Arterias amenazadas: la crisis silenciosa de la seguridad en carreteras

Colombia está normalizando lo inaceptable. El reciente hurto de vehículos en una carretera del Cauca no es un hecho aislado ni anecdótico: es un síntoma más de una enfermedad que se expande por todo el territorio nacional. Saqueos a camiones de carga, quema de peajes, destrucción y robo de maquinaria, ataques a concesiones y contratistas. Todo ocurre a plena luz del día y con una sensación preocupante de indiferencia institucional y social. Como si no doliera. Como si no importara. Con base en fuentes públicas del Ministerio de Transporte, la Policía Nacional y gremios del sector, entre 2019 y 2025 se registraron más de 2.300 bloqueos en vías nacionales, con un pico de 742 bloqueos solo en 2023, equivalente a 9.255 horas de movilidad perdida. En ese mismo período se reportaron más de 200 vehículos incinerados, más de 110 conductores agredidos y pérdidas económicas superiores a $25.000 millones anuales por robos de carga, evidenciando que, aunque algunas denuncias formales disminuyen, la violencia, el impacto y la sofisticación de los hechos en carretera se han agravado de manera sostenida. Los departamentos con mayor impacto son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Cesar y las conductas más recurrentes son quemas, actos de vandalización, secuestros, artefactos explosivos y retenes ilegales. Además, estos ataques ya no son hechos focalizados ni espontáneos: se comportan como una metástasis, extendiéndose por múltiples corredores del país mediante operaciones cada vez más organizadas, planeadas y violentas, que evidencian el uso de tecnología, inteligencia previa e información logística. El problema, por tanto, va mucho más allá del ejecutor material del delito y obliga a mirar quiénes se benefician de estos ataques, desde redes de reventa de autopartes y vehículos, hasta economías ilegales asociadas al combustible, la extorsión y el control territorial, que hoy encuentran en las carreteras un escenario fértil para operar. Las carreteras son las arterias del país. Por ellas circula la economía, la inversión, el empleo, los alimentos, los medicamentos y la vida cotidiana de millones de colombianos. Cuando esas arterias son atacadas de forma sistemática y el Estado no responde con contundencia, el riesgo es claro: infarto y colapso. No solo de la infraestructura, sino de la legitimidad estatal. Aquí no estamos hablando de seguridad vial. Estamos hablando de seguridad en carreteras, de control territorial, de presencia efectiva del Estado. Un tema incómodo del que pocos quieren hablar, pero que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, el costo de los bienes, la competitividad del país y la confianza de los inversionistas. La infraestructura de transporte es infraestructura crítica. Debe ser salvaguardada con el mismo rigor con el que se protege la energía, el agua o las telecomunicaciones. No es un lujo ni un privilegio del sector privado: es una condición mínima para que el país funcione. Sin carreteras seguras no hay desarrollo, no hay integración regional, no hay Estado que se sienta real en los territorios. Hoy, quienes tienen a su cargo la ejecución de obras viales trabajan bajo amenaza constante. Quema de maquinaria, robos, extorsión, bloqueos. Todo ello, muchas veces, sin una respuesta oportuna y eficaz de las autoridades. Este escenario no solo encarece los proyectos, retrasa las obras y ahuyenta la inversión; envía un mensaje devastador: en ciertos tramos del país, la ley no gobierna. A esto se suma un punto crítico que no puede seguir ignorándose: la protección de los peajes existentes y de su recaudo. Los peajes no son el enemigo. Son una fuente esencial de financiación para la infraestructura que el país necesita mantener y expandir. Cuando se destruyen, se queman o se impide su operación, no se castiga a una concesión; se debilita la capacidad del Estado de invertir y de cumplir. Claro que hay temas por mejorar. Contratos que deben ajustarse, esquemas de inversión pública que pueden ser más eficientes, mecanismos de participación y transparencia que requieren fortalecerse. Pero nada de eso justifica la inacción frente a la violencia. Nada explica que se tolere el ataque sistemático a las vías como si fuera parte del paisaje. Proteger la infraestructura es proteger la institucionalidad. Es enviar una señal clara de que el Estado está presente, de que el territorio importa, de que la legalidad no es negociable. Es, además, un ingrediente indispensable para reactivar la inversión en proyectos de infraestructura, tan necesaria en un país que requiere crecimiento, empleo y cohesión social. Todos los colombianos debemos hacer un llamado directo: hay que voltear la mirada a la seguridad en carreteras y actuar ya. Con coordinación interinstitucional, con presencia efectiva de la fuerza pública, con inteligencia, con decisiones claras y con voluntad política. No hacerlo tiene un costo mucho mayor que cualquier inversión en seguridad. Ser guardianes de la infraestructura es ser guardianes del Estado. Y ese es un deber que no admite más dilaciones.
.Olga Lucía Ramírez Duarte
Exviceministra de Infraestructura.