Mejoremos

Ha comenzado el año 2026, que, para Colombia, es decisivo. Por supuesto, las mayores expectativas de los colombianos se concentran en el terreno político, ya que tendrán lugar las elecciones presidenciales y de miembros de las cámaras legislativas. Pero también se esperan decisiones del Presidente de la República, del Congreso -en su último período de sesiones- y de las altas corporaciones judiciales: el país está pendiente de los decretos legislativos que haya de dictar el Gobierno, en desarrollo de Estado de Emergencia Económica y Social que se ha declarado; el Congreso habrá de ejercer el control político al respecto y la Corte Constitucional deberá iniciar el proceso de control jurídico y dictará sentencia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, declaratorio del Estado excepcional, y de los que se dicten en su desarrollo, mediante los cuales se adoptarán medidas tributarias. Adicionalmente, ignorando lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor la acción de tutela no procede "cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto", alguien la ha ejercido contra el Decreto 1390, en cuanto la Corte -por causa de las vacaciones judiciales- no asumió de inmediato el control oficioso correspondiente. También se espera la decisión final de la Corte Constitucional en torno a la reforma pensional, la laboral y otras disposiciones legales que han sido objeto de acción pública. Ante el Consejo de Estado ha sido demandado el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el presidente de la República fijó el reajuste salarial para 2026, ante la circunstancia de no haberse logrado un acuerdo en el seno de la Comisión tripartita de concertación. El Gobierno ha instalado un comité promotor para conseguir firmas, con miras a la convocatoria de una asamblea constituyente de origen popular, con miras a modificar la Constitución de 1991. Entendemos que también al respecto se presentarán demandas. Además, la Corte Suprema de Justicia tiene a cargo varios procesos penales contra miembros del Congreso y hay numerosas acciones penales y de tutela sobre otros asuntos de controversia política, dentro de la actual polarización. Ya veremos lo que se resuelva en todos esos casos. Por ahora, en los primeros días del año, el llamado que cabe hacer, ante los procesos electorales, es hacia la recuperación de la sindéresis, de la razonabilidad, de la cordura, de la controversia civilizada, respetuosa y genuinamente democrática. La polarización política ha desbordado todo límite y ha causado mucho daño, en perjuicio del interés colectivo. En ese irracional enfrentamiento entre partidarios y enemigos del Gobierno, unido a la actividad asesina de las organizaciones terroristas, los afectados han sido los gobernados. Véase que han sido imposibles reformas tan urgentes y necesarias como la que requiere el sistema de salud. A decir verdad, el actual Congreso no ha sido el mejor, empeñadas sus mayorías en obstruir todo lo que venga del actual gobierno. Contra la función para la cual fueron elegidos -la de expedir, reformar e interpretar las leyes, como dice el artículo 150 de la Constitución-, algunos congresistas han preferido archivar proyectos prematuramente, sin permitir discusión alguna, impedir las sesiones y deliberación, insultar y atacar a sus colegas y al Gobierno en redes sociales u ofender a las madres víctimas de ‘falsos positivos’. El Ejecutivo, por su parte, ha sido inestable, disperso y ha preferido asumir actitudes agresivas, en vez de buscar el diálogo y la concertación. No ha logrado la paz. Pero es innegable que -coaligados opositores y medios de comunicación- se ha buscado torpedear su gestión, causando daño -más que al Presidente- al país entero, como puede verse en muchos campos. Ojalá los señores candidatos adelanten campañas razonables y civilizadas, con el propósito de alcanzar los auténticos fines del Estado, para bien del país, en vez del odio y el bloqueo. Mejoremos.
Punto de referencia
José Gregorio Hernández Galindo