Absurda obstinación

Lo que parecía una estrategia destinada a no dejar nada en pie de lo hecho por el anterior gobierno, se está transformando en una absurda obstinación por parte del gobierno, para ir contra todo lo que indica el sentido común y empantanar al país.

Eso se ve desde la insistencia en proyectos como el de Casupá (que implicó dejar sin efecto otro que era mejor), pasando por retrocesos en materia educativa hasta este oscuro manejo respecto a las lanchas oceánicas que construye el astillero español Cardama. Los senadores Andrés Ojeda y Javier García debieron recurrir a la Justicia para poder acceder a información sobre este caso que el gobierno le niega y oculta.

A eso se suman los dos fallos del Tribunal de lo Contecioso Administrativo que consideró que el acuerdo del Poder Ejecutivo con la Terminal Cuenca del Plata es legal. Plantea una única objeción a una clausula del decreto por la cual se blindaba a la terminal de cualquier competencia futura hasta 2081. Para el tribunal, el Ejecutivo no tiene la potestad de autolimitarse, ya que una decisión de esa magnitud necesita de una ley nacional, no un decreto.

Esa objeción, no menor desde el punto de vista formal pero que no afecta a lo esencial del acuerdo respecto al funcionamiento de la terminal, fue usada por el oficialismo como una carta de triunfo que no lo es. Asombra el esfuerzo denodado que se hace para aparentar un triunfo y más asombra que una izquierda que siempre hizo culto a favor de los monopolios, ahora intente hacer pasar este fallo como un golpe contra los monopolios cuando la objeción es otra. En lo esencial el fallo reconoce que, según la ley portuaria, corresponde al Ejecutivo determinar la política en el puerto y controlar su ejecución.

Un mismo texto, dos lecturas opuestas. Una es muy tirada de los pelos, pero usada para aparentar que no perdieron.

El otro tema es el vinculado al astillero Cardama, que construye dos lanchas oceánicas para la Armada. Desde que se anunció que el contrato se rescindiría por irregularidades referidas a una de las garantías presentadas, un sector del gobierno presiona para dejar sin efecto el contrato (y sube la apuesta cada vez que alguien dice que mejor es negociar), y otro sector cree que corresponde acordar con la empresa. El propio ministro de Economía dijo que bastaba buscar otra garantía y seguir adelante. No son garantías que cubran montos grandes sino una parte reducida del costo total de la obra.

En medio de este ruido, se contrató a una auditoría belga para que diera un informe de cual era la situación.

Como suele ocurrir, el informe habla de aspectos satisfactorios y de aspectos negativos. Eso implica que los que presionan para rescindir el contrato usarán los argumentos negativos y los que están a favor dirán que la información aportada servirá para corregir los defectos y seguir adelante.

Para abrir un jucio inequívoco sobre esta situación habría que ser expertos en el tema y poca gente lo es. La pregunta es si quienes insisten en ir contra Cardama lo son. Esta discusión parece girar en torno al capricho de una o unas pocas personas en la Presidencia. Por eso están empecinados en ir hasta el final. No quieren perder, ya sea para evitar la humillación, ya sea para consolidar poder interno en el siempre complejo tramado que hay adentro de cualquier gobierno.

La tozudez llegó hasta en el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana del país. El proyecto de Arazatí estaba bien pensado y ofrecía menos resistencias que otros. Las obras estaban a punto de arrancar cuando fueron suspendidas para apostar a la represa de Casupá que, como se está viendo, genera muchos problemas. Hay entendibles resistencias por algo que al final no colmará las expectativas.

Al gobierno solo le quedaba seguir adelante con Arazatí; nadie se lo hubiera reprochado y las obras ya estarían avanzadas. Cosa que no sucede con Casupá. Los propietarios de los campos a ser expropiados la ven como una mala idea y se resisten a sacrificar sus propiedades, aunque les paguen.

La dramática sequía del 23 dejó en evidencia que ciertas fuentes de agua no alcanzaban en caso de crisis. Por eso la idea de Arazatí caló tan hondo. Hoy el fantasma de la sequía regresa y la gente se vuelve a hacer las mismas preguntas.

Todo gira, entonces, en torno al culto de la obstinación. Fue tal el ímpetu para convertir lo hecho antes en tierra arrasada que no se vieron las consecuencias. Ahora están a la vista, pero nadie se anima a dar marcha atrás. Hubiera sido más fácil gobernar sobre lo heredado. Eso hacen los países inteligentes que reconocen que una buena herencia potenciará su propia gestión.

El país corre peligro de que, ante una nueva sequía, se siga sin haber ofrecido una solución, pese a que había una a mano. O que ante la rescisión de un contrato se enfrente a un millonario juicio y al desprecio, quizás no de todos los españoles, pero sí de los gallegos.

La obstinación nunca es buena consejera, y menos aun para gobernar.