Promesas y realidades

Jesús Antonio Vargas Orozco
En su discurso de posesión, el Presidente Gustavo Petro prometió "la paz verdadera y definitiva", un "gobierno de la vida" y un llamado a la unidad nacional —"No quiero dos países"—, además de replantear la guerra contra las drogas como eje de política pública. Tres años largos después, el balance que deja hacia el ciclo electoral de 2026 se parece a una paradoja: no hubo naufragio macroeconómico, pero sí una factura de confianza que se paga en inversión, riesgo y gobernabilidad. Arranquemos por las cifras: la economía no se desplomó. La inflación cerró 2025 en 5,10% anual, desacelerando frente a los picos recientes, aunque todavía por encima de la meta del Banrepública. El PIB, en lo corrido de 2025, venía creciendo 2,8%. El problema es que la promesa de "cambio" no se convirtió en un salto de productividad. El eslabón más débil fue la inversión: en 2024 la formación bruta de capital fijo representó 17,2% del PIB, señal típica de una economía que opera con freno de mano. Petro hizo de la confrontación un modo de gobierno. La retórica contra la "clase empresarial" y el pulso permanente con la oposición pueden movilizar políticamente, pero tienden a elevar la percepción de riesgo y a aplazar decisiones privadas. Y cuando el Presidente coqueteó con la idea de una Constituyente, sectores gremiales alertaron sobre el efecto directo en incertidumbre y confianza inversora. La confrontación, además, se volvió institucional. Tras tropiezos legislativos, el Gobierno escaló la disputa hacia la consulta popular; el Consejo de Estado suspendió el decreto de convocatoria por falta de autorización del Senado, en un choque abierto con el Congreso. En paralelo, la reforma a la salud fue archivada en la Comisión Séptima del Senado (diciembre de 2025) y la Corte Constitucional suspendió provisionalmente la reforma pensional (Ley 2381 de 2024). La capacidad de llegar a consensos se agotó muy rápido. En lo fiscal, la herencia para el próximo gobierno luce pesada: en 2025 se suspendió la regla fiscal por tres años y se proyectó un déficit cercano a 7,1% del PIB; y en junio de 2025, Moody’s y S&P recortaron la calificación de Colombia, con el foco puesto en riesgos fiscales. Para completar el cuadro, el Congreso hundió en diciembre de 2025 la reforma tributaria con la que el Ejecutivo buscaba financiar el Presupuesto 2026: discusión política, hueco fiscal real. Y el decreto de emergencia económica sigue tambaleando en la Corte Constitucional. Y queda la transición energética, bandera legítima pero comunicada con sobresaltos: Presidencia defendió no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y Petro pidió vender el fracking de Ecopetrol en EE. UU. para invertir en energías limpias. La promesa inaugural fue unir para transformar. La realidad fue intentar transformar peleando. Y esa "prima de incertidumbre" es, quizás, la variable macro más subestimada que hereda el siguiente gobierno.
Consultor Empresarial/jesusvargas.orozco@gmail.com