Riesgo en confiabilidad de red eléctrica frenaría inversiones

S&P Global Ratings realizó un estudio que midió la situación eléctrica en Colombia y en América Latina. Resaltó que la restricción de energía eléctrica alcanzó niveles récord y compromete la viabilidad de los proyectos. La calificadora resaltó que la incertidumbre que rodea al marco regulatorio continúa limitando inversiones adicionales en nueva capacidad, incluidos proyectos hidroeléctricos, instalaciones basadas en combustibles fósiles y fuentes de energía renovables. Por un lado, el marco de cargo por confiabilidad propuesto, que establece un nuevo precio de escasez para las energías renovables y las centrales eléctricas a base de carbón, podría reducir la compensación disponible para estos generadores durante eventos de escasez. Por otro lado, hay problemas relacionados con retrasos en la puesta en marcha de proyectos de generación de energía renovable, vinculados en parte a las condiciones derivadas de la pandemia, las tensiones sociales con las comunidades étnicas y las restricciones en la cadena de suministro. Según el estudio realizado por la calificadora de riesgos la creciente brecha entre la oferta y la demanda de energía (que supera las expectativas del sector) y el creciente apetito por nueva capacidad, plantea un riesgo para la confiabilidad de la red eléctrica en el futuro y podría potencialmente detener US$1.300 millones en inversiones en centros de datos en Colombia. Ante este panorama, otra de las alertas que emitió la firma está relacionada con que muchos proyectos afrontaron retrasos en la obtención de licencias ambientales (además de la complejidad de las consultas previas y los acuerdos con las comunidades), lo que aumentó los costos de construcción y contribuyó a una mayor incertidumbre y menor confianza de los inversionistas. "Seguimos considerando la energía hidroeléctrica como una fuerza dominante en la matriz energética de Colombia, y se espera que el proyecto hidroeléctrico Hidroituango esté en pleno funcionamiento en 2028", agregó la firma. Resaltó que los eventos climáticos como La Niña y El Niño siguen siendo factores clave que influyen en los precios de la electricidad y las necesidades de inversión en nueva capacidad y transmisión en el país. "Si la integración de esta capacidad al sistema no se materializa de manera oportuna, los altos precios no mejorarán y el mercado nacional podría afrontar potenciales riesgos de abastecimiento, según las proyecciones de demanda de la Unidad de Planificación Minero - Energética (UPME)", agregó la calificadora. Entre tanto, mencionó que se mantiene en vilo la situación con la reforma a los servicios públicos ante la dinámica legislativa que para esta última parte comenzará el 16 de febrero y terminaría el 20 de junio del 2026. En esta se encuentran propuestas enfocadas en una competencia y estructura del mercado eléctrico; en el papel del gas en la transformación energética; en la digitalización y gestión eficiente de la demanda; en el cierre de brechas y formulación eficiente de subsidios; y en la revisión del marco institucional y regulatorio. "Dada la dinámica legislativa en el país mientras la actual administración se acerca a su recta final y los preparativos para nuevas consultas parlamentarias y presidenciales están en marcha, no prevemos avances significativos en el marco regulatorio ni en la dinámica del sistema en los próximos 12 meses", resaltó S&P. Y en lo que corresponde a las empresas de servicios públicos expuestas al suministro de agua, alcantarillado y gestión de residuos, resaltó que se persiste la incertidumbre respecto del nuevo marco tarifario, que se prevé que sea aprobado el próximo año. El impacto implica ajustes positivos o negativos en las tarifas, en función de los objetivos que buscan alcanzar niveles adecuados de calidad y cobertura en los servicios prestados.