Pesquera de Sarquis y Vinagre demanda al Estado por fraccionamiento y acusa impacto por US$ 216 millones

Tras conocerse las primeras acciones legales en contra del Estado por los cambios a la legislación pesquera de Fraccionamiento, una nueva empresa interpuso una acción en contra del fisco. Se trata de Blumar, ligada a las familias Sarquis y Vinagre, que ingresó una demanda en tribunales locales, luego de calcular un perjuicio económico preliminar de unos US$ 216 millones.
La firma interpuso la medida judicial ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, acusando un efecto económico adverso para sus operaciones a partir de la promulgación de la Ley de Fraccionamiento en 2025. La compañía indicó que la normativa afectó el "marco regulatorio establecido en 2013 que fijaba condiciones claras de operación y fraccionamiento hasta, al menos, el año 2032, sin que existiera indemnización por dicho cambio". Dicha legislación (N° 21.752) modificó las cuotas de extracción vigentes, rebajándolas para las compañías industriales y, en contraste, aumentándolas para el sector artesanal.
La demanda de Blumar se suma a las acciones por indemnización de perjuicios presentadas por Camanchaca a fines de enero. Esta última empresa estimó un efecto cercano a US$ 100 millones por una merma de 33.000 toneladas de menores capturas de jurel en 2026 y de otras 39.500 toneladas de menos recursos de anchoveta en el norte de Chile.
"Afectación patrimonial grave"
A fines de marzo del año pasado, Blumar y otras pesqueras -Camanchaca, Landes y FoodCorp- habían anunciado que se encontraban analizando legalmente las implicancias que tendría la modificación normativa sobre la pesca industrial, bajo la Ley de Fraccionamiento impulsada por el Ejecutivo. Dicha legislación finalmente fue aprobada en el Congreso en junio, pese a los cuestionamientos que levantó en el sector privado.
A través de un comunicado, Blumar señaló que decidió acudir a la justicia ante el cambio al marco regulatorio establecido en 2013, escenario bajo el cual "invirtió, generó empleo y desarrolló actividad productiva en regiones". En este sentido, indicó que con esta acción legal busca "resguardar la seguridad jurídica y proteger a trabajadores, comunidades y accionistas".
La compañía aseguró que el cambio normativo a la legislación aprobada en 2013, que establecía las licencias definidas hasta 2032, implicó una "modernización relevante del sistema pesquero nacional, donde el sector industrial, acogiéndose a un marco regulatorio expresamente establecido por el Estado, renunció a autorizaciones indefinidas, reemplazándolas por licencias con vigencia y condiciones de explotación determinadas (20 años), promoviendo un uso más sostenible, estable y regulado de los recursos, bajo reglas explícitas y conocidas".
La firma pesquera enfatizó que el marco regulatorio de 2013 "contemplaba reglas de fraccionamiento proyectadas hasta, al menos, 2032, sobre cuya base se adoptaron decisiones de inversión, empleo y desarrollo regional sobre la base del estatuto al cual se acogió conforme el régimen legislativamente aprobado, que tuvo como antecedente diversas instancias convocadas por el propio Estado".
No obstante, aseguró que la nueva normativa "modifica el régimen establecido sin contemplar mecanismos de compensación, lo que configura una afectación patrimonial grave, equivalente a una expropiación regulatoria, lo que vulnera principios esenciales de seguridad jurídica que el Estado debe garantizar".
Blumar señaló que los efectos patrimoniales por la modificación normativa son "severos y su evaluación ha sido encomendada a profesionales expertos, considerando variables como la reducción anticipada de cuota, la afectación sobre derechos originalmente otorgados y nuevas cargas económicas derivadas del cambio normativo". En ese contexto, dicho análisis considera una estimación preliminar de un perjuicio en torno a US$ 216 millones, lo que "ciertamente afecta la sostenibilidad de la compañía y, obviamente, las proyecciones de inversión futura".
La compañía detalló que reevalúan su "plan de desarrollo en torno al jurel destinado a consumo humano en la Región del Biobío, que es el recurso más afectado por el nuevo fraccionamiento". Lo anterior afectaría su proyecto de inversión en Coronel por US$ 45 millones y la generación de 250 empleos.
"Somos una empresa responsable, seria y profesional. Debemos proteger no solo los intereses de nuestros accionistas, sino que especialmente los de nuestros trabajadores y los de las comunidades donde operamos; cuando se alteran unilateralmente reglas establecidas por ley, el camino institucional es ejercer las acciones que nuestro ordenamiento contempla", señalaron desde Blumar.
Consultada por la demanda, la Subsecretaría de Pesca indicó que "respecto de las demandas de las empresas Camanchaca y Blumar, solo se puede señalar que al tratarse de un proceso judicial en curso, somos respetuosos de la institucionalidad y nos abstendremos de comentar su viabilidad mientras no exista un pronunciamiento de tribunales".