Domingo, 08 de Febrero de 2026

Una decisión con toda la lógica

ColombiaEl Tiempo, Colombia 7 de febrero de 2026

La suspensión de las dos contribuciones a las generadoras de energía, ordenada por la Corte Constitucional, evidencia un error de método en la conducción de un sector estratégico

La suspensión de las dos contribuciones a las generadoras de energía, ordenada por la Corte Constitucional, evidencia un error de método en la conducción de un sector estratégico. Al congelar el Decreto 0044, la Corte frenó un cobro parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos y un aporte en especie del 12% de la energía hidráulica creados al amparo de la emergencia económica. La decisión, coherente con la suspensión previa del decreto madre, reubica el debate en torno a que las políticas tributarias no deben improvisarse con atajos. Si el objetivo era blindar la continuidad y los riesgos en la Costa Caribe, el camino es el Congreso y la planeación regulatoria, no una medida que trasladaba al generador la cuenta de las entidades intervenidas, particularmente de Air-e, que intervenida por el Gobierno sigue de mal en peor. Cargar con 2,5% sobre utilidades y obligar a entregar energía en especie distorsionaba precios, afectaba flujos de caja y erosionaba la confianza inversionista en un sistema que necesita reglas estables para financiar expansión. El sector advirtió el riesgo de agravar un problema conocido por el Gobierno en el Caribe. No se trata de negar la crisis ni la fragilidad de comercializadoras, sino de corregir con medidas de fondo. Un paquete exige tres pasos: Uno, ordenar las finanzas del Fondo Empresarial con auditoría de pasivos, cronogramas de pago y fuentes presupuestales claras. Segundo, relanzar una agenda: reducir pérdidas no técnicas, fortalecer la medición y ajustar señales tarifarias que remuneren inversión sin castigar al vulnerable. Y, crear un mecanismo transitorio de garantía de liquidez, con reglas de acceso y salida, financiado con vigencias futuras y no con impuestos ad hoc a los agentes del sistema. La Corte puso un dique a la improvisación normativa. Ahora le corresponde al Gobierno y al Congreso diseñar una respuesta creíble: una ley de estabilización energética que delimite fuentes, usos y vigilancia; metas de reducción de pérdidas; y compromisos de transparencia para empresas intervenidas. La seguridad energética no se construye con parches, sino con consistencia institucional y técnica. Ese es el alivio que esperan hogares y empresas.

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