Algunas vías 4G liquidadas vuelven a manos de Invías

En Mulaló-Loboguerrero la concesionaria reclama indemnizaciones que ascendían a $933.000 millones y que, con el paso del tiempo, han alcanzado los $1,2 billones. El litigio continúa abierto y se espera que un tribunal arbitral emita una decisión definitiva este año. Mientras tanto, la obra permanece detenida y sin una hoja de ruta clara para su reactivación o liquidación. El contexto general muestra que estas dificultades no son aisladas. En el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se lanzó la iniciativa, la presentó como la mayor apuesta de infraestructura del país, con la meta de concluir 30 proyectos antes de 2022. Hoy, el balance es distinto: cinco contratos están en riesgo de liquidación, tres registran pocos avances y varios enfrentan procesos arbitrales que comprometen recursos superiores a un billón de pesos. La ANI reconoció en septiembre que cerca de una quinta parte de concesiones derivaron en disputas jurídicas por errores de estructuración.
La liquidación anticipada de varias concesiones viales de Cuarta Generación (4G) en Colombia marcó un giro inesperado en el programa de infraestructura más ambicioso del país, con la reversión de corredores estratégicos al Instituto Nacional de Vías (Invías) y un creciente debate sobre el futuro de estas obras. Fallos arbitrales, acuerdos de terminación y problemas financieros, sociales y ambientales llevaron a que proyectos como la Perimetral del Oriente de Cundinamarca, Bucaramanga-Pamplona y Autopistas del Caribe salieran del modelo concesionado, mientras otros como Mulaló-Loboguerrero permanecen paralizados y en incertidumbre jurídica. El escenario despertó preocupación por la capacidad institucional y presupuestal del Estado para garantizar operación, mantenimiento y calidad en vías clave para la competitividad y el comercio. Uno de los casos más representativos es la Perimetral del Oriente de Cundinamarca, concesión 4G adjudicada mediante el contrato 002 de 2014. Con apenas un 43,2 % de avance físico y años de retraso, el proyecto entró en liquidación anticipada tras un fallo arbitral internacional del 19 de diciembre de 2024. El tribunal ordenó la terminación del contrato y determinó que el Estado no garantizó las condiciones para la ejecución de las unidades funcionales 4 y 5, eximiendo a la concesionaria de responsabilidad en esos tramos. Como resultado, se dispuso una indemnización cercana a $1,3 billones de pesos a favor de Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. El contrato está en etapa de reversión, un proceso que se extenderá hasta junio de 2026. Las unidades funcionales 1, 2 y 3, ubicadas en la zona norte del corredor, fueron finalizadas, mientras que las 4 y 5, en el sector sur, permanecen paralizadas desde 2017 y 2018 por problemas ambientales y de licenciamiento. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Invías y la Gobernación de Cundinamarca coordinan la devolución del corredor, aunque aún no se define si se estructurará una nueva concesión o si la vía quedará definitivamente bajo administración estatal. Otro contrato terminado de forma anticipada fue el de la concesión 4G Bucaramanga-Pamplona, a cargo de Autovía Bucaramanga Pamplona, del grupo CSS Constructores. En mayo de 2024, las partes acordaron dar por terminado el contrato tras constatar un avance inferior al 12%, dificultades persistentes en la obtención de licencias ambientales, falta de permisos del municipio de Floridablanca y una baja viabilidad económica. Aunque la ANI giró $640.075 millones, el proyecto acumuló un déficit significativo y las expectativas de recuperación de recursos son reducidas. El proceso de reversión se fijó en 300 días calendario, durante los cuales se destinó una inversión de $25.000 millones para el mantenimiento de puntos críticos del corredor antes de su entrega al Invías. Las reclamaciones económicas asociadas a la liquidación superan los $1,2 billones de pesos y serán definidas en la etapa final del proceso. A estos casos se suma la concesión 4G Autopistas del Caribe, conocida como Ruta Caribe 2, uno de los corredores más relevantes del norte del país, que conecta Cartagena y Barranquilla a lo largo de 253 kilómetros. El proyecto entró en proceso de liquidación anticipada y reversión al Estado a partir de enero de 2026, luego de no lograr el cierre financiero necesario para su ejecución. La iniciativa privada dependía exclusivamente del recaudo de peajes como fuente de financiación y enfrentó una fuerte oposición social que derivó en protestas, levantamiento de talanqueras y el no recaudo en estaciones clave. La imposibilidad de instalar el peaje de Arroyo de Piedra y las interrupciones en estaciones como Turbaco afectaron de manera directa la rentabilidad del proyecto. El 2 de enero de 2026 comenzó la etapa de reversión de la infraestructura, que incluye la operación y mantenimiento del corredor y de seis peajes —Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa— bajo coordinación de la ANI y el Invías. El acuerdo de terminación se dio sin sanciones para las partes y el proceso completo se extenderá hasta junio de 2026. Además de las concesiones ya liquidadas, existen proyectos 4G que permanecen en riesgo de una terminación anticipada. El más emblemático es Mulaló-Loboguerrero, corredor estratégico de 31 kilómetros concebido para mejorar la conexión entre el Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura. Firmado en 2016, el contrato enfrentó desde el inicio cuestionamientos ambientales que tardaron cerca de cinco años en resolverse, lo que retrasó cualquier avance hasta 2021. Una vez superada esa etapa, el concesionario argumentó que el tiempo transcurrido había generado un desequilibrio económico que hacía inviable el proyecto y solicitó su terminación anticipada. El tribunal de arbitramento negó esa petición y ordenó continuar con la ejecución. Sin embargo, a 2025, el concesionario asegura que es inviable financieramente realizar este proyecto bajo el valor inicialmente pactado hace una década, por lo que no se registra avance físico ni construcción de infraestructura en el corredor.