La primera mitad del verano estuvo dominada por temas que recibieron más atención de la merecida, máxime en un mundo en el que, al mismo tiempo, otros eran los tenores de las discusiones y de las preocupaciones.
La primera mitad del verano estuvo dominada por temas que recibieron más atención de la merecida, máxime en un mundo en el que, al mismo tiempo, otros eran los tenores de las discusiones y de las preocupaciones. Se ve que, a falta de temas relevantes, nos da por subir de jerarquía a temas de menor porte. En fin, lujos que nos podemos dar.
Excluyo de los temas a tratar el referido a la inflación y el precio del dólar, que se robó las marquesinas, pero que ya he tratado aquí antes de ahora, sin ir más lejos en mi columna anterior y, con mayor extensión, en la del lunes 15 de diciembre ("¿Atraso cambiario? Sí, y con todas las letras").
Primero, las patentes. De la simple lectura de los aforos sobre los que se calculan las patentes, surge que nuestros autos están sobre valorados y que el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) o quien sea, debería estar dispuesto a comprárnoslos al precio por el cual nos las cobran.
Lo cierto es que la empresa que calcula los valores de los autos lo hace en términos de dólares, siguiendo los usos y costumbres de los uruguayos con cabezas dolarizadas. Y estima precios de mercado en el mes de julio considerando los valores del primer semestre.
Me parece que el problema viene después y es del Sucive, que lleva a pesos aquellos dólares con un tipo de cambio ajeno a la realidad del momento del pago de la patente, en enero, calculado como un promedio de meses pasados. En esta oportunidad, ese promedio, del orden de los 42 pesos, resultó considerablemente mayor al de enero (menos de 39 pesos) y cuando el dueño del auto llevó a dólares el valor en pesos del aforo, le dio una cifra del orden de 10% mayor a la del precio venal de su automóvil.
Viene al caso señalar que en el año anterior sucedió exactamente lo contrario. Y que, para evitar estas cosas, sería conveniente que el Sucive use el tipo de cambio más próximo que sea posible a la fecha de difusión de los aforos.
Segundo, el Fonasa. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo bien en corregir el valor de la Cuota Promedio Equivalente (CPE), que venía arrastrando una subestimación en su valor desde hace algunos años. Lo hizo sin cambiar la esencia del régimen, de modo de evitar que esos aportes sean una especie de segundo IRPF. Es decir, se mantiene el tope con devolución a quienes pagaron en exceso. Pero ahora serán menos los que recibirán esa devolución y quienes la sigan recibiendo recibirán cifras menores. La corrección implica que ahora se considera la edad de cada cohorte cubierta por el seguro y la expectativa de sobrevida de cada una.
Tercero, la fijación de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que, entre otros propósitos, es utilizada para determinar el mínimo imponible y las franjas del IRPF. El gobierno está facultado por ley a ajustarla anualmente ya sea por el Índice de precios del Consumo (IPC), ya sea por el Índice Medio de Salarios (IMS). Lo hizo por el IPC (3,65% en 2025) más un 20% extra a lo que también lo faculta la ley. Eso arrojó una variación inferior a la del IMS, por lo que, en este año, habrá más contribuyentes de ese impuesto y los que ya lo eran, pagarán un poco más. Debo decir que ese 20% adicional me pareció inapropiado. Debió usarse el IPC y listo. En la lógica del IRPF, si el ingreso (renta) sube (en términos reales), se debe pagar más. Debería derogarse la posibilidad de usar el IMS y también el referido margen del 20% relativo al IPC.
Los dos temas anteriores tienen, además, un denominador común: el coro de lamentos e improperios emitidos desde la oposición sobre "el terrible ajuste fiscal encubierto que se le impuso a las clases medias". Se me ocurren al menos dos consideraciones.
Una, llamar ajuste fiscal a eso es devaluar el concepto de ajuste fiscal. Tal como se hizo desde el actual partido de gobierno al inicio del período anterior, con la reducción de los descuentos de IVA sobre instrumentos electrónicos de pago.
Y dos, estas disposiciones no pegan en la mitad de la tabla sino bastante más arriba. No es que por eso esté mejor o peor, pero son los hechos, los datos de la realidad. El reembolso del Fonasa pagado en exceso lo percibían 155 mil personas (activos y pasivos), uno de cada 10 contribuyentes, y el IRPF lo pagan tres de cada 10 trabajadores. Está claro que somos un país de ingreso bajos (en pesos, en poder de compra, no tanto en dólares) pero de ahí a considerar que el grueso de la población trabajadora y de la clase media recibió un mazazo (o dos) hay un gran trecho.
Cuarto, no podía faltar Ancap y el precio de los combustibles. Un centro de estudios partidario estimó que, entre marzo y diciembre del año pasado, los consumidores pagamos un sobreprecio de US$ 88 millones al consumir combustibles (nafta súper y gasoil). Pero el mismo informe, unos renglones después, expresó que, en el caso del súper gas, que se rige por las mismas reglas de fijación de precios (siguiendo a los PPI), hubo un precio inferior al debido en US$ 44 millones. Obviamente, el terrible ajuste fiscal sobre la población volvió a aparecer en este tema. Desde hace años sigo, mes a mes, los números de Ancap desde el punto de vista fiscal, es decir su contribución al resultado que cada mes publica el MEF (resultado más dividendos menos variación de stocks). En aquellos 10 meses del año pasado esa contribución fue US$ 46 millones, por lo tanto, coincidente con las cifras anteriores, y con un impacto fiscal insignificante (0,05% del PIB).
Quinto, ya que estamos con la energía, aunque con menos repercusión que en años anteriores, en diciembre asistimos a una nueva función del "UTE premia". El impacto que tuvo en el IPC fue considerablemente menor que otrora, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó en 5% la caída del precio medio de la electricidad debido a ese factor. En los primeros años, esa variación fue del orden de 20% por lo que ya casi que no incide. Lo que es bueno, porque este esperpento, surgido en un diciembre en el que se quería que la inflación no cerrara el año demasiado arriba, llegó a agravar la estacionalidad del IPC (y a incidir en decisiones de inversión de corto plazo) que ya es clara en cada enero por la acumulación de ajustes anuales en diversos precios. Vale recordar que en cada diciembre esto da lugar a una incidencia negativa en el IPC que se revierte en cada enero siguiente.
El País, Uruguay
9 de febrero de 2026
