El imperio de la ley

"El imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza". Con esa frase, tan simple como contundente, Javier Cremades abre su más reciente libro ‘Sobre el imperio de la ley’. No es una consigna abstracta. Es una advertencia. Allí donde las leyes dejan de regir, no emerge la libertad: emerge la ley del más fuerte. La idea que atraviesa todo el ensayo es clara: solo bajo el gobierno de las leyes —y no de los hombres— puede existir democracia, paz y convivencia. El Estado de derecho somete la acción del poder a la Constitución, y pone en el centro la dignidad humana como valor superior. Sin esa subordinación, la política degenera en imposición, y la autoridad en abuso. Cremades insiste en algo que hoy resulta incómodo pero urgente: las mayores amenazas al Estado de derecho ya no provienen únicamente de los totalitarismos clásicos, sino de la corrupción, la impunidad y el populismo, que erosionan las instituciones desde dentro, relativizan la ley y justifican la fuerza cuando esta sirve a su causa. Esa reflexión conecta de manera directa con lo que vivimos en Colombia. La violencia no es solo la que ejercen a diario los grupos armados ilegales que desplazan comunidades, extorsionan, silencian liderazgos y controlan territorios. La violencia es amedrentar al contradictor, sabotear eventos políticos con gritos e intimidación, imponer la voz a punta de presión. Un país donde quien grita más cree tener más derechos que los demás está renunciando, lentamente, al Estado de derecho. Hace algunos años, junto a Javier Cremades, tuve la oportunidad de organizar en Barranquilla el Congreso Mundial de Juristas. Vinieron magistrados de altas cortes de todo el mundo, exprimeros ministros, expresidentes, alcaldes y el rey de España. En ese marco, la World Jurist Association -fundada tras la Segunda Guerra Mundial para evitar que la barbarie volviera a imponerse sobre la ley— otorgó por primera vez su máximo reconocimiento no a una persona, sino a un país: Colombia. El premio reconoció los 30 años de la Constitución de 1991 como un modelo democrático, social y garantista admirado en el mundo. Esa Constitución, laureada internacionalmente, hoy está bajo amenaza. No porque sea mala, sino porque hay quienes pretenden que su voluntad esté por encima de la ley. Nuestro mayor problema no es la falta de normas. Es la impunidad. Cerca de 9 de cada 10 delitos no se resuelven. Desde la extorsión hasta la violencia intrafamiliar, pasando por disputas comerciales y hurtos cotidianos, la falta de respuesta del Estado mina la confianza ciudadana y empuja a la sociedad a buscar justicia por fuera de la ley. Sin seguridad jurídica y física, ningún otro derecho se sostiene. También amenaza al imperio de la ley una política de ‘paz total’ sin sustento jurídico claro, sin objetivos definidos y sin transparencia. Dialogar con organizaciones criminales que no son actores políticos, mientras controlan más territorio, producen más cocaína y extorsionan a más ciudadanos, no fortalece la paz: debilita al Estado. Colombia no necesita más leyes ni una nueva constituyente que ponga en riesgo derechos hoy indiscutidos. Necesita que las leyes se cumplan. Necesita dotar al sistema judicial de recursos, objetivos claros y respaldo político. Y necesita una ciudadanía que entienda que defender el imperio de la ley no es una causa ideológica, sino la condición básica para vivir en libertad. Vale la pena leer a Javier Cremades. Vale la pena recordar que cuando la ley se debilita, no ganan los más pobres ni los más vulnerables: gana el más fuerte. Y eso, la historia ya nos enseñó, siempre termina mal.