¡A luchar por el Derecho!

Ayer -penúltimo día hábil de la Feria Judicial Mayor-, El País tituló "CPP: Ojeda pide ayuda a EEUU". En la crónica informó que el senador quiere "incluir a técnicos de EE.UU. en la discusión de una nueva reforma del Código del Proceso Penal" y así se lo planteó al embajador Lou Rinaldi.

La nota explicó que "En la misma línea el legislador, abogado de profesión, también le manejó al diplomático la posibilidad de que Estado Unidos pueda acercar al país especialistas en materia de políticas carcelarias." Y el senador Ojeda señaló "A mí en particular me interesa involucrar en la comisión a técnicos norteamericanos, en particular para la reforma del CPP, porque tienen mucha experiencia".

El planteamiento es abiertamente inaceptable. Para empezar, porque el actual Código no necesita una "nueva reforma", que sería la décimo quinta. Pide a gritos su derogación lisa y llana, pues su andamiaje fracasó en toda la línea, evidenciando aberraciones: se han acumulado cientos de denuncias sin tocar en cada Fiscalía; y para disimularlo, se demora meses y semestres en asignarle la sede en que supuestamente habrán de tramitarse. Pero hay mucho más. Y escalofriante.

Es inadmisible que se pida la injerencia de técnicos extranjeros para el acto de legislar sobre procedimientos y garantías, tan luego en el Uruguay, cuya tradición doctrinaria en Derecho Constitucional y Derecho Procesal cuenta con reconocimiento internacional desde los tiempos de Aréchaga, Couture y su pléyade de discípulos.

Es inadmisible que el pedido de auxilio jurídico se le dirija a Estados Unidos tan luego en enero de 2026, cuando el mundo está en vilo por el desprecio al Derecho que exhibe el gobierno de Donald Trump. Es inadmisible, además, porque el Código de procedimiento que padecemos fue reformado remedando en mala forma el modelo norteamericano; y lo que más duele hoy es haber confinado el papel de los Jueces y haber hipertrofiado la función de las Fiscalías hasta trasponer la frontera del adefesio.

Por lo demás, el Derecho no es una cuestión de mera habilidad técnica ni de mecánica acumulación de experiencias, trasladables de una cultura a otra. La Fiscalía General estadounidense surge del voto popular. Está habituada a recibir instrucciones y reprimendas del Presidente. El Derecho norteamericano no está codificado y tiene como fuente principal los precedentes jurisprudenciales. Allá funciona el juicio por jurados, que acá periclitó hace 90 años. La Constitución estadounidense es rígida y su aplicación es tan diferente de la nuestra que EEUU no firmó gran parte de los tratados garantistas que a nosotros nos obliga.

Todo eso en el Uruguay rechina con el texto de la Constitución y repugna a nuestra conciencia.

Y eso es muy importante, porque la conciencia es el retablo en que, a punta de dolor y angustia, se forjan los progresos jurídicos merced a las fatigas de abogados, fiscales y jueces. Y todo eso es asunto de nosotros mismos, como personas y como nación.

Por todas estas razones, la osadía de querer incluir técnicos norteamericanos para enderezar nuestra ley de procedimiento penal y apuntalar nuestras cárceles, constituye un despropósito que, por encima de partidos, deberemos vigilar unidos para que, como profanación que es, quede sellada con el destino de aborto que se merece.