‘La salud necesita con urgencia ajustar la UPC’

Los colectivos Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud señalaron que corregir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2026 es una urgencia ante el deterioro operativo y financiero del sistema de salud, que se refleja en interrupciones de tratamientos, restricciones en medicamentos, precarización laboral y un aumento sostenido de acciones judiciales. Las organizaciones, que integran usuarios, pacientes, profesionales, instituciones prestadoras, EPS, universidades y centros de pensamiento, afirmaron que el impacto ya se traduce en consecuencias irreversibles documentadas por entidades de control, organizaciones de pacientes y fallos judiciales. Las agrupaciones indicaron que "la crisis no es una percepción", al destacar que Fecoer ha alertado sobre la muerte de miles de personas con enfermedades huérfanas y que la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales denuncia una "crisis sanitaria sin precedentes", marcada por barreras de acceso e incumplimientos reiterados de órdenes judiciales. La entidad acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar ante lo que describe como una transgresión sistemática del derecho fundamental a la salud. La Procuraduría General de la Nación ha advertido en varias comunicaciones sobre la vulneración masiva de derechos y la pérdida de sostenibilidad financiera. Entre 2022 y 2025 aumentaron de manera exponencial las quejas y las tutelas. En 2024 se registraron 1,6 millones de quejas y más de 265.000 tutelas, cifras que reflejan una presión creciente sobre un sistema cuya deuda acumulada supera los $32,9 billones. Según los colectivos, este escenario pone en riesgo la continuidad de la atención en las EPS, IPS y redes de servicio. Las organizaciones enfatizaron que el Gobierno Nacional debe cumplir integralmente el Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordena garantizar la suficiencia de la UPC, aplicar la metodología de cálculo de manera correcta y asegurar el flujo oportuno de los recursos. Señalaron que "el incumplimiento no es un debate técnico", sino una vulneración directa del derecho fundamental a la salud, con posibles consecuencias jurídicas para los responsables. Con base en análisis técnicos del sector, sustentados en información oficial del Ministerio de Salud, los colectivos aseguran que la UPC 2026 debe ajustarse en un rango entre el 15% y el 17,33% para reflejar el costo real de los servicios, la inflación y el incremento en la utilización. Advirtieron que mantener una UPC insuficiente profundiza el deterioro operativo del sistema de salud, incrementa las tutelas y compromete la vida de los pacientes. "Corregir la UPC 2026 no es opcional: es un deber constitucional, institucional y humanitario", señalaron. Los colectivos del sector de la salud solicitaron al Gobierno Nacional acciones inmediatas. Enfatizaron que se requiere poner a los pacientes en el centro "evitando que la inacción siga costando vidas", corregir técnicamente la UPC 2026 para garantizar su suficiencia, proteger las condiciones laborales del talento humano en salud y atender las advertencias de la Procuraduría sobre vulneraciones de derechos. También pidieron mayor transparencia y rendición de cuentas en las decisiones relacionadas con la financiación del sistema de salud. Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud concluyeron que la situación actual demanda decisiones urgentes para asegurar la continuidad de tratamientos, el abastecimiento oportuno de medicamentos y la estabilidad de la red de prestación. Señalaron que la evidencia disponible, así como las cifras de quejas, tutelas y deudas, confirma que la crisis tiene efectos directos sobre los pacientes y que la corrección de la UPC 2026 es una condición indispensable para proteger la vida, la dignidad y el derecho efectivo a la salud de la población.