Cámaras apuntando a vecinos, llamadas no deseadas y casos judiciales: aumentan 65% denuncias por datos personales

El tener cámaras de videovigilancia del vecino que enfocan hacia la vivienda propia, recibir llamadas insistentes por parte de distintas empresas y tener dudas sobre qué sucederá con información personal que se pidió en un local al momento de pagar, son solo algunas de las situaciones que llevaron a los uruguayos a presentar denuncias ante la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales (Urcdp) en 2025. Los reclamos vienen en aumento: hubo 274 en el último año, lo que significó una suba de 65% en comparación con 2024.

Dentro de los principales motivos de denuncias que recibió la Unidad estuvo la videovigilancia. La proliferación de cámaras hizo que se generaran problemas de convivencia.

En uno de los casos, según consta en una resolución del mes de noviembre a la que accedió El País, se aplicó una multa de 6.000 unidades indexadas ($ 38.628 a la fecha) a dos personas que, tras ser denunciadas por la instalación de un sistema de videovigilancia en aparente contravención de la normativa e intimadas por la Unidad, nunca se presentaron a hacer los descargos correspondientes.

Una sanción económica aún mayor debió pagar otra persona, según se resolvió en el pasado mes de enero: 12.001 unidades indexadas ($ 77.262 a la fecha). Fue denunciada por un vecino por tener una cámara de videovigilancia en forma presuntamente irregular y, también, pese a las intimaciones de la Unidad, no compareció.

Otra situación, que aún no derivó en una sanción económica se encuentra en una resolución de junio: una denuncia a un vecino por colocar cámaras de seguridad que enfocan de manera directa a su vivienda.

También hubo decenas de reclamos catalogados como mensajes, correos electrónicos o llamadas no deseadas. Ya a un nivel menor, hubo denuncias por uso o divulgación de imagen sin consentimiento del titular, escaneo facial o datos biométricos, y el ejercicio del derecho de supresión de datos personales en una base de datos.

Vinculado a empresas gestoras de créditos, una persona reclamó que le escribieron a su hermano por una deuda propia. El denunciante, según la resolución de enero, indicó que no tienen vínculos financieros con su familiar "pero que se le informó" sobre su situación y que, además, "expusieron sus datos personales". También apuntó que, después de que le pidió a la empresa que no lo volvieran a contactar, igual lo hicieron.

A esto, la compañía respondió que no pudo determinar "por qué modo el celular denunciado fue cargado a la base de datos" para ser vinculado al deudor. Además, contestó que el número "aparecía informado, antes de la denuncia, como uno de sus teléfonos de contacto, y cualquiera de los estudios que tuvieron asignada la gestión de cobro pudo haberlo cargado a la plataforma", "pues pueden hacerlo en un proceso de enriquecimiento de datos".

La Unidad determinó, entre otras cosas, que el desconocimiento de la procedencia de toda la información que se obtiene incumple con la ley de datos personales.
En 2024 la Unidad ya había resuelto sobre un caso similar: el denunciante aseguró que llamaron a su nuevo trabajo y que, a quien atendió el teléfono, le mencionaron las deudas que tenía. La empresa respondió que el número telefónico "lo proporcionó un allegado al denunciante, y que fue almacenado para enriquecer su base de datos", aunque ya había sido dado de baja. Por lo que no se cumplió con la ley de datos personales, se indicó en la resolución.

Otra de las denuncias resueltas en 2025 apuntó contra el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial. Una persona reclamó que, al pedir una copia de las pericias realizadas a su padre y madre, estas le fueron negadas. Según surge de la resolución de agosto, la actuación del instituto fue correcta debido a que existen "limitaciones al ejercicio del derecho al acceso en el marco de investigaciones policiales o penales" y a que, en todo caso, la información debería ser solicitada a Fiscalía o al Poder Judicial.

No fue la única situación vinculada con la Justicia: una mujer, curadora de su madre y única heredera de su padre, denunció que el Banco República no le proporcionó cierta información sobre las cuentas bancarias, el cofre fort y otros productos de sus padres. La Unidad realizó una distinción, según se desprende de una resolución de diciembre: ella tiene acceso a los datos personales en la entidad financiera, sin embargo, en la información relacionada con casos de investigaciones penales, al banco no le corresponde brindarla "por su calidad de tercero en el proceso llevado adelante" por Fiscalía.

Las denuncias crecen año tras año: hubo 132 en 2022, 141 en 2023, 166 en 2024 y 274 en 2025. Desde la Unidad explicaron que, "una vez recibida la denuncia, se analiza para determinar si corresponde a la Unidad o a otro organismo -como, por ejemplo, la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas o la unidad de cibercrimen del Ministerio del Interior-, y en caso de darse trámite se formaliza un expediente administrativo".

"El expediente sigue el trámite de todo procedimiento administrativo: se da vista a los denunciados, se analiza por un informante y eventualmente se eleva al consejo ejecutivo para resolver si corresponde su archivo, la realización de actuaciones complementarias, una sanción, entre otras posibles acciones", añadieron.