El problema laboral y sus causas

En los inicios de la administración Boric, una de las grandes expectativas era la normalización de un mercado laboral golpeado tanto por la violencia desencadenada a partir de octubre de 2019 como por las medidas sanitarias frente a la pandemia (2020-2021). Sin embargo, a diferencia de parte importante del mundo, las condiciones laborales en Chile aún no recuperan los niveles ni el dinamismo previo a ambos shocks .
La más reciente encuesta de empleo del INE ilustra nuestro retraso laboral. Mientras en el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2019 se registraba un total de 9.045.363 ocupados, para el mismo trimestre, pero de 2025, la cifra se eleva a solo 9.401.582. Es decir, un aumento de 3,9% (equivalente a una tasa de crecimiento anual de solo 0,6%), casi la mitad del crecimiento de la población en edad de trabajar (7,0%) y también inferior al de la fuerza de trabajo (5,6%). Sin embargo, la población desocupada pasó de 676 mil a 864 mil, un crecimiento de 27,8% en seis años.
Lo anterior explica que, respecto del 2019, las últimas cifras del INE den cuenta de un deterioro en las tres principales estadísticas laborales: aumento en la tasa de desocupación (desde el 7% hasta el 8,4%), caída en la tasa de ocupación (58,4% a 56,7%) y reducción en la participación laboral (62,8% a 61,9%).
Se podría argumentar que, dada la caída de fuerza de trabajo durante la pandemia (en su punto más álgido descendió un 16%), era difícil para el actual Gobierno normalizar las cifras. Sin embargo, la evidencia de varios países de la región (por de pronto, Argentina y Brasil) demuestra que ya en 2024 las tasas de ocupación habían recuperado sus niveles de 2019. Adicionalmente, en el trimestre móvil enero-marzo de 2022, la fuerza de trabajo en Chile solo estaba 2% abajo respecto de septiembre-noviembre de 2019, lo que ofrecía a la nueva administración una oportunidad de activar el mercado laboral.
Pero la oportunidad fue largamente desaprovechada. Según el INE, entre enero-marzo de 2022 y septiembre-noviembre de 2025, la fuerza de trabajo creció un 7,6%, por encima de la población ocupada (6,9%). Por su parte, en el mismo período, el número de desocupados pasó de 744 mil a 864 mil: un aumento de 16,2%. A esto se agregan 35 reportes mensuales consecutivos con tasas de desempleo de al menos 8% (con aún peores números entre las mujeres), un triste récord que será difícil de superar por cualquier gobierno futuro.
Similar conclusión se alcanza al examinar la creación de empleo. A la fecha, el número de puestos de trabajo creados alcanza los 604 mil (desde enero-marzo del 2022). De estos, 132 mil corresponden a la categoría de independientes (ampliamente dominada por los "cuenta propia") y 472 mil dependientes. Esta distribución parece atractiva, hasta que se repara en el impacto que ha tenido la creación de empleo en el sector público. Específicamente, bajo la actual administración, uno de cada cuatro empleos "dependientes" fue originado en el Estado. Así, de acuerdo con el INE, el número de nuevos asalariados del sector público alcanza a 120 mil. Para ponerlo en perspectiva, el empleo asalariado total creado en el sector privado en el último año solo alcanzó a 75 mil ocupaciones. Por su parte, el total de puestos de trabajo creados alcanzó los 115 mil, de los cuales un 80% corresponde a empleos en donde las personas trabajan involuntariamente en jornada parcial o están sobrecapacitados para el trabajo que ejercen; es decir, subempleo.
Tal estancamiento laboral no es fortuito. Se trata del resultado de una agenda de medidas que han encarecido significativamente el empleo y que incluyen un alza injustificada del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, leyes que han judicializado los conflictos laborales, la reforma de pensiones y la anticipación de posibles nuevos impuestos al trabajo en áreas como la provisión de sala cuna y el financiamiento de la educación superior. A la lista ahora se agrega el proyecto de negociación ramal, una idea retrógrada que encarecería aún más la contratación. Es de esperar que el Congreso repare en el daño ya causado sobre el mercado laboral y no avance con esta última propuesta. Ello debería marcar el inicio de una nueva etapa, con una agenda que busque realmente fortalecer el empleo y que debería impulsar con decisión el nuevo gobierno.
Este estancamiento no es fortuito, sino el resultado de toda una agenda que ha encarecido el empleo durante este gobierno.