Jueves, 26 de Marzo de 2026

La guerra de Trump

ChileEl Mercurio, Chile 4 de enero de 2026

El Presidente de EE

El Presidente de EE.UU., Donald Trump, ha materializado una intervención militar en Venezuela que incluyó la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes serían sometidos a juicio en EE.UU. por tráfico de drogas. Esta operación, como toda acción bélica al margen del Consejo de Seguridad y de la Carta de Naciones Unidas, constituye un uso ilegal de la fuerza y una clara violación del derecho internacional.
El rechazo al régimen dictatorial de Maduro no puede ser al precio de sacrificar la primacía del derecho internacional. Esta es la clave de lo que ocurre en estas horas en Venezuela.
El argumento del Presidente Trump detrás de la operación militar, así como de los bombardeos de embarcaciones sospechosas de transportar drogas, es impedir el tráfico de narcóticos desde Venezuela a territorio estadounidense por parte del denominado Cartel de los Soles que encabezaría Maduro, para así proteger al pueblo estadounidense.
Sin embargo, este argumento choca abiertamente con el indulto presidencial otorgado recién por Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, extraditado a EE.UU. y sentenciado allí a una pena de 45 años de cárcel por haber traficado toneladas de cocaína a EE.UU. Detrás de esta intervención entonces hay, evidentemente, un propósito mayor, de carácter refundacional.
En su conferencia de prensa , en su mansión de Mar-a-lago, Trump anunció, con escasos detalles y generando dudas, un virtual protectorado en Venezuela para hacerse cargo de administrar el país, y reconstruir la industria petrolera con la presencia de inversionistas de EE.UU., sin descartar, ante una probable resistencia, nuevas operaciones militares hasta imponer una transición política. Está por verse la reacción del Congreso de EE.UU. Trump reiteró aseveraciones infundadas sobre el robo a empresas estadounidenses de los yacimientos petrolíferos en Venezuela, industria que fue nacionalizada después de largas décadas en 1976, por amplio acuerdo de las fuerzas políticas venezolanas.
La intervención en Venezuela se enmarca en la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump, documento que plantea derechamente la preeminencia de EE.UU. en el hemisferio occidental, a través de la aplicación del "Corolario Trump" para imponer la voluntad de EE.UU. en esta zona de influencia. En la sección del documento sobre el hemisferio occidental no hay una palabra sobre democracia, pero sí la búsqueda de nuevos aliados y expansión de los existentes para hacer negocios, impedir la inmigración irregular, frenar el flujo de drogas y eliminar la competencia de actores extrahemisféricos (léase China).
Lo que está en juego en Venezuela es el respeto a principios fundamentales de la convivencia internacional como la primacía del derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, la soberanía e integridad territorial, todos principios de la continuidad histórica de Chile, fundamentales para un país mediano y abierto al mundo como el nuestro, que no tiene poder de coacción.
El respeto al derecho internacional puede ser incómodo porque, como en este caso, su defensa puede aparecer del lado de un dictador; pero es el precedente de su transgresión lo que debe ser repudiado para que, el día de mañana, una intervención militar no se ejerza por otros motivos en contra nuestra o de nuestros intereses nacionales.
Normalizar el uso unilateral e ilegal de la fuerza significaría sancionar la ley del más fuerte, facilitando así un retorno a una suerte de diplomacia de las cañoneras del siglo XIX. La comunidad internacional debe promover urgentemente una salida pacífica y democrática, con los propios venezolanos, que respete la legalidad internacional, proteja a la población y salvaguarde sus derechos humanos fundamentales.
Heraldo Muñoz fue canciller de Chile entre 2014 y 2018
La comunidad internacional debe promover urgentemente una salida pacífica y democrática , con los propios venezolanos, que respete la legalidad internacional, proteja a la población y salvaguarde sus derechos humanos fundamentales.
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