Gasto permanente financiado con déficit

El próximo gobierno heredará un problema de sostenibilidad fiscal que, de no corregirse, puede derivar en una crisis fiscal en el mediano plazo. Estas crisis comienzan con déficits persistentes que elevan gradualmente el costo de financiamiento, generando una espiral de gasto en intereses, lo que termina forzando recortes abruptos en otras áreas del presupuesto para evitar un escenario de default .
Excluyendo los años 2021 y 2022 -marcados por la anomalía fiscal que generaron el IFE universal y los retiros previsionales-, durante el segundo gobierno de Bachelet el déficit estructural promedió un 0,8% del PIB. En el segundo gobierno de Piñera, ese promedio aumentó a 1,8% del PIB (2018-2020). En el gobierno de Boric, en tanto, el déficit estructural promediará cerca de un 3% del PIB entre 2023 y 2025. Se trata de un deterioro significativo, en un contexto de relativa bonanza externa.
¿Cuál es la causa de fondo? Se han financiado compromisos de gasto permanentes sin ingresos permanentes que los respalden, apostando a reformas tributarias mal diseñadas, que no han recaudado lo prometido. Entre 2013 y 2025, el gasto corriente del gobierno central aumentó desde 17,7% del PIB a 21,4% del PIB. Dentro de ese aumento, el gasto en burocracia pasó de representar un 6% del PIB a un 7,2%. En cambio, los ingresos fiscales, corregidos por factores transitorios, se han mantenido prácticamente estables como proporción del producto.
La necesidad de un ajuste en el gasto corriente resulta evidente. En ese contexto, la cifra cercana a US$ 6.000 millones mencionada por el próximo ministro de Hacienda parece razonable: un ajuste de esa magnitud, acompañado de un mayor crecimiento del PIB, permitiría cerrar el déficit estructural. Por supuesto, la tarea es muy compleja y difícil en un plazo reducido, aunque la voluntad política es una condición necesaria para lograrlo. Un segundo requisito es convencer al Congreso de que no hay alternativa para recuperar lo que ha sido históricamente nuestro principal activo en materia de riesgo soberano; la responsabilidad fiscal.
Cómo implementar ese ajuste es un problema fundamentalmente microeconómico, no macroeconómico, lo que hace la tarea aún más ardua. No se trata de aplicar una "motosierra" al estilo argentino, eliminando reparticiones completas de un día para otro. El problema está en una acumulación de ineficiencias distribuidas en múltiples áreas del Estado: funciones que se superponen, tareas redundantes y una cultura de silos que impide reasignar recursos con flexibilidad.
En este contexto, resulta inevitable revisar el Estatuto Administrativo, no como un instrumento de reducción masiva de personal, sino como una herramienta para introducir mayor flexibilidad y eficiencia en la gestión pública.
¿Puede ayudar el reciente aumento del precio del cobre a aminorar el ajuste fiscal? Muy marginalmente, en la medida en que efectivamente tengamos certeza de que se trata de una mejora permanente de los ingresos fiscales. Como esa certeza no existe, esos recursos deberían revertir parcialmente el deterioro de la última década en la posición deudora neta del Estado.
La distinción entre gastos permanentes y transitorios se vuelve especialmente relevante frente a situaciones excepcionales, como la tragedia de los incendios en el sur del país, que exige una respuesta rápida y contundente del Estado para miles de familias que han perdido todo. En estos casos, se trata de gastos esencialmente transitorios, con un componente importante de inversión y una prioridad social incuestionable. Aquí sí resulta razonable utilizar ingresos transitorios -como los derivados de un mayor precio del cobre-, lo que además contribuiría a mayor dinamismo en la actividad, sin deteriorar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
Mirado en retrospectiva, el alza de impuestos "transitoria" que se aprobó para financiar los gastos del terremoto de 2010 fue errónea. Se trataba efectivamente de un monto elevado de recursos, pero por una vez. En ese momento el gobierno central era acreedor neto (los activos superaban a los pasivos). Como ocurre normalmente, esos mayores impuestos pasaron a ser permanentes, y abrieron el apetito a las alzas posteriores.
La teoría fiscal es clara: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes; los gastos por una vez, especialmente cuando son de capital, pueden financiarse con deuda o con activos acumulados. En Chile, sin embargo, hemos hecho exactamente lo contrario. Esta es la causa de fondo del deterioro de la sostenibilidad fiscal.