"Ni Silencio Ni Tabú": autoridades alegan que se está llevando a cabo una reorientación y un trabajo más focalizado; Satdjian alerta "falta de compromiso del gobierno con las personas".
El programa bandera de
salud mental juvenil del
Instituto Nacional de la Juventud (INJU),
"Ni Silencio Ni Tabú", se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta, protagonizando una controversia que es tanto política como técnica. La reciente respuesta a un pedido de informes cursado por los diputados nacionalistas
José Luis Satdjian y
Pilar Simón puso al descubierto un cambio drástico en la ejecución del programa durante 2025, evidenciando una baja que la oposición califica de "alarmante" en las intervenciones territoriales.
Los datos suministrados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a los que accedió El País, muestran que las actividades de los equipos de la División Descentralización y Territorio del INJU sufrieron un descenso del 95%. En términos numéricos, el programa pasó de realizar 791 actividades en 2024 a tan solo 41 en 2025. Esta retracción operativa golpeó con especial dureza al norte del Río Negro.
Departamentos que anteriormente mantenían una agenda dinámica, como Artigas, Rivera, Salto, Paysandú y Durazno, pasaron de una presencia activa a registrar cero actividades territoriales en el último año (ver recuadro). Este repliegue no solo afectó la agenda de eventos, sino también el alcance humano de la política: la cantidad de jóvenes participantes disminuyó de 26.724 en 2024 a 15.821 en 2025, lo que representa una reducción del 40% en el universo de beneficiarios que acceden a estas herramientas de bienestar psicoemocional.
¿Giro estratégico?
La directora nacional del INJU, Eugenia Godoy, se adelanta en la misma respuesta del pedido de informes a las críticas de la oposición, explicando que el fenómeno responde a una "reorientación estratégica" y no a un abandono de la política pública. Según la versión de la jerarca del instituto, el programa ha atravesado una metamorfosis necesaria, evolucionando de una etapa de "sensibilización masiva" -caracterizada por talleres puntuales- hacia una de "atención focalizada" y profesional.
Godoy sostiene que la prioridad de la gestión durante 2025 fue la consolidación de los Centros de Promoción del Bienestar Psicoemocional. Actualmente, existen siete centros fijos ubicados en seis departamentos que ofrecen un abordaje clínico y comunitario, con modalidades de atención tanto individual como grupal. Para las autoridades, este modelo de centros fijos es sustancialmente más eficiente para tratar casos complejos y de riesgo que los antiguos talleres de una sola jornada, que tenían un carácter más volátil.
Asimismo, la jerarca subrayó la implementación del Servicio de Orientación y Consulta Joven (SOC). Se trata de una nueva herramienta diseñada para que los jóvenes puedan navegar y acceder a la oferta pública de salud de forma guiada y técnica. El objetivo final, según Godoy, es lograr una presencia territorial "sostenida" y no esporádica. No obstante, la propia directora reconoció que, al estar el SOC aún en fase de implementación, los impactos medibles de esta nueva estrategia recién podrán ser evaluados y reflejados en las estadísticas más adelante.
¿Boicot?
Pese a los argumentos técnicos del Mides, el diputado y exsubsecretario de Salud Pública, Satdjian, entiende que este cambio de estrategia ha generado un vacío peligroso en la prevención primaria, desprotegiendo especialmente a aquellos jóvenes que residen en localidades alejadas y que no tienen acceso cercano a los nuevos centros fijos del INJU.
El legislador fue enfático al denunciar, en declaraciones a El País, lo que considera un quiebre en los compromisos asumidos ante la ciudadanía en materia de salud mental: "El boicot al programa Ni Silencio Ni Tabú es un ejemplo más de la falta de compromiso del gobierno con las personas. Todos hicieron discursos y promesas en campaña sobre la problemática que es la salud mental en nuestro país, pero tristemente confirmamos el boicot durante el año 2025 a un programa modelo en atención a jóvenes".
La polémica trasciende lo partidario y plantea una pregunta de fondo sobre el diseño de las políticas públicas: ¿Es preferible mantener una red nacional de talleres de sensibilización que logre una llegada masiva a más de 26.000 jóvenes, o es mejor apostar por una red de centros especializados que brinden atención profunda pero con un alcance territorial más acotado? Mientras el Mides defiende la profesionalización del servicio, la oposición alerta que el Estado está perdiendo sus "ojos" en el territorio, sacrificando la capacidad de detectar a tiempo señales de alerta en los rincones olvidados del país.
El País, Uruguay
9 de febrero de 2026
