Poder Judicial comienza el año con un presupuesto que desconoce las necesidades básicas, según su presidenta

El primer día hábil de febrero de cada año se vuelve agitado para los participantes del sistema de justicia. Es el día que retoman sus tareas ordinarias después de un mes y una semana de feria judicial, pero también es la fecha en que se designa nuevo presidente del máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia. Este año, asumió la ministra Doris Morales, que ya lo ejerció en 2023, y dijo que desempeñar este cargo le da la "oportunidad de dar una impronta determinada" a la gestión y eso pretende hacer.

Desde su primer discurso, que tuvo lugar este lunes, puso el foco en dos aspectos. Para oírla, estuvieron presentes varios ministros de tribunales de apelaciones, dirigentes de gremios judiciales, la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, y el expresidente Julio María Sanguinetti, entre otros.

Primero, habló del aspecto presupuestal. Resaltó como también lo hizo el presidente saliente, John Pérez que la asignación por parte del Parlamento y el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto aprobada en 2025 fue "magro". Representa, según dijo, el 6% de lo solicitado. "El presupuesto que nos fue otorgado desconoció las necesidades básicas de este poder del Estado", resumió Morales.

Frente a ese panorama, se preguntó qué mensaje podía darle a los integrantes del Poder Judicial y a los ciudadanos. A lo que respondió: "Sigo pensando que lo que siempre va a ser prioritario serán los aspectos humanos y desde ese punto de vista vuelvo a apelar a lo que está en la génesis de este Poder del Estado, es decir, su independencia, su ética y su honor".

Además de acompañar la reflexión sobre el "acotado" presupuesto que obtuvieron, el presidente saliente, Pérez, remarcó una serie de convenios obtenidos durante su gestión y que, entiende, mejorarán el acceso a la Justicia y las posibilidades de los funcionarios. Entre ellos, con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), el Ministerio de Trabajo, con peritos psiquiatras, el Banco Hipotecario, entre otros.

Por otra parte, Morales remarcó la importancia de continuar "con el combate del acoso laboral, flagelo que debe ser desterrado definitivamente", dijo refiriéndose al suicidio de un funcionario de la Dirección General de Servicios Administrativos. Ese episodio terminó en la destitución y posterior condena penal de dos superiores al fallecido, que se demostró lo acosaban permanentemente. También le costó la renuncia al director de la dependencia, Marcelo Pesce, que tenía un rol preponderante en la Corte.

La batalla presupuestal

El presidente saliente de la SCJ aseguró en su alocución que la asignación presupuestal de 2025, que los ministros consideran insuficiente, va en línea con lo "sucedido reiteradamente a lo largo" de la historia, que es la no contemplación de sus aspiraciones. Esto, ha dicho en sus comparecencias en el Parlamento y diversas entrevistas, trae diferentes problemas al Poder Judicial.

Estos van desde la poca cantidad de técnicos para realizar pericias, por ejemplo en Violencia Doméstica, donde cada vez hay más denuncias y la ley de género (19.580) ordena que se lleve adelante un informe de riesgo en las primeras 48 horas después de la denuncia, hasta problemas edilicios. En algunas sedes faltan recursos técnicos y, en otras, humanos especializados, como informáticos.

A su vez, en su comparecencia al Parlamento, el secretario letrado Juan Pablo Novella habló sobre el problema que padecen en materia de seguridad. Allí dijo que la "seguridad física de quienes trabajan en el sistema se encuentra permanentemente vulnerable". Reclamó que muchos de los custodios asignados por el Ministerio del Interior son policías sumariados a los que se les quitó el arma preventivamente.

Así, dio ejemplos para "dimensionar el riesgo real": "Un hombre ingresó en un juzgado hace relativamente poco con un cuchillo y se cortó el antebrazo delante de todos los funcionarios. Una mediadora en Rocha fue privada de libertad por un usuario que también ingresó con un cuchillo y la amenazó".

Además, la ley de género, aprobada en 2018, ordenó la creación de 24 juzgados especializados en violencia de género. En setiembre, Pérez aseguró en una rueda de prensa que el Poder Ejecutivo a lo largo de estos años solo dio rubro para la creación de tres. El Poder Judicial creó otros cinco, según dijo, a expensas de sacrificar otros juzgados.

El acoso laboral y el rol de Morales

Tanto en su discurso como posteriormente en rueda de prensa, Morales manifestó que el combate contra el acoso laboral es una de sus prioridades. En ese contexto, expresó: "Debemos recordar siempre la frase de Isaac Asimov, el escritor americano, la violencia es el último refugio del incompetente y por tanto la peor versión del relacionamiento humano".

El 21 de noviembre de 2023 se suicidó José Luis, un funcionario de la Dirección General de Servicios Administrativos (DGSA) del Poder Judicial y su muerte desató un reclamo de sus familiares y el gremio de funcionarios judiciales por el acoso laboral que allí sufría. En ese momento, la Corte dispuso un sumario para Alzer Arezo e Ignacio Wilf, señalados como los responsables de ese padecimiento. A los meses, fueron destituidos y posteriormente condenados por la Justicia penal.

Sin embargo, en ese momento, los ojos se posaron sobre Marcelo Pesce, el director del servicio. Se trataba de un hombre de confianza de los ministros de la Corte puesto que estaba en el cargo hacía varios años y que manejaba al dedillo los detalles administrativos del Poder Judicial, por lo que era una persona de consulta. Cuando estalló el escándalo, a fines de 2023, Morales, ejerciendo la presidencia de la Corporación, dijo que Pesce había perdido su confianza y que no debía seguir en el cargo.

El resto de los ministros emitieron un comunicado que expresamente aclaraba que Morales no lo había firmado que sostenía que el gremio solo "había efectuado una denuncia genérica sin presentar pruebas concretas".

Luego, Pesce renunció a su cargo, entre otros motivos, por la "falta de confianza" en él.

Este año, los ministros declararon el 21 de noviembre, el día del suicidio del funcionario, el día contra el acoso en el Poder Judicial. En 2024 abrieron una oficina de Salud Laboral.