la ciudadanía, como el incremento en los combustibles. Desde el Congreso, una de las voces más críticas fue la de la senadora Angélica Lozano, quien dejó claro que la caída de una reforma no puede considerarse un hecho sobreviniente, dado que la negativa a un proyecto del Gobierno "no constituye un hecho extraordinario ni imprevisible, y por tanto no habilita la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica". En este sentido, recordó que la Corte Constitucional ha insistido en que estos instrumentos no son para corregir derrotas legislativas y citó decisiones de la Corte, como las sentencias C-122 de 1997 y C-383 de 2023, en las que se advierte que los estados de excepción no pueden utilizarse para sustituir el funcionamiento natural de las ramas del poder público. "La decisión de una rama del poder (el Legislativo) no puede constituirse en causa habilitante para que otra rama (el Ejecutivo) active poderes excepcionales que la Constitución reserva para circunstancias extraordinarias e imprevisibles", manifestó. El sector empresarial también reaccionó con preocupación. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostuvo que el país "no tiene condiciones para decretar una emergencia económica" y recordó que el Gobierno ha aumentado el presupuesto en más del 50% nominal en tres años, elevando el gasto estatal, la deuda y el déficit; al tiempo que puso sobre la mesa que los colombianos ya pagarán más impuestos en 2025 debido a anticipos tributarios definidos vía decreto. El líder gremial reiteró que las tasas impositivas de Colombia están entre las más altas del mundo y que las familias y empresas no tienen capacidad para financiar más cargas. Cuestionó que la ley hundida se promocionara como una propuesta progresiva, cuando incluía impuestos al patrimonio más altos, gravámenes a motocicletas y automóviles, aumentos en impuestos a licores, cigarrillos, vapeadores y nuevas cargas para plataformas digitales y servicios de computación en la nube. Era una caída esperada En medio del debate, otra voz técnica que tomó distancia de la emergencia económica fue la del exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, para quien el hundimiento de la reforma era previsible debido a una "mala planificación fiscal y presupuestal" del Gobierno, dado que el presupuesto aprobado estaba desfinanciado en al menos $45 billones y aun así fue presentado sin un plan creíble para cubrir ese faltante. Por ello considera que el Ejecutivo debe ajustar el gasto y no acudir a medidas excepcionales. Restrepo insistió en que la emergencia solo procede ante hechos extraordinarios, no cuando el Gobierno "sabía de antemano" que el presupuesto era inviable; por lo que advirtió que sería una "fabricación de emergencia" usar un desbalance previsto para justificar la activación de poderes excepcionales; mientras que a su juicio, el único camino responsable es recortar el gasto de funcionamiento, reducir burocracia, revisar inversiones ineficientes y mejorar la confianza para bajar el costo de financiamiento del país. Una posición similar fue expresada por Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien recordó que los $16,3 billones representan menos del 3% del Presupuesto General de la Nación, que asciende a $547 billones y sostuvo que "resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal". Según él, la consecuencia lógica es realizar un recorte presupuestal como el que ya tuvo que ejecutarse este año, también por la no aprobación de una reforma similar.
El ministro Ávila señaló que la versión final de la iniciativa buscaba concentrar el esfuerzo tributario en "los sectores de más altos ingresos y el sector financiero", lo que a su juicio hacía viable obtener recursos sin afectar a los hogares; por lo que el rechazo de la norma los obliga a buscar alternativas urgentes para evitar que el presupuesto aprobado quede sin soporte financiero. Según el ministro, la ausencia de estos ingresos puede traducirse en menores recursos para programas sociales, inversión regional, subsidios y atención de obligaciones del Estado, incluyendo parte del pago de la deuda pública. Así las cosas, la posibilidad de declarar una emergencia económica, prevista en el artículo 215 de la Constitución, quedó de inmediato sobre la mesa.