Fiscalía atribuye a Larraín "todas las decisiones relevantes" en Procultura, pero defensa dice que no hubo "fraude al fisco"

"Ok". Fue la repuesta que, el 8 de agosto de 2021, entregó el cofundador y director de la fundación Procultura, Alberto Larraín, a sus ahora coimputadas en el caso Convenios, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, en el chat grupal de WhatsApp denominado "Correr el Cerco". La plataforma en que empezó a tomar forma la idea de un programa contra el suicidio que denominarían "Quédate".
"Es que hay que ver la fuente de financiamiento. Dependiendo del costo podríamos ponerlo en una minuta y ver lo de ir pidiendo reunión con (Claudio) Orrego (gobernador de la Región Metropolitana), para conversarlo en detalle con él y le damos", respondió Magdaleno, según antecedentes recopilados por la Fiscalía Regional de Antofagasta en esta investigación.
Y aunque el convenio con el Estado finalmente se concretó -por más de $1.600 millones-, la historia no terminó bien para los protagonistas de ese chat.
Esposados y con chaquetas amarillas, sentados en el banquillo de los acusados del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ayer los tres escucharon los cargos de fraude al fisco que la Fiscalía Regional de Antofagasta dirigió en su contra en una audiencia que comenzó el sábado. En esta son imputados, además, la exrepresentante de la fundación, María Constanza Gómez y el coordinador del proyecto en el Gore, contratado con fondos de la fundación, según el Ministerio Público, Gabriel Prado.
Durante la segunda jornada de imputaciones, la fiscalía pidió la prisión de todos, a excepción de Prado, quien ya quedó con arresto domiciliario total.
"De los antecedentes entregados por el fiscal, tanto en la formalización como en la justificación de las medidas cautelares, se justifica plenamente la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público y que este querellante también solicitará", dijo el abogado Pablo Toloza en representación de la UDI.
Dos protagonistas, pero solo uno como principal
La trama del caso Procultura cuenta con dos protagonistas, Larraín y el gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, según el expediente de la fiscalía. Y así por lo menos se establece en la solicitud de detención y minuta de formalización del Ministerio Público.
"Claudio Orrego manifestó a la fundación que tenía una disponibilidad presupuestaria de $1.600 millones para diseñar el programa, desestimando para ello el presupuesto de otro proyecto por ese monto, de manera que el monto total del programa no derivó de un análisis, estudio o cálculo de costos, sino que de la simple disponibilidad presupuestaria", dice el documento.
Pero la trama también se sustenta en la participación de Larraín, según el Ministerio Público.
"Tuvo el control absoluto sobre el programa 'Quédate'. Entre sus funciones se encontró la supervisión directa de todos los departamentos de la fundación", dicen los investigadores.
Añaden que "sostenía reuniones de coordinación tanto con los jefes de área como con María Constanza Gómez, con el fin de revisar el movimiento financiero de los proyectos. Finalmente, era él quien adoptaba todas las decisiones relevantes dentro de la fundación".
¿Funcionario público?
Uno de los sustentos para atribuir el delito de fraude al fisco a Larraín se relaciona con el supuesto cargo público que desempeñó antes del programa "Quédate".
Según la fiscalía, da cuenta de ello el consejo que se realizó el 29 de junio de 2022 y en que se validó el programa.
"Aprobó, por unanimidad de los votos de los consejeros presentes en sala, la propuesta del gobernador regional y presidente del Consejo, don Claudio Orrego, la 'Transferencia Prevención del Suicidio mediante el Fomento de la Salud Mental por un monto de $1.683.788.000", se cita en la minuta.
Y detallan que "estuvieron presentes, entre otros, Alberto Larraín, quien intervino en la sesión, y el gobernador regional Claudio Orrego, sabedor este último que Larraín en esos momentos era director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana y, como se dijo, funcionario público".
Una especie de traje a la medida
Para la defensa de Larraín, encabezada por el abogado Cristián Arias, su representado no ostentaba la calidad de funcionario público al momento de los hechos en 2022.
"No hay ningún delito de fraude al fisco. Lo esencial en un delito de fraude al fisco es que el sujeto activo sea calificado, o sea, tenga el carácter de funcionario público. Es tan sencillo como eso, además de otras razones que se van a debatir en otra oportunidad", subrayó.
Junto al defensor Vicente Arias, rechazó además la necesidad de una medida cautelar.
"Cada uno puede pedir lo que se le ocurra", añadió el abogado.
Luego cuestionó la prognosis de pena que afirma la necesidad de cautela: "No creo que se justifique en este caso en ningún sentido, porque no hay ni un delito de fraude al fisco como lo va a pretender demostrar el Ministerio Público".
Otra de las solicitudes de la defensa se centró en el retiro de las esposas y chaquetas amarillas de los indagados, que aprobó el tribunal. "Las personas que están en esta audiencia están privadas de libertad porque están a disposición de Gendarmería, no están sufriendo ninguna medida cautelar, en ningún sentido. Es bien discutible la constitucionalidad de que estén privadas de libertad mientras dura la audiencia", dijo.
Programa pudo tener costo de $2 mil millones
Otra de las conclusiones del Ministerio Público apunta a la disponibilidad de fondos públicos que había en el caso Convenios y que pudo significar un gasto mayor en Procultura.
"Entre los días 13 al 27 de mayo del año 2022, se produjo una o más conversaciones entre el gobernador Claudio Orrego y el psiquiatra Alberto Larraín, en la cual el gobernador le habría propuesto en forma espontánea a Larraín, que este estructurara un programa regional orientado a la salud mental, por un monto de $2 mil millones. Dicha manifestación y solicitud implicó el punto de partida de lo que posteriormente fue el diseño institucional del proyecto denominado "Quédate".
Concluyen que tras la conversación, Larraín inició coordinaciones para su impulso, lo que permite a la fiscalía sustentar la "concertación" para el presunto delito.
Audiencia
Ayer la imputada María Teresa Abusleme cambió de defensa. El abogado saliente, Mario Valenzuela, explicó que no le pareció bien que otro detenido quedara con arresto domiciliario y ella siguiera presa.