Calificación de Fitch: crónica de una rebaja anunciada

Más que un baldado de agua fría, la rebaja de la calificación para Colombia por parte de Fitch, marca el cumplimiento de los vaticinios que se venían haciendo desde mediados de este año, cuando la calificadora ya había advertido que la trayectoria fiscal del país se estaba alejando de los estándares de sus pares. La decisión de bajar la nota de ‘BB+’ a ‘BB’, con perspectiva estable, no sorprendió a los analistas, pero sí profundizó el debate sobre el rumbo de las finanzas públicas y la fragilidad de la confianza inversionista. Y es que no es para menos, dado que el diagnóstico de Fitch es contundente y gira alrededor de un problema estructural: la persistencia de grandes déficits fiscales que seguirán empujando al alza la deuda pública en los próximos años, pese a que la recomendación del mercado ha estado orientada a entender que no hay plata y es necesario un nuevo apretón. Para la calificadora, la falta de un ancla fiscal creíble, sumada a la creciente rigidez del gasto y a las limitaciones políticas para aprobar medidas de recaudo, deteriora las perspectivas de consolidación fiscal incluso más allá de las elecciones de 2026, independientemente de quién llegue al poder. Esa lectura es la que termina inclinando la balanza hacia la rebaja. Fitch estima que el déficit del Gobierno Central cerrará 2025 en 6,5% del PIB, un nivel significativamente mayor al que anticipaba a finales de 2024 y apenas inferior al de 2024, cuando alcanzó 6,7% del PIB. Esta leve mejora, sin embargo, no responde a un ajuste estructural, sino al efecto contable de las recompras de deuda realizadas por debajo de la par, que reducirían temporalmente el pago de intereses. Aun así, el gasto primario crecería 13% este año, llevando el déficit primario a 2,9% del PIB. El panorama se torna aún más complejo hacia 2026, ya que Fitch proyecta que el déficit del Gobierno Central se ampliará hasta 7,5% del PIB, muy por encima de la meta presupuestaria oficial de 6,2%, principalmente por la normalización de la carga de intereses, la dificultad para hacer ajustes significativos en el gasto y la fragmentación política. Uno de los elementos que más preocupa a la calificadora es la rigidez del presupuesto, punto en el que estima que cerca del 88% del gasto público está comprometido en salarios, pensiones, transferencias e intereses, que reduce el margen para ajustar las cuentas sin tocar la inversión. Fitch espera que la deuda consolidada del Gobierno General pase de 59% del PIB en 2025 a 62,8% en 2027, superando ampliamente la mediana de 54,4% de los países ‘BB’. Aunque la relación intereses-ingresos bajaría de forma transitoria en 2025, hasta 12,9%, por efecto de las recompras, volvería a escalar con fuerza en 2026, hasta 15,4%, un nivel muy superior al promedio de sus pares. A esto se suma la vulnerabilidad cambiaria, dado que el 32% de la deuda está en moneda extranjera. Fitch reconoce que Colombia mantiene fortalezas importantes, como un historial de estabilidad macro y financiera respaldado por un banco central independiente. Pero estas fortalezas ya no compensan el deterioro fiscal y el crecimiento seguiría siendo modesto, con una expansión de 2,7% en 2025 y 2,9% en 2026, apoyada en el consumo y una recuperación incipiente de la inversión, que aún se ubica en 17% del PIB, muy por debajo de su promedio histórico de 22%. Finalmente, aunque la inflación viene cediendo, Fitch prevé que cierre 2026 en 4,5%, aún por encima de la meta, lo que llevaría al Banco de la República a subir las tasas en 100 puntos básicos; mientras que en el frente externo, el déficit en cuenta corriente aumentaría a 2,9% del PIB, aunque sería financiado por una inversión extranjera cercana a US$13.000 millones. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, señaló que "la deuda crece porque el gobierno aumentó el déficit", al tiempo que cuestiona la suspensión de la regla fiscal, argumentando que las malas señales a los inversionistas explican el aumento del costo de la deuda. "No hay hechos excepcionales que justifiquen una emergencia económica y el camino responsable pasa por un recorte de gasto", asegura. César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, sostuvo que "gran parte de este efecto ya está incorporado" en variables como tasas de interés, tipo de cambio y prima de riesgo. Sin embargo, advirtió que el golpe más fuerte es estructural, porque la pérdida de confianza "inhibe la inversión" y afecta el crecimiento, el empleo y la capacidad de reducir la pobreza en el largo plazo. Andrés Langebaek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar, señaló que la decisión de Fitch "es un llamado a la comunidad financiera del mundo y al propio gobierno colombiano" sobre el deterioro fiscal. En su lectura, el resultado práctico será un mayor costo de financiamiento, tanto para el sector público como para el privado, con efectos directos sobre tasas de interés de largo plazo, incluidos los créditos hipotecarios, que los hogares sentirán en su vida cotidiana. Desde el Gobierno, el Ministerio de Hacienda defendió su gestión y destacó avances en consolidación fiscal durante 2025, con un déficit menor al previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, una reducción del gasto en intereses y una estrategia activa de manejo de deuda que habría reducido el saldo nominal en cerca de $30 billones. También resaltó el buen desempeño macroeconómico, con crecimiento y empleo.
Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, señala que la rebaja de Fitch era esperada y estaba incorporada en los precios de mercado y es favorable que la calificadora mantuviera la perspectiva estable, a diferencia de Standard & Poor’s, pero puso sobre la mesa que la próxima revisión dependerá de las elecciones y la capacidad del nuevo gobierno para presentar un plan fiscal creíble. Con todo, el mensaje de fondo que deja Fitch apunta a que la rebaja no fue un accidente ni un choque inesperado, sino la consecuencia de una trayectoria fiscal que genera dudas sobre su sostenibilidad. Superado el anuncio, el desafío ahora es recuperar la credibilidad ante los mercados, una tarea que exigirá señales de disciplina fiscal, decisiones políticas difíciles y un plan creíble que permita estabilizar la deuda, pero recaerá en el próximo gobierno.