"Un desangramiento" y "una sátira": El choque entre concesionario del hospital de La Unión y el MOP

Un fuerte intercambio de posiciones protagonizaron ayer en una audiencia ante el Panel Técnico de Concesiones la sociedad concesionaria de los hospitales de la Red Los Ríos-Los Lagos, recintos de Los Lagos, La Unión, Río Bueno y Puerto Varas, y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esto, en el marco de la discrepancia iniciada en diciembre por la firma ante dicha instancia, en la cual reclama compensaciones por un total cercano a 1,14 millones de UF, alrededor de US$ 50 millones para la firma -ligada a la compañía de capitales mexicanos GIA+A S.A.- y la constructora.
La concesionaria acusa que hubo "hallazgos arqueológicos no previstos en los proyectos de La Unión y Puerto Varas, que derivaron en un proceso de consulta indígena" en el sitio destinado al primer recinto. Agrega que "reiteradas demoras del Consejo de Monumentos Nacionales" y falta de coordinación con el MOP han ocasionado retrasos en las obras y perjuicios económicos.
Obras de la pugna
La construcción del hospital de La Unión cumplirá en marzo cuatro años sin obras, considerando que el 11 de marzo de 2022 comenzó este contrato de concesión.
Esto, debido a que en diciembre de 2022 se registraron hallazgos arqueológicos no previstos en el terreno donde se levantaría el recinto de La Unión y un año después, el consejo de comunidades indígenas de dicha comuna solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales la realización de una consulta indígena. Esta se inició a mediados de 2024 y se extendió por cerca de 12 meses.
El hospital de Los Lagos registra un progreso de sus obras de 35,79%, mientras que Río Bueno y Puerto Varas, un 31,36% y 25,56%, respectivamente, según un reporte a noviembre de 2025, publicado en la Dirección General de Concesiones.
Fuertes cruces
La audiencia -telemática- partió cerca de las 9.30 a.m. y se extendió hasta cerca de las 14 horas. Primero intervinó el representante de la sociedad concesionaria Región Sur, el abogado Felipe Valdés, quien comentó que existía un "desangramiento" de la concesionaria por los problemas de retrasos y dificultades ligadas a financiamiento.
"Considerando el sistema de concesiones, considerando que se le permitía (a la concesionaria) acceder al financiamiento, al mercado de capitales, por favor, señor mandante, una vez que se producen efectos de tal envergadura, que están ocasionando un desangramiento tal a su contraparte, de buena fe, por favor, póngale atajo a esa situación, difícil, compleja, que se está produciendo en el contrato. Permita usted a su contraparte de manera tal que pueda mitigar, adoptar las medidas conservativas correspondientes, de manera tal de permitirle que en un determinado plazo pueda él conseguir el financiamiento", relató Valdés.
El abogado indicó además que el caso deja "al desnudo la voluntad del mandante (MOP) de querer trasladarle a la sociedad concesionaria todos los efectos, impactos, costos y plazos a su contraparte hasta el fin del contrato, desangrándola".
Pablo Muñoz, abogado en representación del MOP, comenzó su exposición señalando: "Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a esta verdadera sátira que ha presentado la sociedad concesionaria".
La defensa del MOP indicó que en diciembre pasado estaba avanzada una resolución junto al Ministerio de Salud y el concesionario que mitigaba ciertos efectos de los retrasos. Pero Muñoz afirmó que se sorprendieron al constatar el inicio de una discrepancia ante el Panel.
Darwin Cantillanes, gerente general de la concesionaria Región Sur, aseguró que se le pidió a la firma retirar la discrepancia para avanzar en dicha resolución.
Pablo Muñoz destacó en varias ocasiones que los riesgos de hallazgos arqueológicos son de la concesionaria. También cuestionó que, conociendo los eventuales peligros, la empresa hubiese presentado oferta por dicho proyecto.
El presidente del Panel Técnico, Fernando Abara, insistió en consultar al MOP por qué los acuerdos de una consulta indígena, que resultan de una decisión de órgano del Estado, pueden transformarse en una obligación para una sociedad concesionaria.