Inmobiliaria del grupo Angelini demanda al municipio de Viña del Mar tras orden de demolición de instalaciones, lo que afectaría el saneamiento del terreno para proyecto inmobiliario

"Ordénase la demolición total de las edificaciones de un piso de altura de aproximadamente 300 m {+2} construidos habitables, consistente en contenedores para oficina, camarines, comedor y medidas de control de residuos de faenas contaminantes en una superficie sobre radier y bodega de acopio de sustancias químicas fundadas sobre losa".
Eso señala el decreto de demolición N° 13.834 del 11 de noviembre de 2025, firmado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, que afecta a las instalaciones de la inmobiliaria Las Salinas -ligada a Empresas Copec del Grupo Angelini-, ubicadas en Avenida Almirante Jorge Montt. En esa zona, la compañía busca rehabilitar un terreno costero de cerca de 16 hectáreas, donde operaron instalaciones de almacenamiento de combustibles y petroquímicos, desde 1919 hasta 2003. Ello, para levantar posteriormente un proyecto urbano-inmobiliario de más de US$ 1.000 millones de inversión, el más grande en desarrollo en Chile.
Ante la decisión del municipio, Las Salinas presentó el miércoles una demanda contra la Municipalidad de Viña del Mar, por el decreto alcaldicio que instruyó "de manera equívoca y con fundamentos arbitrarios" -dijo la empresa-, la demolición de las instalaciones de faena del proyecto.
Añadió que es "una decisión incomprensible que ataca la normal continuidad de un proyecto de regeneración ambiental clave para la ciudad, la región y el país, pues esas instalaciones transitorias son requisito para cualquier obra".
La acción judicial fue interpuesta por Las Salinas ante el Juzgado de Letras de Viña del Mar. La firma señaló que "es hoy la única vía disponible para evitar una medida que desconoce el respaldo ambiental, técnico y judicial con que cuenta el proyecto de descontaminación, que se ha ejecutado de manera continua, fiscalizada y conforme a la ley".
La inmobiliaria afirmó que "es absurdo ordenar la demolición de instalaciones provisorias que ya fueron aprobadas para la ejecución del proyecto de saneamiento ambiental. No es razonable seguir forzando interpretaciones administrativas que terminan impidiendo precisamente aquello que el proyecto busca resolver: la descontaminación del terreno". A la vez, indicó que "argumentar que se requiere un permiso de edificación idéntico al de una obra definitiva o proyecto de construcción para una instalación provisoria destinada a la remediación, da cuenta no solo de la desproporción de lo decidido por el gobierno local, sino de una contradicción evidente: se exige que cuente con un suelo descontaminado a un proyecto que está precisamente trabajando en saneamiento".
La compañía recordó que "esta nueva acción del municipio, que se suma a otras que ha ejercido previamente, intenta poner en riesgo una inversión de largo plazo". El decreto alcaldicio señala que la inmobiliaria tiene 20 días corridos para efectuar la demolición desde la notificación.