Apunten al culpable

Prácticamente la totalidad de los economistas coincidimos en respaldar la decisión del Comité de Política Monetaria de bajar la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos. La combinación de una inflación claramente a la baja, expectativas bien ancladas y un freno notorio de la actividad económica hacía no solo razonable, sino necesaria, esa decisión. La única discusión abierta es si la magnitud fue suficiente o si había margen para ir un poco más lejos.

También resultan entendibles las medidas más heterodoxas impulsadas desde el MEF. La evidencia es bastante clara en que no tendrán efectos relevantes sobre el tipo de cambio de equilibrio de mediano plazo, pero sí cumplen una función política. El problema empieza cuando esas señales se confunden con instrumentos eficaces para corregir desequilibrios estructurales.

En ese contexto, da la sensación de que algunos encontraron en el Banco Central y en la política monetaria un chivo expiatorio cómodo. Un lugar donde descargar frustraciones por problemas de competitividad profundos, persistentes y, sobre todo, ajenos a la tasa de interés de corto plazo.

Comparto en buena medida lo señalado por Pablo Roselli días atrás en En Perspectiva, con algún matiz. Tal como él dice, no es cierto que la agenda pendiente de Uruguay sea exclusivamente microeconómica. Esa agenda existe, es importante y está plagada de hitos pendientes. Pero también hay problemas macro relevantes, como la inconsistencia entre política fiscal y monetaria o los desajustes de la política salarial frente a la dinámica inflacionaria. Ahora bien, acordando con ese diagnóstico, vale enfatizar algo central: esos desajustes son mucho más responsabilidad de quienes conducen la política fiscal y salarial que del Banco Central. Contar con una política monetaria creíble y estable es uno de los grandes avances del último quinquenio, y convendría no erosionarla.

Si el Poder Ejecutivo elaboró un presupuesto asumiendo una inflación para todo el período superior a la prevista por la mayoría de los analistas -y aun contradiciendo las propias aspiraciones del presidente del BCU de avanzar hacia metas más ambiciosas- el problema no es monetario. Es cierto que una parte de la desinflación fue sorpresiva, pero muchos dijimos desde el inicio que los supuestos de inflación eran demasiado convenientes para que "cerraran las cuentas".

Algo similar ocurre con los salarios públicos. Las pautas que hoy "quedan largas" parten, al menos en parte, de no creer en la voluntad y la capacidad del Banco Central.

El valor del dólar no cae del cielo, no es una decisión administrativa. Refleja oferta y demanda, y si no es más alto responde a condiciones macro y micro de la economía uruguaya.

En una entrevista reciente, el ministro de Economía dio una buena noticia y una mala. La mala: el principal desajuste macro -el peso del sector público- permanecerá inalterado, con correcciones concentradas en más recaudación y ajustes impositivos. La buena: el anuncio de avances en una agenda micro relevante, desde la promoción del comercio hasta la reducción de trabas burocráticas.

Bien por la baja de la tasa y por las señales políticas sobre competitividad, aunque no cambien el mediano plazo. Ojalá sirvan, al menos, para apuntar al verdadero culpable.