Gobernar y decidir bien

El año comienza con tres decisiones trascendentales para Bogotá. De una parte, la Anla otorgó la licencia ambiental para la fase II de Accesos Norte. De otra, el IDU suscribió un acuerdo de cooperación con la IFC del Banco Mundial para estructurar y financiar proyectos estratégicos como la ALO Centro y la prolongación de la troncal de TransMilenio por la avenida Ciudad de Cali. A ello se suma una tercera noticia de alto impacto: la modificación de la licencia ambiental que destraba el proyecto de la ALO Sur. La licencia ambiental de Accesos Norte tiene un alcance estratégico para la ciudad y la región. Bogotá y la Sabana consolidaron durante años un crecimiento acelerado sin una infraestructura vial acorde con esa dinámica. La consecuencia fue evidente: congestión persistente y mayores costos logísticos. Con esta decisión se habilita una conexión fundamental para ordenar el desarrollo hacia el norte y mejorar la integración regional. Al mismo tiempo, el proceso técnico deja una lección importante: la infraestructura puede coexistir con el medio ambiente cuando se antepone la planeación rigurosa, sumada a la evaluación seria de impactos. El acuerdo entre el IDU y la IFC, por su parte, refuerza esa misma lógica desde el frente financiero e institucional. Durante mucho tiempo, la financiación de la infraestructura urbana se abordó como un problema sin salida. La cooperación con el brazo financiero del Banco Mundial demuestra que, con esquemas adecuados, estándares internacionales y correcta asignación de riesgos, es posible estructurar proyectos sostenibles. Iniciativas como la ALO Centro, que incorporará 5,96 kilómetros de nueva malla vial, y la troncal de TransMilenio por la avenida Ciudad de Cali, con 9,2 kilómetros entre la avenida de Las Américas y la calle 80, entran en una fase preliminar de estructuración técnica y financiera, orientada a definir el alcance de las obras, sus modelos de financiación y los criterios de contratación, bajo estándares internacionales. Una noticia reciente completa este alentador panorama: la CAR aprobó la modificación de la licencia ambiental de la ALO Sur, hecho que permite superar un escollo histórico y, de paso, habilitar la ejecución de 9,5 kilómetros de corredor, tras años de una indefinición ambiental que mantuvo con freno de mano esta inversión estratégica. Las tres decisiones confirman una idea central: el desarrollo vial no se frena por falta de diagnósticos, sino por ausencia de decisiones oportunas. Durante años se instalaron dilemas aparentes entre infraestructura y ambiente, o entre inversión pública y participación privada. Hoy resulta claro que esos antagonismos son reconciliables: con instituciones sólidas y aliados estratégicos, la ciudad puede avanzar sin renunciar a sus principios. Este impulso adquiere mayor relevancia en un contexto nacional marcado por la lentitud y la incertidumbre en el sector de la infraestructura. Mientras el Gobierno central no logró consolidar una agenda clara ni mostrar avances sostenidos en ejecución, fueron las ciudades capitales las que evitaron que el sector se apagara. No es un detalle menor: las obras civiles aportan cerca del 1,2 % del PIB nacional y en el tercer trimestre de 2025 registraron un crecimiento cercano al 11 %, explicado en buena parte por proyectos impulsados desde los territorios. En ese escenario, Bogotá -en especial con la ejecución del metro- asumió un rol activo para sostener la dinámica del desarrollo y la integración regional. Bogotá tiene hoy una oportunidad concreta, pero no en solitario. Mantener una agenda de infraestructura técnica y ambientalmente rigurosa exige coordinación efectiva con el Gobierno Nacional, cuyas decisiones resultan determinantes. Cuando esa llave funciona, el desarrollo avanza; cuando no, la infraestructura vuelve a quedar atrapada en la retórica o en lo ideológico.
Sí es posible
Juan Martín Caicedo Ferrer