Acusan "amarre ideológico" tras orden de que reglamentos escolares tengan "enfoque de género"
Afirman que hay una "intervención grotesca" en los proyectos educativos y que se trata de un intento por imponer la agenda valórica del Gobierno, a pocas semanas de que se acabe la gestión.
La nueva circular sobre reglamentos internos de la Superintendencia de Educación es del 23 de diciembre, tiene 69 páginas y la palabra "género" aparece 76 veces, instalándose como eje transversal que deberá ser adoptado en los reglamentos de todos los colegios del país de forma inmediata. Así, el Ejecutivo, entrando en su recta final, ahora "amarra" un tema ideológico, aseguran críticos de la medida.
Esto, porque el texto ordena que la elaboración y aplicación de los reglamentos, y "toda medida" que afecte a la comunidad educativa, "debe considerar la variable de género".
Los establecimientos, instruye, "deberán procurar que el lenguaje de sus reglamentos internos sea claro en el reconocimiento de las mujeres y de las identidades sexogenéricas, así como de su posibilidad de participación, evitando su invisibilidad en el lenguaje, que genere exclusión, dudas o ambigüedades sobre su posibilidad de participar en igualdad".
Una segunda circular sobre medidas formativas y disciplinarias cita, para ello, "buenas prácticas basadas en un enfoque de género", incluyendo "la erradicación de estereotipos".
El Gobierno ya enfrentó un conflicto por su agenda de educación sexual, cuando la discusión por una guía y orientaciones en sexualidad afectiva derivó en anuncios de interpelación y acusación constitucional contra el entonces ministro Marco Antonio Ávila, en 2023.
Preocupación entre sostenedores
Para Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares de Chile (Conacep), "este es un claro amarre ideológico. Todo lo que no pudieron instalar en el primer proceso constituyente, porque fracasaron, hoy lo están metiendo por una vía reglamentaria (...). Es una intervención grotesca de los proyectos educativos y limita las facultades de los sostenedores".
Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), agrega: "Defendemos con fuerza la pluralidad de los proyectos educativos y, por lo tanto, la libertad de gestión de los colegios (...). Nos preocupa mucho el momento en que se envían estos documentos, están fechados algunos el día antes de Navidad, cuando por ley los educadores y los asistentes de la educación salen de vacaciones. Entonces, la posibilidad de reaccionar es prácticamente nula". Conacep y Fide agrupan unos 600 y 800 establecimientos, respectivamente, pero ninguno fue consultado por la superintendencia antes de publicarse el documento.
María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, acota que, "existiendo un proyecto de convivencia escolar en el Congreso, resulta al menos cuestionable que materias de esta entidad se pretendan resolver por secretaría, mediante una interpretación administrativa de la ley, en lugar de esperar la deliberación democrática".
"La superintendencia empieza a hacer un amarre al ponerse a dictar normas de efecto prácticamente inmediato, y literalmente el día de Navidad. Eso no es solo imprudente, es de mal gusto y muestra que han hecho bastante poco y eligen el último minuto para dar rienda suelta a una agenda ideológica", remata Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
"Sin efecto de manera inmediata"
El senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión de Educación, sostiene que "el Gobierno quiere imponer su agenda ideológica a través de decreto, y eso es muy grave, porque finalmente está actuando de manera autoritaria, sin diálogo, sin transparencia, porque no se hace partícipe a los demás actores del sistema. Es un amarre ideológico. Le vamos a solicitar al Presidente (de la República) entrante que lo deje sin efecto de manera inmediata, a contar del 11 de marzo".
Stephan Schubert (P. Republicano), integrante de la misma instancia de la Cámara Baja, cuestiona que los documentos que ha dictado el Ejecutivo han sido "principalmente con su mirada ideológica, para lograr de manera administrativa lo que no logró cambiando la Constitución, porque no pudo, o lo que no logró a través de leyes. Y ahora lo hace a través de este tipo de resoluciones".
Su par, Marcia Raphael (RN) puntualiza que "esta imposición, disfrazada de inclusión, evidencia un sesgo ideológico que busca imponer una perspectiva ideológica sobre todos los centros educativos del país".
Cataldo: "No nos corresponde"
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), indicó que "la superintendencia es la responsable de finalmente explicar cuáles son sus dictámenes de sentencia, y a partir de eso, estar mirando siempre que lo que dice la superintendencia esté apegado a la norma". En cuanto al debate público que debiera darse sobre un tema de esta índole antes de definirlo vía administrativa, indicó que "quizás lo hay (debate). Eso es un diálogo que tiene la superintendencia con los propios sostenedores. A nosotros no nos corresponde como ministerio".
Loreto Orellana, superintendenta de Educación, respondió por escrito que para estas circulares "se realizó un trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación, que a su vez desarrolla permanentemente instancias participativas".
Y acotó que "la legislación vigente no establece que ningún órgano fiscalizador deba efectuar consultas previas sobre determinados asuntos que regulará a las propias entidades que posteriormente serán objeto de su fiscalización, lo que no obsta a que en algunos casos se pueda realizar".
RecepciónEl documento fue presentado en pleno receso legal de los colegios, dejando a los sostenedores sin espacio para presentar observaciones.
''Es un amarre ideológico. Le vamos a solicitar al Presidente entrante que lo deje sin efecto de manera inmediata".
GUSTAVO SANHUEZA (UDI) SENADOR
''La legislación vigente no establece que ningún órgano fiscalizador deba efectuar consultas previas sobre determinados asuntos que regulará".
LORETO ORELLANA SUPERINTENDENTA DE EDUCACIÓN
Mineduc cuestiona cifras del informe de Contraloría sobre matrículas SAEEl ministro Nicolás Cataldo cuestionó las conclusiones del informe de la Contraloría sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que detectó más de 31 mil matrículas obtenidas fuera del "Anótate en la Lista". Dijo que existen "dudas respecto a cuál es la metodología utilizada", afirmando que parte de los casos correspondería a alumnos de nivel parvulario y de educación de adultos, que no forman parte del SAE.
Aseguró que tendrán una reunión con Contraloría para revisar cómo se construyó la cifra y "no poner en riesgo el instrumento".
El cuestionamiento se suma a críticas previas del Ejecutivo al órgano contralor, como ocurrió tras un primer informe de la entidad, que para su estudio hizo postulaciones a colegios, a través del SAE, con RUT de personas fallecidas.