"Siempre se habló que en la toma había grupos organizados narcos y delictivos"

El alcalde de San Antonio, Omar Vera (Ind.), temía que el desalojo de la megatoma de 10 mil personas generara un "conflicto social y de seguridad insospechado", y así lo planteó ante la Corte, que ordenó restituir la propiedad a sus dueños.
Por eso, no se muestra sorprendido de la violencia con la que grupos de ocupantes ilegales enfrentaron la acción que desplegó Carabineros para hacer cumplir la orden judicial.
La violencia se tradujo -sobre todo en los dos primeros días- en barricadas, bombas molotov y disparos contra tres policías (dos uniformados alcanzados por balas de 9 mm y un detective, por un perdigón).
"Era previsible que el desalojo produjese reacciones violentas. A nuestro parecer fueron menos violentas de lo esperado", plantea Vera.
"Tanto es así, que luego de la resistencia en la parcela 13, donde hubo este conflicto y agresión a bala a dos carabineros -gracias a Dios, sin riesgo vital- la gente que resistía finalmente entendió y el jueves pudo proseguir sin mayor contratiempo el desarme", agrega.
"Siempre se habló que en la toma había grupos organizados narcos y delictivos. Entonces, si la general (Patricia Vásquez, jefe de la V Zona de Carabineros) ha aseverado eso, es producto de lo que ya previamente se había identificado", enfatiza Vera, quien fue alcalde entre 2004 y 2021 y volvió al sillón municipal en 2024.
Y detalla: "Ninguna persona ha llegado al albergue (en el colegio España). Dentro de los requisitos que establecimos está la revisión de los antecedentes penales y yo creo que eso inhibió justamente hacer uso de él".
El jefe edilicio plantea que corresponde a autoridades y a las propias cooperativas en que se han organizado las familias usurpadoras establecer filtros que impidan que el crimen organizado se asiente en las 110 hectáreas que contempla el Plan Habitacional del Ejecutivo.
A juicio de Vera, el que se esté expropiando el predio está evitando la crisis humanitaria de proporciones que él preveía.
"Al avanzar en forma reservada el proceso expropiatorio, dio paso a una solución más amplia que evitó esa contingencia", valora.
Cuestiona a antecesora
Sobre los orígenes de la megatoma -que se remonta a 2019, impulsada por el estallido- y el diseño previo del loteo, ocupación gradual sugerente de venta y arriendo de lotes como modalidad organizada de negocio ilícito, el alcalde dice desconocer quiénes podrían estar tras esto.
"No podría decir si esto fue premeditado, si fue planificado, si hubo profesionales detrás de esto. Realmente lo desconozco", arguye. También se desentiende de la reunión que, en diciembre de 2019, dos meses después que partiera la toma, sostuvo Luis Medel, entonces uno de los dueños del predio, con una asamblea de ocupantes ilegales con la participación de dos funcionarios municipales durante su anterior gestión alcaldicia.
De acuerdo con Marcelo Alfonsi, director de coordinación habitacional del municipio, que participó en aquella cita, la reunión fue solicitada por la alcaldía a petición de los usurpadores solo para escuchar sus planteamientos, pero niega haber buscado favorecer la venta.
Vera dice que los funcionarios fueron invitados, sin su intevención, a participar "para dar a conocer las condiciones o informes previos respecto de un desarrollo inmobiliario en el lugar".
El alcalde también cuestiona el rol ante las tomas que cumplió su antecesora, Constanza Lizana (FA), de quien se divulgaron consejos telefónicos -dice- en su labor particular previa como abogada para que los ocupantes ilegales burlaran a la policía.
"Están las grabaciones de audio y videos", plantea.