Emergencia económica desata pulso por inconstitucionalidad

Christian Quiñónez, exsubdirector de la Dian, fue contundente al sostener que la emergencia económica "no existe" y que habría sido "fabricada" por el Gobierno debido a proyecciones fiscales equivocadas. Señaló que el impuesto al patrimonio para personas con patrimonios superiores a $2.000 millones sería "confiscatorio" y alejado de la realidad económica del país. También afirmó que el nuevo 5 x 1.000 afectaría de forma transversal el flujo financiero de personas y empresas. El Ministerio de Hacienda defiende la estrategia como necesaria para asegurar ingresos en 2026, pese a que el sector productivo deja en claro que el esfuerzo tributario no será suficiente si no está acompañado de estabilidad jurídica y disciplina en el gasto.
El debate por el camino fiscal que tomaría Colombia en 2026 dio un giro mayor el viernes, tras conocerse el borrador de decreto que alista el Ministerio de Hacienda, para financiar el Presupuesto General de la Nación a través de nuevas medidas tributarias. La confirmación de una emergencia económica para poner en marcha estos cambios abrió un frente jurídico, político y empresarial, mientras el país intenta anticipar el impacto real de esta estrategia fiscal de choque. Aunque el Gobierno no ha publicado el decreto definitivo, el borrador dejó ver el alcance de los tributos que se aplicarían mediante dicha emergencia. Se conoció la ampliación del impuesto al patrimonio, que incluiría por primera vez a las empresas, el aumento del gravamen a los movimientos financieros al 5 x 1.000, un IVA del 19% para juegos de azar en línea, un alza en el impuesto al consumo de licores y tabaco y la creación de un tributo especial para la extracción y venta de petróleo y carbón. De inmediato hubo fuertes reacciones, y empresarios, gremios y expertos tributarios han puesto sobre la mesa advertencias tanto económicas como jurídicas, empezando por la discusión central frente a si hay o no sustento constitucional para declarar una emergencia económica, mientras que el aumento del recaudo vía decretos extraordinarios que entrarían a regir durante la vacancia judicial generó preocupación sobre los efectos que este método tendría en la seguridad jurídica y en el equilibrio institucional. Petición a las

altas cortes El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, consideró que la declaratoria de emergencia sería una decisión equivocada y sin respaldo constitucional. A su juicio, no existen "hechos sobrevinientes, extraordinarios, imprevisibles y graves que amenacen de manera inminente el orden económico o social del país y que no puedan ser afrontados mediante las herramientas ordinarias del Estado" e insistió en que el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento no constituye un hecho excepcional, sino parte del funcionamiento democrático. Señaló que perder una votación parlamentaria "no habilita el uso de poderes excepcionales ni justifica la concentración transitoria de funciones en el Ejecutivo". Además, llamó la atención sobre el deterioro en la confianza ciudadana frente al gasto público y la ejecución estatal, afirmando que "antes de pedir más dinero, el Gobierno debe demostrar resultados, austeridad y transparencia". Desde la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce Mac Master advirtió que el Gobierno anunció la declaratoria de emergencia económica justo antes del receso judicial, lo que impediría que un ciudadano pueda impugnar el decreto ante las altas cortes hasta que éstas regresen de vacaciones. Mac Master explicó que, por la presunción de legalidad, los colombianos tendrían que pagar los impuestos creados por decreto mientras se resolviera su constitucionalidad. Desde su perspectiva, resulta especialmente preocupante que se recurra a una emergencia para implantar nuevos gravámenes cuando no se observan causas extraordinarias que lo justifiquen. Debido a ello, envió una carta a la Corte Constitucional para que no descarte sesionar de forma extraordinaria, en caso de que esto llegue a suceder. Para la Asociación Colombiana de Minería, la posible declaratoria de emergencia sería problemática desde el punto de vista institucional. El gremio señaló que se trataría del tercer estado de excepción en menos de tres años, lo que "desconoce el espíritu de la Constitución de 1991" y su presidente, Juan Camilo Nariño, afirmó que la emergencia es una figura reservada a situaciones imprevisibles y ajenas al control del Estado, y no debe convertirse en un mecanismo ordinario para resolver desequilibrios fiscales. Nariño calificó como inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe de forma recurrente y que, después, pretenda justificar una emergencia económica basada en esa dinámica. "Gobernar a punta de estados de excepción abre un precedente gravísimo para el país" y por eso hizo un llamado a que cualquier discusión fiscal se tramite por las vías democráticas y con respeto al rol del Congreso, enviando una señal de estabilidad institucional. Un impacto que será

severo al bolsillo Cabe resaltar que las alertas no solo se concentran en el plano jurídico y que desde la óptica tributaria, los efectos sobre el bolsillo de los colombianos y la liquidez empresarial generan inquietud marcada. Juan Carlos Arbeláez, socio de impuestos de Crowe Co, advirtió que el aumento temporal del 5 x 1.000 encarecerá el uso del sistema bancario y reducirá la liquidez para hogares, trabajadores independientes y pequeños comercios. Según dijo, cada pago electrónico sería más costoso y presionaría el gasto. También señaló que los ajustes al impuesto al consumo de licores, vinos, tabaco, vapeadores y dispositivos electrónicos aumentarían precios finales en bienes de alta demanda, lo que "tendría un impacto regresivo sobre los hogares". A su juicio, la eliminación de beneficios como el que tenía el juego en línea confirma un giro hacia una base tributaria más amplia, lo cual impactaría la operación digital del sector apostador. En el frente empresarial, Arbeláez expresó preocupación por el impacto estructural del impuesto al patrimonio ampliado a personas jurídicas, ya que grava activos acumulados independientemente de rentabilidad o desempeño y destacó que esto afectaría balances financieros, decisiones de inversión y márgenes de crecimiento, especialmente en sectores intensivos en capital.