Un chivo expiatorio

El debate sobre la posible reversión anticipada de la concesión Autopistas del Café ha puesto sobre la mesa un problema mayor que trasciende lo contractual: la tentación de gobernar a punta de anuncios sin sustento. Aunque no existe un acto administrativo que respalde la idea de desmontar peajes antes de 2027, la simple insinuación bastó para aumentar la incertidumbre jurídica y financiera en un sector que depende de reglas estables para operar. Las concesiones en Colombia, reguladas por normas como la Ley 80 de 1993 y la Ley 1508 de 2012, descansan en un principio esencial: los contratos son ley para las partes, y nadie, ni siquiera el Gobierno, puede modificarlos sin causa legal. Lo que está en juego no es solo un corredor vial, sino la credibilidad del Estado como contratante. No hay que perder de vista que terminar anticipadamente un contrato vigente exige compensar inversiones, deudas y lucro cesante. Si el proyecto recauda cerca de $270.000 millones al año y destina unos $200.000 millones al servicio de la deuda, desmontar los peajes implicaría trasladar esa carga al presupuesto público. ¿Quién asumiría ese monto sin comprometer otros frentes de inversión? El Gobierno no ha ofrecido una respuesta clara, y el silencio solo profundiza la percepción de improvisación que hay sobre las decisiones del Ejecutivo. Más grave aún es que la discusión se ha politizado al extremo. La presión de algunos congresistas por eliminar los peajes del corredor ha convertido un debate técnico en una bandera electoral. Sin embargo, la evidencia muestra que el número de casetas no equivale al número de peajes efectivos, y que parte de las incomodidades regionales responde más a percepciones que a realidades contractuales. Convertir esas apreciaciones en decisiones apresuradas puede abrir la puerta a litigios millonarios y a un deterioro acelerado de la infraestructura, como ya ha ocurrido en proyectos revertidos al Invías. La seguridad jurídica no puede ser sacrificada en nombre de la popularidad. La inversión privada ha financiado obras que el Estado, por sí solo, no podría costear. Romper ese equilibrio desincentivaría futuros proyectos y afectaría la calificación crediticia del país. En vez de alimentar expectativas imposibles, el Gobierno debería enfocar sus esfuerzos en estructurar de manera rigurosa el proyecto que reemplazará a la concesión actual y garantizar que la transición en 2027 se dé con transparencia, planeación y realismo fiscal. Además, la discusión sobre Autopistas del Café debe servir como una lección para el futuro de las concesiones en el país. No basta con reconocer que la figura ha permitido impulsar infraestructura estratégica; es imprescindible revisar cómo garantizar mayor transparencia en la distribución de excedentes, cómo fortalecer la supervisión técnica y cómo asegurar que las comunidades entiendan con claridad qué pagan y qué reciben. Una concesión no puede convertirse en chivo expiatorio de frustraciones regionales ni en escenario de cálculos políticos. Su propósito es ofrecer un servicio eficiente, seguro y sostenible. Ignorar esa misión por cálculos y cuentas políticas sería perder de vista que la infraestructura es una política de Estado, no una herramienta pasajera de campaña. No hay que olvidar que la confianza institucional es el activo más valioso.