Un abogado y un escribano contratados por la firma española fueron hasta la sede del Ministerio de Defensa para notificar a la cartera de las intenciones de iniciar acciones legales.
El anuncio que hizo el
presidente de la República, Yamandú Orsi, el 22 de octubre pasado, cuando comunicó que el gobierno comenzaría a dar los pasos necesarios hacia la rescisión del contrato que el Estado había firmado en el período pasado con el
astillero español Cardama -por el cual se estipulaba la construcción y entrega a Uruguay de dos patrulleros oceánicos por 82 millones de euros- dio inicio a un primer capítulo de varios. Hasta ahora, el caso ha tenido declaraciones cruzadas entre el gobierno del Frente Amplio y el
director del astillero, Mario Cardama, y un intenso duelo entre oficialismo y oposición, que implicó hasta una interpelación que llevó adelante días atrás el senador nacionalista Javier García -ministro de Defensa durante el anterior gobierno y el principal responsables de la decisión de la adquisición los dos buques- a la actual titular de Defensa, Sandra Lazo.
Ahora, más de dos meses después de aquel anuncio de Orsi en la Torre Ejecutiva, y luego de conocerse varias decisiones adoptadas desde entonces por el gobierno -como la contratación de Bureau Veritas, una empresa certificadora belga con sede en Francia, para inspeccionar el proceso de construcción de ambos barcos-, fue Cardama la que dio, en respuesta al Estado, su principal movimiento.
Un equipo jurídico del astillero, conformado por representantes legales (incluido un escribano), se hizo presente en la sede del Ministerio de Defensa en las últimas horas. Según supo El País, mantuvieron una reunión con Lazo y allí comunicaron que la firma de Galicia había dado las instrucciones para iniciar el proceso judicial con miras a entablar una demanda civil contra el Estado uruguayo.
En concreto, fueron a notificar a la cartera que ya estaba fijada, para marzo, una audiencia de conciliación entre las partes, confirmó una fuente de Defensa.
El paso que se seguirá ahora es el establecido por ley. En el artículo 293 del Código General del Proceso, donde se regula el procedimiento a seguir cuando surgen diferendos civiles, se establece que "antes de iniciar cualquier proceso deberá pedirse audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandado, el que será citado en su domicilio".
Los pagos
En los últimos días, tanto la ministra Lazo como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que ha liderado al menos públicamente los argumentos del gobierno para ir camino a la rescisión, manifestaron que las posibilidades de que se pague el tercer hito del contrato -que se concretaría con la instalación de los motores de la corporación estadounidense Caterpillar al primer patrullero- es muy improbable.
Hasta el momento, la información con la que cuenta la administración es que el astillero español no podría cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo firmado en diciembre de 2023.
En teoría, ese pago está proyectado para que se dé en enero o febrero de 2026, a través de una carta de crédito abierta a principios de este año por un valor de 28.794.500 euros en el Banco República. En caso de materializarse sería el último mediante este mecanismo de desembolso, por un valor de 8.227.000 euros. Hasta el momento, el Estado ha pagado 28.794.500 euros al astillero.
Sin embargo, Lazo manifestó, en línea con lo que ha defendido el oficialismo, que en caso de que Cardama incumpla con el plazo pactado "el contrato estaría cayendo".
Luego de constatado por parte del gobierno que la garantía de fiel cumplimiento que había presentado Cardama era apócrifa y había sido emitida por una empresa "fantasma o de papel" (Eurocommerce), el gobierno ha seguido dando varios pasos a nivel jurídico y administrativo, incluso con una denuncia penal -sobre la que ya trabajaba la Fiscalía- que ha sido ampliada más de una vez.
Pero además de los cuestionamientos por "fraude" en relación a la documentación que entregó el astillero, con el correr de las semanas también se ha criticado por parte las autoridades uruguayas la calidad y la capacidad de la empresa contratada para poder construir patrulleras oceánicas funcionales y adecuadas para custodiar el mar territorial nacional.
Según ha trascendido públicamente, el ensamblamiento del acero de la primera patrulla oceánica viene con atrasos con respecto a lo previsto. Para el gobierno uruguayo, tanto el contrato como la constitución de las garantías que presentó la firma española -que demoró más de 11 meses en hacerlo cuando tenía un plazo de 45 días- ha sido un proceso viciado de sucesivas irregularidades, e incluso la bancada del Frente Amplio tiene en carpeta la posibilidad de impulsar una comisión investigadora cuando acabe el receso parlamentario y se retomen las actividades legislativas.
Acciones legales
Aunque luego de la conferencia del 22 de octubre el dueño del astillero, Mario Cardama, realizó diversas declaraciones a la prensa -entre ellas a El País- en las que aseguró haber sido también víctima de una estafa, posteriormente optó por el silencio y no volvió a pronunciarse al respecto.
En ese interín, según confirmaron jerarcas de gobierno, hubo un intento de mediación entre el Poder Ejecutivo y la empresa, que contrató para su representación al excanciller y exsecretario de Presidencia, Gonzalo Fernández. Sin embargo, las negociaciones fracasaron debido a que el gobierno no aceptó las condiciones planteadas por la firma.
En el único pronunciamiento oficial que ha hecho la empresa gallega, en un comunicado de prensa difundido el 26 de octubre, el astillero llamó al "diálogo para encauzar el proyecto", sin embargo advirtió que en "ausencia de dicha instancia" se reservaba el derecho a ejercer las acciones legales que entendiera correspondientes para la protección de los que considera sus "legítimos derechos e intereses".
El País, Uruguay
26 de diciembre de 2025
