Economías regionales crecen bajo control de grupos armados

En medio de los retos de seguridad que enfrenta el país, un nuevo informe de la Fundación Ideas para La Paz revela que las economías regionales en Colombia están creciendo, pero no necesariamente bajo las reglas del Estado, puesto que la actividad productiva se expande bajo control armado, regulación informal y captura de rentas, que no se traducen en desarrollo para la gente. Para esta organización, lejos de un escenario de parálisis económica, el resultado de este modelo de crecimiento, es un avance precario, fragmentado y profundamente condicionado por la violencia, que lejos de amainar, en algunas zonas, especialmente las más apartadas, se estaría recrudeciendo por organizaciones al margen de la ley. Según la FIP, en la actualidad, los grupos armados ilegales suman más de 27.000 integrantes entre hombres en armas y redes criminales, lo que representa un aumento cercano al 23% frente a las mediciones del año anterior. Ante esto, en charla con Portafolio, María Victoria Llorente, sostuvo "estamos hablando de un aumento gigantesco", al señalar que estos niveles son comparables a los que tenía el país hacia 2010, cuando se iniciaba el proceso de negociación con las Farc. Impacto del conflicto El punto, según advierten desde esta organización, es que el problema no es solo cuantitativo, dado que hoy ya no es posible hablar del conflicto armado en singular, sino de múltiples estructuras con intereses altamente territoriales, puesto que "lo que hay es una cantidad de estructuras armadas con intereses muy fragmentados territorialmente" que han llevado a una duplicación de disputas entre grupos y en la expansión de las zonas donde estos se enfrentan por el control de rentas y economías locales. Actualmente, la FIP identifica 13 regiones con disputas armadas activas, casi el doble de las que existían al inicio del actual gobierno. En estos territorios, la confrontación no solo es militar, sino también económica, dado que "los grupos buscan dominar corredores estratégicos, mercados locales y actividades productivas que van desde economías ilegales tradicionales hasta sectores formales que terminan operando bajo reglas impuestas por actores armados", indicó Llorente. De igual forma, el informe advierte que violencia no elimina actividad económica, punto en el que la Directora de la fundación sostiene que " hay actividad económica, pero se da bajo reglas armadas", resaltando que en muchas regiones, la economía se reorganiza y funciona bajo normas distintas a las del Estado de derecho, sin tributación formal y con una fuerte dependencia de las comunidades frente a estructuras ilegales que garantizan empleo, ingresos o acceso a mercados. Así mismo, este fenómeno va mucho más allá del narcotráfico, dado que aunque sigue siendo una economía central, la FIP advierte una diversificación creciente de rentas ilegales. Minería ilegal, deforestación, acaparamiento de tierras, tráfico de personas y control de flujos migratorios hacen parte de un entramado. A esto se suma la capacidad de grupos armados para incrustarse en economías legales, generando una convivencia difícil de separar entre lo formal y lo ilegal; contexto en el que reaparece un concepto que marcó el análisis del conflicto en los años noventa por cuenta del clientelismo armado. Según Llorente, estas estructuras no solo controlan economías ilícitas, sino que también inciden en la contratación local y en la asignación de recursos públicos, acotando que "es un ecosistema económico" en el que la actividad productiva existe, pero se construye sobre bases frágiles, extractivas y de corto plazo, sin posibilidades reales de sofisticación ni de integración amplia de la población. insostenible Con todo lo anterior, basta decir que las consecuencias económicas son profundas y aunque puede haber crecimiento local, este no se traduce en desarrollo sostenible ni en convergencia regional, ya que las actividades predominantes son primarias, poco intensivas en conocimiento y altamente vulnerables a la violencia; lo cual amplía las brechas entre regiones y refuerza la dependencia de comunidades enteras frente a economías controladas por actores armados. La FIP contó que en 2025, más de un millón de personas resultaron afectadas por desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad. Solo en el Catatumbo se registraron más de 60.000 desplazamientos en un periodo crítico, cifras que no se veían desde hacía muchos años y que implican costos fiscales significativos para el Estado. Frente al impacto que este flagelo puede tener en las cuentas públicas, María Victoria Llorente indicó debe ser visto como "costos fiscales ocultos", asociados a la atención humanitaria y a la reducción de recursos disponibles para inversión productiva y social. No obstante, señala que el problema se agrava en un contexto internacional en el que la financiación de organizaciones humanitarias ha disminuido, trasladando mayor carga al presupuesto y reduciendo el margen para políticas de largo plazo. La FIP dice que la transformación no será inmediata, y requiere una estrategia nacional de largo plazo, con foco territorial, cambios profundos en las reglas económicas locales y una articulación real entre Estado, privados y comunidad.
Otro elemento es el control territo- rial, punto en el que a diferencia de la idea de ausencia total del Estado, la FIP advierte existen alcaldías y gobernaciones, pero estas compi- ten de manera desigual con grupos armados. En zonas de dominio consolidado, estas estructuras se convierten en árbitros de la vida económica, regulan actividades, extraen rentas y cooptan poderes locales sin necesidad de violencia. En algunas de estas zonas se desarrollan proyectos económicos relevantes y Llorente puso como ejemplo el Urabá, una región con fuerte presencia histórica del Clan del Golfo, donde la actividad bananera es próspera y avanza uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, Puerto Antioquia. Es decir que la inversión existe, pero convive con una gobernanza criminal que limita la capacidad del Estado para regular y capturar rentas. De cara al futuro, la Fundación Ideas para La Paz manifestó que el principal reto será transformar estas realidades territoriales.